Violencia machista aumenta, mientras albergues son clausurados

En 2011 nació en Nicaragua una red de 13 albergues. La apertura de estos espacios fueron promovidos y administrados por organizaciones de la sociedad civil, principalmente aquellas dedicadas a la protección de las mujeres y la niñez, como el Colectivo de Mujeres ITZA, Centro de Mujeres Acción Ya, Asociación de Mujeres Nidia White, Asociación de Mujeres OYANKA, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Instituto de Promoción Humana, INPRHU, Albergue Renacer de las mujeres multiétnicas de la Costa Caribe Sur Bluefields (RENCARIBE) y la Asociación de mujeres emprendedoras de Waslala, AMEWAS.

Gloria -nombre ficticio- fue directora en uno de estos albergues. Nos solicita el anonimato por la criminalización a la libertad de expresión que se vive en Nicaragua. Desde su experiencia relata que la red de albergues era una necesidad en el país y nació con el objetivo de trabajar con un protocolo de atención a las víctimas.

“La red era un espacio político, un espacio de voces de mujeres con experiencia en protección y seguridad a las mujeres en situación de violencia”, refiere. Respecto a los albergues explica que estos lugares eran refugios para mujeres víctimas de violencia de género, principalmente para aquellas que tuvieran el riesgo de ser asesinadas.

Estos albergues estaban ubicados en Río San Juan, Puerto Cabezas, Bluefields, Waslala, Matagalpa, Estelí, Somoto, San Carlos, Ciudad Darío y Managua. “Los albergues son un espacio de prevención de femicidios. Muchas de las mujeres que se albergaban en las casas habían firmado un documento de mediación con sus parejas por violencia machista”, afirmó Gloria. 

En los albergues las mujeres pasaban un proceso de recuperación junto con sus hijos e hijas, sin que tuvieran influencia las familias paternas y maternas. Las víctimas y sus hijos o hijas podían pasar hasta tres meses en el albergue y dedicarse a recuperar su estado emocional, explica la fuente.

Detalla que los primeros albergues fueron abiertos en 1992, pero fue entre 1995 y el 2005 que se fueron construyeron otros ante el aumento de la violencia. Gloria relata que los primeros albergues trabajaban en coordinación con las instituciones del Estado, incluso la policía, quienes llegaban a dejar a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, todo cambió con el retorno al poder de Daniel Ortega, en 2007.

Durante la entrevista Gloria recalca que no se conoce ningún albergue que haya sido construido por el Estado de Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, aunque la Ley 779, aprobada en junio de 2012, lo mandata.

Mientras la mayoría de los albergues han sido clausurados, la violencia aumenta. El observatorio independiente de la organización Católicas por el Derechos a Decidir, en 2022 registró que 67 mujeres fueron asesinadas, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2014, cuando la organización empezó a registrar los femicidios hasta el 2022, se contabilizan 846 mujeres asesinadas.

De enero a abril de 2023 esta misma organización contabilizó 36 femicidios, 11 ocurrieron en el extranjero. 

Los últimos tres femicidios acontecidos en los primeros días de abril de 2023 evidencian la saña con que se mata a las mujeres. El 6 de abril, María Auxiliadora Jiménez de 27 años, fue asesinada por su entonces pareja Bayardo Obando de 42 años. Jiménez caminaba por una calle polvorienta de una comunidad rural del municipio de Santa Teresa, Carazo. Andaba con sus hijos y su mamá. Obando los alcanzó y atacó con un puñal a María, quitándole la vida.

Un día antes del femicidio de María, los medios de comunicación informaban del asesinato de Shana Ada Willis, por parte de Jessy Chavarría Prudo en la comunidad Tasbapauni en el municipio de Laguna de Perlas en la Costa Caribe Sur.

Días más tarde, el 12 de abril fue encontrado el cuerpo de Yeneliet Peña López con señales de violencia. Salió a una entrevista de trabajo y no regresó. La policía orteguista confirmó que la joven de 19 años fue asesinada.

Estado nunca se interesó en construir albergues

La fuente explica que antes de la ruptura total con las instituciones del gobierno por órdenes del régimen de Daniel Ortega, las organizaciones tenían coordinaciones y reuniones con el Ministerio de la Familia, la Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pese a eso, “ni siquiera logramos la discusión de un posible presupuesto para los albergues en Nicaragua. Solo logramos entrar a distintas discusiones con MiFamilia, Comisaría de la Mujer y con una Comisión Interinstitucional de la Corte Suprema de Justicia”, explica la Gloria.

En 2014 la dictadura decidió cerrar todas las Comisarías de la Mujer y la Niñez, el anuncio se hizo oficial hasta en 2016. Rosario Murillo, vicedictadora, argumentó que las comisarías estaban siendo usadas por promover el aborto.

“Jamás logramos obtener fondos para los albergues a pesar que el artículo 19 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, lo establece”, resaltó la fuente.

El artículo 19, inciso e, de la Ley 779, establece que el Estado debe “habilitar y fortalecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos, que proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos”.

Al respecto la fuente comenta que hicieron “varios intentos para trabajar con ellos (Estado), pero no nos dieron lugar, no consideraron a los albergues como proyectos que pudieran ayudar a la prevención de femicidios”.

Recuerda que, en la Asamblea Nacional, introdujeron una propuesta para que el Estado ayudara económicamente a los albergues, pero nunca pasó a ser discutida. “Nunca fue punto de agenda para la Asamblea. Un día le dijimos que no construyeran albergues, pero que fortalecieran los que ya existían. Pero prefirieron darle presupuesto al béisbol y no para refugios de mujeres”, recalcó.

De los 13 albergues que existían en Nicaragua, sobreviven tres ¿Qué pasó con el resto?

La fuente explica que una serie de factores se combinaron para llevar a la mayoría de los albergues al cierre, entre estos el recorte de fondos de parte de las organizaciones de cooperación internacional y el despojo de la personalidad jurídica. Estas acciones afectaron sobre todo a las oenegés que velaban por los derechos de las mujeres y la niñez.

“Con el retiro de la cooperación la mayoría de los albergues se cerraron, y la manutención de un albergue es caro”, señala Gloria, quien comenta que las y los profesionales que atendían estos refugios fueron despedidos por falta de recursos económicos.

En la actualidad solo tres albergues están funcionado. Gloria perdió las esperanzas de que los demás sean reaperturados. “Con la cancelación de personalidad jurídica de varias organizaciones de mujeres, han sepultado la posibilidad de volver abrirlos. Las mujeres están totalmente desprotegidas”, enfatiza.

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“Si me hubiese quedado me hubiese matado”, recuerda Virginia, una mujer de 40 años que estuvo en uno de estos albergues. Virginia vivió violencia durante años por parte del padre de sus hijos e hijas, quien la amenazaba con matarla. Ante esta situación buscó ayuda y a través de una red de defensoras logró llegar al albergue. 

Después de uno días, sus hijos e hijas también se refugiaron en el albergue. Mientras el agresor vendió sus pertenencias. “La casa estaba a nombre de él, no podía seguir ahí. Creo que por ese motivo estoy con vida aún”, afirma.

En el albergue, Virginia fue aconsejada para que denunciara a su expareja por amenaza de muerte, y así lo hizo. Sin embargo, después de denunciar a su agresor ve la impunidad e incompetencia de la policía, porque fue enviada donde una psicóloga forense quien no quiso tomarle declaraciones, porque la vio acompañaba de una de las defensoras de la red de mujeres.

“Politizó mi caso y se empeñó en preguntarme si trabaja con la red de defensoras. No sintió empatía por mi desesperación. Al final me dijeron que no tenía problemas psicológicos, que estaba bien. La psicóloga pasó un informe a la Comisaría y cuando llegó una subcomisionada me dijo que me miraba bien. Destrozada la confronté y le dije -qué esperaba- si esperaba verme desgreñada, moreteada o con un puñal en el estómago. Le dije que muchas mujeres estarían vivas si actuaran”, relató.

Virginia expresó que la hicieron firmar una mediación. “Me siento mal, porque nunca hubo justicia. Él andaba suelto en la calle y yo con miedo que me busque para hacerme daño”, finalizó.

Albergues sin presupuestos

María Teresa Blandón, feminista y directora de La Corriente, afirma que es responsabilidad del régimen crear albergues para la protección de las mujeres y sus hijos e hijas que sufren violencia machista.

“Nunca lo hizo, nunca ha formulado una política pública, nunca destinó ni un solo centavo para diseñar una política pública de prevención y atención a las víctimas. No hay políticas públicas ni albergues”, cuestionó Blandón.

Destacó que a inicios de la década de los 2000 fueron las organizaciones con el apoyo de la cooperación internacional las que construyeron gran parte de los albergues que existían. Es importante mencionar que, la cantidad de mujeres albergadas en estos refugios dependía de la cantidad de solicitudes y en su mayoría eran mujeres pobres.

“Con el cierre de más de 200 organizaciones, ahora casi no hay albergues, es un drama enorme porque es un país donde la violencia machista tiene graves repercusiones sobre las mujeres y la niñez”, asegura la feminista.

Una fuente ligada a uno de los albergues clausurados afirmó que, el régimen provocó un desgaste financiero de varias organizaciones que administraban albergues. “Sedimentaron el funcionamiento, lo descapitalizaron antes de quitar la personería jurídica, cada vez fue menor la cooperación y el Estado no daba presupuesto”.

Uno de estos albergues brindó refugió a más de 10 mil mujeres en más de 20 años.  “Mil mujeres promedio quedaron sin albergue y sin protección por cada uno de los refugios que cerraron”, aseguró una feminista.

“A los albergues llegaban profesionales como periodistas, mujeres policías, abogadas, psicólogas, una gran cantidad de maestras y funcionarias del Estado, este es el peligro de ser mujer en una sociedad machista”, comenta la feminista consultada.  

La feminista destacó que el presupuesto anual para mantener un refugio es de aproximadamente 80 mil dólares, en promedio 15 mujeres albergadas con sus hijos e hijas. Para ello, Nicaragua necesita, al menos, un albergue por cada municipio. “Pero eso es una utopía, debería ser ley de la república crear un fondo para crear albergues. La única manera de salvar vidas de mujeres es por medio de refugios”, aseguró.

Mifamilia confirma "no hay albergues"

El Ministerio de la Familia, Mifamilia, es una de las instituciones encargadas de velar por los derechos de la niñez, adolescentes y sus familias. “Albergues no hay, lo que hay que hacer es poner la denuncia en la policía y si tiene familia darle acompañamiento”, le expresó una funcionaria a una mujer que solicitó apoyo.

La trabajadora de Mifamilia le recomendó que puede ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos o las oficinas de Mifamilia a pedir acompañamiento. “Eso es lo que puede hacer porque albergues para mujeres no hay”, enfatizó.

Caso albergue en Masaya

En diciembre de 2015, se inauguró el único albergue en donde una institución del Estado tenía participación en su administración.  En la página web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se publicó una nota de prensa sobre la inauguración del albergue para mujeres víctimas de violencia llamado “Una apuesta para la vida” en el municipio de Masaya.

Dicho refugio sería utilizado por mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. En este tendrían atención psicológica, médica y asesoría legal, durante los 90 días que dure la estancia, precisa la nota de prensa.

Sin embargo, el siete de marzo de 2018, un grupo de mujeres organizadas protestó contra la alcaldía de Masaya que se tomó el edificio donde funcionaba el albergue. Las mujeres exigían la reapertura del refugio y el regreso de varios objetos como camas o cocinas que utilizaban las mujeres y que fueron sacados por trabajadores de la alcaldía.

Raquel, una defensora de mujeres que trabajó en este refugio, asegura que la administración del centro estaba a cargo de una Comisión conformada por la organización donde ella trabajó, el Ministerio de la Familia, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Bufete Popular Boris Vega, este último encargado de administrar los recursos del refugio.

Raquel explica que el terreno donde se construyó el albergue fue donado por la Alcaldía de Masaya durante la administración de Orlando Noguera. La construcción fue financiada por el Gobierno Vasco de España, tenía una capacidad para albergar a ocho mujeres con sus hijos e hijas; también había espacios de cocina, dormitorios y  juegos para la niñez, describe la fuente.

Sin embargo, en 2017 el Bufete Popular anunció que no había más dinero para sostener el refugio. “El refugio se mantenía de proyectos, al terminar estos, la alcaldía tenía que sostenerlo, eso nunca me lo creí. Lo que hicieron fue darle el edificio a la alcaldía con todos los bienes adentro, incluyendo una camioneta y después la alcaldía dijo que no tenían para mantenerla”, afirmó Raquel.

Las camas, las cocinas, los electrodomésticos, la camioneta y otros bienes desaparecieron, asegura la fuente.  En 2018, la Alcaldía de Masaya fue incendiada y utilizaron el edificio del albergue como oficinas.

Albergue de Bluefields se transformó 

En septiembre de 2013 se inauguró el albergue “Renacer de las Mujeres Multiétnicas del Atlántico Sur”, en el municipio de Bluefields. El albergue fue construido por el apoyo del Gobierno de Andalucía, España.

Una defensora de mujeres que trabajó en el albergue afirma que este continúa funcionando y está a cargo del Gobierno Regional de Bluefields, quienes lo administran son personas afines al FSLN.

La condición del régimen para permitir la construcción del refugio fue que la Secretaría de la Mujer estuviera a cargo del proyecto. “Desde un inicio el régimen nos puso trabas para no continuar trabajando”, asegura la defensora. 

Una serie de diferencias y asuntos políticos llevó al fin de la relación de trabajo que tenía su organización con el régimen, explica la defensora. “Todo inició mal porque la dictadura publicó la ubicación donde se construiría el albergue, contrario a lo que dice el protocolo que estos deben ser incógnitos por seguridad de las víctimas”, señaló.

La defensora relata que, personas armadas (policías y militares) estaban a cargo del resguardo del albergue, lo que no es recomendado para lugares donde llegan mujeres víctimas de violencia. Además, la administración del refugio le fue entregada a una funcionaria del Estado y simpatizantes sandinistas. 

“Después no nos permitieron que llegáramos al albergue. Nos desvinculamos”. El albergue nació por la necesidad de tener un refugio, dado los niveles de violencia hacia las mujeres en esta ciudad, y los municipios aledaños como la Cruz de Río Grande y El Tortuguero, resalta la fuente.

Nicaragua, en el club de países sin albergues

Nicaragua es uno de los pocos países en el continente que no ha construido albergues y tampoco apoya económicamente a los que existen, aseguró Margarita Guillén, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios (RIRE). Algunos albergues de Nicaragua eran parte de esta Red, incluso organizaciones nicaragüenses fueron fundadoras de dicha iniciativa.

Según la coordinadora de RIRE en la región, Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos tres países que no tienen albergues y persiguen a las organizaciones de mujeres que los administran. “En el caso de Cuba, no hay del todo ya que ese régimen asegura que no existe la violencia hacia las mujeres”, comentó.

Otros casos que destaca Guillén es el  de Haití y Guatemala. “En Haití no existen refugios para mujeres por la pobreza que viven en ese país, en Guatemala es preocupante la situación de los refugios de mujeres, por la persecución política y judicial a  defensoras de derechos humanos que trabajan en los albergues y denuncian la falta de justicia o la inseguridad para las víctimas de violencia machista”, agregó.

En cambio, en Argentina, México y Puerto Rico, por ejemplo, los gobiernos de esos países apoyan a los albergues para mujeres víctimas de violencia machista, menciona la activista.  “La mayor parte de países democráticos cuentan con albergues y apoyan económicamente los de la sociedad civil”, asegura.

A su criterio, la situación de Nicaragua es deplorable. “Es lamentable que el congreso (Asamblea Nacional) elimine organizaciones de protección de la mujer, en lugar de generar políticas de resguardo y prevención de la violencia. Eso es inaceptable para la Red”, expresó.

Guillén destaca que desde 1994 se creó la Convención Interamericana para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  conocida como la convención “Belem do Para” y Nicaragua fue uno de los países que firmó y ratificó este documento. “El artículo tres de esa convención constituye un nuevo derecho humano de las mujeres que es vivir libre de violencia. Hoy las nicaragüenses no están viviendo libre de violencia, incluso el Estado es quien ejerce la violencia institucional contra la defensora de derechos”, destaca la fuente.

La convención Belem do Para en su artículo ocho, inciso D, establece que “los Estados Parte convienen en suministrar los servicios especializados para la atención necesaria para la mujer que sufre violencia por medio de las entidades de los sectores públicos y privados, incluso refugios, servicio de orientación para toda la familia”.   

“En la práctica lo conveniente es que haya un albergue por cada 100 mil habitantes en regiones de alta violencia de género y criminalidad y uno por cada 500 mil habitantes en lugares donde las violencias no son extremas, hay poco feminicidio y cuentan con servicios especializados de atención, protección y sanción”, menciona Margarita Guillén, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios.

En 2008, cuando la policía orteguista aún tenía alguna libertad, la Dirección de Comisaría de la Mujer y la Niñez publicó el diagnóstico de la Violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua. Dentro de las recomendaciones que brindaba estaba crear albergues para las mujeres ya que estos “dan respuesta urgente a las mujeres que necesitan salir de su casa cuando su vida y la de sus hijos corre peligro”.

“No obstante, el alto costo económico para la instalación y manutención de estos espacios hacen que estos sean muy pocos en el país”, señala el estudio.

Hasta la fecha, este ha sido el único documento de este tipo que ha hecho la policía orteguista, y aunque sus datos son de hace 15 años, reflejan una realidad que aún persiste en Nicaragua. Cada mes una nicaragüense es asesinada producto de la violencia machista.