Miles de nicaragüenses continúan cruzando de manera irregular por la frontera de Peñas Blancas. Decenas lo hacen sin saber si podrán regresar tras las reformas migratorias que impuso Daniel Ortega y que castigan con cárcel y multas de hasta 1,000 dólares.

Después de una temporada cortando café en fincas de Costa Rica para reunir dinero y sostener a su familia, “Carlos” cruza la frontera sur de Nicaragua en Peñas Blancas de manera irregular para volver a su país y visitar a sus seres queridos en vacaciones.

Tiene más de 20 años haciendo lo mismo y asegura que lo hace porque en Nicaragua se le dificulta encontrar empleo. Sin embargo, viaja con la incertidumbre de si después de cruzar hacia su país podrá regresar el siguiente año.

“Tenemos que sacar los documentos (permiso de trabajo) para andar legal en el país (Costa Rica)”, dice Carlos. Ese no es su verdadero nombre, si no el que hemos escogido para proteger su identidad, pues tiene temor de recibir algún tipo de represalia por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Las leyes cambiaron en Nicaragua y para andar legal hay que sacar los documentos”, comenta Carlos. Este campesino se refiere a la reforma de la Ley de Migración y Extranjería y al Código Penal que aprobó el 28 de noviembre la Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por Ortega y Murillo.

Tras esta reforma, el Código Penal nicaragüense ahora establece en su artículo 138 que “comete el delito de evasión de control fronterizo quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado”. Quienes cometan este delito pueden pagar con prisión de dos a seis años, y de seis a mil días multa.

“Enrique”, es otro nicaragüense que recurrentemente cruza la frontera de manera irregular. Lo hace por necesidad. Él accede a hablar bajo condición de anonimato: “Viajamos a Costa Rica porque tenemos la necesidad de la comida, de mantener a nuestras familias, hijos que tenemos en la universidad y en las escuelas”.

Enrique considera injusto que a personas como él se les imponga prisión o una multa de hasta 1,000 dólares, según lo que establece ahora la Ley General de Migración y Extranjería, sólo por i a trabajar a Costa Rica y poder subsistir en Nicaragua. “Sufrimos en Nicaragua y por eso andamos emigrando, para poder sobrevivir”, insiste.

Igual que Enrique, decenas de migrantes se oponen a esa medida. “Es mentira que los nicaragüenses vamos a dejar hacer lo que él (Daniel Ortega) quiera. Si él pone esa ley, encima de él vamos a pasar”.

Esta reforma ha sido criticada por defensores de derechos humanos porque será aplicada a quienes crucen el puesto fronterizo de manera irregular “con fines de menoscabar la integridad de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, proponer, conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social del país”, lo cual quedará a discreción de las autoridades nicaragüenses.

Militares permiten el paso

Hasta el momento, desde que fue aprobada la reforma, no se conocen oficialmente casos de personas que hayan sido detenidas y multadas. REALIDADES hizo una visita a un sector de la frontera sur de Nicaragua para constatar el cruce de miles de nicaragüenses. Además de comprobarlo, pudimos notar que militares del Ejército permiten el paso de migrantes sin problema, tanto para entrar como para salir.

El cruce irregular de la frontera hacia Costa Rica es realizado por miles de nicaragüenses que huyen de la represión del régimen de Ortega y Murillo. Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, hasta junio del año pasado, 234,513 nicaragüenses solicitaron refugio en ese país. Muchas de estas personas llegaron de manera irregular.

También hay miles de nicaragüenses como Carlos y Enrique que evaden los puestos fronterizos para ir a trabajar a Costa Rica de forma temporal; generalmente en cortes de café, plantaciones bananeras, naranjales y piñeras. Pasado el ciclo de estas actividades, regresan a Nicaragua. Estas personas son de escasos recursos, no tienen pasaporte y tampoco dinero suficiente para hacer los trámites migratorios necesarios.

Por su parte, Carlos Herra, coordinador de la Policía de Migración de Costa Rica en la zona fronteriza de Peñas Blancas explica en que “es importante que todo extranjero que entra o sale del país lo pueda hacer de manera legal”, y que por ello la Ley de Migración costarricense establece sanciones administrativas para quien lo haga.

Herra indica que algunas de esas sanciones son la deportación de la persona, en caso de ser nicaragüense o de cualquier otra nacionalidad, y que en el caso de quienes ya tengan un estatus legal en Costa Rica como residentes o refugiados, se les puede someter a un proceso para cancelarles ese estatus.

Por la naturaleza de la zona que es alejada de los puestos de control de fronterizo y zonas pobladas, hay riesgos como robos y asaltos, pues los bandidos saben que, sobre todo en épocas de finales e inicios de año, estas rutas son muy ocupadas por los nicaragüenses para ir y volver hacia Costa Rica y algunos llevan ahorros y regalos para sus familiares. Según Herra, ha habido casos de “maltratos y violaciones”.