En el interior de un autobús ensombrecido, con las ventanas cubiertas por cortinas, un grupo de 135 reos se pregunta sobre su futuro incierto. Horas antes, les sacaron de sus celdas, les ordenaron que se bañaran y vistieran. Les entregaron pasaportes recién expedidos. Meses de infierno terminaron en cuestión de horas. Intuyen que saldrán del país, pero desconocen su destino.

Kevin O'Reilly, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, se presenta y los saluda con entusiasmo. Les plantea dos opciones: regresar a sus celdas en Nicaragua o viajar a Guatemala. Según varias de las personas liberadas, la promesa inicial era que el país centroamericano sería solo una escala en su camino hacia Estados Unidos.

O'Reilly —explican las ahora personas exiliadas a REALIDADES y ONDA LOCAL— les hizo firmar un documento. Su liberación era un trato concertado y negociado durante meses entre el régimen sandinista y los Estados Unidos, entonces bajo la administración del demócrata Joe Biden.

Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para América Central, durante la conferencia de prensa brindada el 5 de septiembre de 2024, informó que estas personas excarceladas tendrían la oportunidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua, incluyendo en Estados Unidos, a través del Programa de Movilidad Segura.  

El Canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, durante la misma actividad, anunció que el Instituto Guatemalteco de Migración otorgó 90 días a las personas nicaragüenses desterradas para que regularizaran su situación migratoria. Según sus palabras, una posibilidad era permanecer en Guatemala o continuar su viaje hacia otros países.

En Guatemala podrían tramitar la Movilidad Segura, un programa de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y países con disposición de acoger a personas nicaragüenses en situaciones de riesgo como Canadá, Estados Unidos y España.

Tras su llegada a la antigua capital centroamericana, las 135 personas liberadas a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, les quitó la nacionalidad nicaragüense, fueron ubicadas en hoteles, donde recibieron apoyo tanto material como moral. A pesar de iniciar los trámites para su reubicación en Estados Unidos, un grupo de 76 personas, entre ellas 46 excarceladas y 30 familiares, recibió la noticia de que sus solicitudes habían sido rechazadas por no considerarse sus historias creíbles, algo que les golpea moralmente. 

Más que una entrevista, "un interrogatorio"

Para Gabriela Morales, trabajadora social y activista encarcelada en Nicaragua por ejercer su libertad de expresión, la negativa de su traslado a Estados Unidos es incomprensible. La justificación se razona en tres palabras: "historia no creíble".

"Ellos mismos nos sacaron de las cárceles (Estados Unidos). Estuve presa injustamente, y fueron ellos quienes nos liberaron desde nuestra celda. Nos trajeron en un avión gestionado y pagado por ellos mismos, y nos ubicaron en los hoteles donde nos encontramos", declaró Morales a REALIDADES y ONDA LOCAL. "¿Cómo es posible que mi situación no sea creíble?", se pregunta.

Como Gabriela, otras 45 de las 135 personas nicaragüenses excarceladas enfrentan una situación similar o peor. Tras pasar, en algunos casos, más de un año de prisión injusta en Nicaragua, sometidas a tratos crueles y vejaciones documentadas por organismos internacionales, ahora se sienten doblemente victimizadas por quienes les prometieron ayuda.

La entrevista con ACNUR fue llevadera, pero la de OIM resultó muy difícil, asegura Lesther Solís, detenido sin orden judicial en agosto de 2023 y condenado a ocho años por una serie de delitos políticos, tales como menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas. “Desde el inicio, sentimos que más que una entrevista, se trataba de un interrogatorio. Nos preguntaban por qué participábamos en las protestas, si habíamos dañado a alguien”, relata Solís. “Con los agentes de migración fue igualito que con OIM, fue como si les pasasen un guion para interrogarnos", añade el excarcelado.

"De mi parte yo le decía que andaba marchando, no tirando piedras ni morteros. Ellos me volvían a preguntar que si estaba seguro. Querían obligarte a decir que andabas metido en tranques, tirando piedras y morteros", explicó.

La participación política de Solís se remonta a 2011, cuando comenzó a participar en actividades de oposición al régimen sandinista. Sobre la negación de su solicitud de traslado a Estados Unidos, comenta: «Lo que me pusieron fue: "historia no creíble". ¿Cómo interpreto eso? Pues que no se tomaron la molestia de investigar. Hicieron todo muy rápido, con el apuro de aprobar o negar solicitudes»".

Lo mismo le dijeron a Alba Martínez, detenida el 11 de octubre de 2023 por brindar ayuda humanitaria a disidentes del régimen sandinista en el municipio de La Trinidad, Estelí. Su tiempo en prisión lo recuerda como una total violación a sus “derechos humanos” y “un trauma tanto físico como psicológico".

Alba asegura que revivió esa violencia y rechazo cuando fue entrevistada por la OIM y las autoridades migratorias de los Estados Unidos. "Me atrevo a decir que la entrevista se enfocó más a mis tatuajes, preguntaron si había pandillas donde yo vivía. Lo sentí más como un interrogatorio más bien". Al final, la convirtieron en otra "historia no creíble".

Víctimas dobles

Martínez señala que existen casos peores. "En muchas cartas se recalca que están de acuerdo con los delitos que nos impuso la dictadura. En algunas cartas sale que no los aceptan por delitos de terrorismo, depravación moral, por drogas también; delitos que sólo la dictadura en Nicaragua nos impuso", apunta.

Este fue el caso de Isaías Ruiz, detenido el 17 de octubre de 2023, procesado y condenado a 9 años de prisión por algo que él califica como “un delito repudiable para la sociedad y en todo lugar”. Una condena que le ha dañado su reputación irremediablemente porque ha lesionado su moral". El régimen sandinista lo acusó falsamente de explotación sexual y pornografía infantil.

"Hoy pasamos la dificultad de que después de haber sido expulsados de nuestro país vivimos en la incertidumbre. Estados Unidos nos estaba brindando la mano pero por el tipo de delitos que la dictadura nos impuso hoy nos dicen que no somos elegibles. Ese argumento lo hacen como que el gobierno de Nicaragua tuviese la razón", lamentó Ruiz.

Para Solís, así como para los demás miembros del grupo de los 135 a quienes les negaron la entrada a los Estados Unidos, no hay ningún sentido en estas decisiones. "Todas esas acusaciones son mentiras inventadas por el gobierno. Ellos no se dieron a la tarea de investigar. Nos juzgaron igual que nos juzgaron en Nicaragua: con mentiras", reiteró.

Catalogar sus historias como "no creíbles" y reconocer los delitos fabricados por el régimen sandinista implicarían negligencia de parte de Estados Unidos en el proceso de selección de presos políticos en la negociación que permitió la liberación del grupo de 135, sostienen.

Días antes de ser excarcelados, Ruiz y Martínez, recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ni esa resolución ayudó a qué sus historias fuesen creíbles.  

Un futuro incierto

La ayuda que las personas nicaragüenses recibían en Guatemala fue cancelada. Según Solís, el último apoyo que recibió fue el 2 de enero, por lo que pasaron el último mes prácticamente a su suerte. En Guatemala no les permiten trabajar o estudiar mientras su estatus migratorio siga en el limbo.

"Yo sé que es una ayuda, no es exigido, pero ellos saben la situación que nosotros tenemos aquí: la comida, lavado de ropa, movilización; todo eso genera gastos y por lo menos en los hoteles donde estamos no hay cocina, entonces la comida la tenemos que comprar", explicó Solís.

Aunque países como España, Argentina, Costa Rica y Chile han extendido ofrecimientos de nacionalidad y refugio que permitan a estas personas nicaragüenses regularizar su estatus migratorio, la situación inmediata es lo que más les preocupa. "Si no nos dan una ayuda, no sé qué voy a hacer", confesó Solís.

Para continuar recibiendo ayuda o adquirir el permiso de trabajo deben acudir al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), realizando una solicitud de refugio cuya respuesta positiva no tienen asegurada. Los que siguen manchados por los delitos que el régimen sandinista les achaca temen que sean rechazados una vez más.

"Ahorita esas alternativas están siendo truncadas. Cada Estado del mundo tiene en sus políticas para poder aceptar a ciudadanos extranjeros. Pero cuando vienen y empiezan a analizar por qué fuimos expulsados del país y encuentran semejante aberración montada por los jueces de Nicaragua, entonces piensan que no somos personas honestas, sino delincuentes", expresó Ruiz.

Tantos obstáculos que enfrentar

Nelly López, encarcelada junto a su esposo el 15 de abril de 2023 en Monimbó, Masaya, por haber tomado parte en una celebración católica tradicional de su comunidad, mostró preocupación ante el cese del apoyo. Ella todavía carga con las secuelas del trato inhumano que enfrentó en prisión.

"Estando en la cárcel me dio parálisis facial. Hasta ahora no he podido recuperarme definitivamente, estoy en un tratamiento que ahora pago yo con otros recursos porque no nos han permitido trabajar aquí. Los lugares que nos dieron para hospedarnos acaban el 31 (enero) y acá es difícil (vivir) sin un documento que te avale. Hay tantos obstáculos que enfrentar".

Su historia también fue considerada "no creíble", por lo que sus planes deberán evolucionar. Tiene claro que no permanecerá en Guatemala. "Agradezco infinitamente a Guatemala por abrirse y recibirnos, pero mis expectativas están en otro lado", dijo.

Mayela Campos, estudiante de ingeniería civil, detenida el 21 de agosto por la quema de una bandera rojinegra, dijo que uno de sus objetivos era reunirse con su hermana y seguir con su vida. “Cuando nos trajeron acá, nos dijeron que podríamos ir a Estados Unidos. Pero eso se tronchó".

Del grupo, señala Campos, “algunos aceptaron refugio porque esa fue la opción que ACNUR nos dio", pero admite que "el grupo en sí no quiere quedarse en Guatemala. Tampoco quieren pedir refugio, pero es una condición que ACNUR nos dio para aceptar ayuda económica después del 31 de enero".

"Hemos hecho presión a ACNUR porque literalmente nos comunicaron que el 30 de enero ya no había más ayuda y prácticamente era como, «ustedes ven qué hacen». Estamos viendo alternativas para ir a un destino final", concluyó. Para muchas personas, ese destino es España, pero deben tramitar la nacionalidad. Solo esperan que el estigma y los delitos fabricados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no les continué afectando.