El caso de los pueblos Rama y Kriol ante la Corte IDH
El Estado de Nicaragua no consultó a las comunidades indígenas Rama y Kriol sobre la aprobación de la Ley 840 y posterior concesión de sus tierras para el proyecto canalero. Esta fue una de las razones por las que el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente, la CIDH llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que determine si el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a la propiedad, derechos políticos, igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medio ambiente sano de nueve comunidades indígenas Rama y Kriol, así como de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y la comunidad de Monkey Point.
