Llueven mineras, mientras se criminalizan derechos

En Santo Domingo, Chontales, el cerro La Pipilacha dejó de existir. 
En Mina La India, León, el agua está contaminada y escasea.
En Rancho Grande, Matagalpa, la minería no ha entrado por la resistencia de su población.
En San Albino, Nueva Segovia, vuelve la amenaza minera contra la que luchó Sandino...

En Nicaragua existen16 distritos mineros y 5 subdistritos. Hay auge de áreas concesionadas, 261 han sido otorgadas para impulsar la minería, 54 en trámite, según datos del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Nicaragua, hasta el primero de diciembre 2017.

El Programa de Desarrollo Minero del Plan Nacional de Desarrollo Humano dice que la minería tiene impacto en la economía del país, pero no menciona los efectos de la misma en el ambiente y en las personas. Dicho Programa considera que la ampliación de la minería industrial y artesanal es responsabilidad del sector público y de la inversión privada directa; y espera fomentar la inversión privada directa, dirigida a la exploración del  sector minero artesanal e industrial, sin mencionar los riesgos de la misma. 

Bajo el argumento de la ampliación de la minería, el 10 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, principalmente extranjeras como Triton Minera, S. A. y Desarrollo Minero de Nicaragua, S. A. (DESMINIC) subsidiarias de la canadiense B2Gold; Colombia Mineros S.A, que compró las acciones de HEMCO en Bonanza; y la británica Condor Gold, son quienes están entre las empresas con mayores concesiones. Las de esta última vencen hasta el año 2040.

Nicaza S. A. tiene 14 concesiones distribuidas en los municipios de Boaco, Comalapa, San Lorenzo, Acoyapa, Juigalpa y Teustepe, todos en la zona central de Nicaragua. A estas se suman Corazón Exportaciones S.A. con cuatro concesiones, Minera Los Lirios Honduras, S de R.L Sucursal Nicaragua, con la misma cantidad y Blue Stone Gold Mining con tres concesiones.

En la siguiente ilustración se reflejan las concesiones de minería metálica o industrial; así como las concesiones otorgadas a diversas empresas.

Movimientos sociales en pie de lucha

El avance silencioso de la minería industrial en el departamento de Nueva Segovia se ha topado con la acción decidida de sus pobladores. El 23 de agosto de 2017, tres organizaciones se unieron para denunciar la concesión otorgada por el gobierno de Daniel Ortega a la Nicoz Resourse S.A, subsidiaria de la canadiense Golden Reign y a la Condor S. A.: el Movimiento de Mujeres Segovianas, el Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo y el Movimiento de San Antonio de San Albino.

"Estamos alerta", comparte Zaneyda Machado de 34 años, nacida y criada en San Albino, en el municipio de El Jícaro, uno de los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia y uno de los destinados a la explotación minera. Zaneyda cuenta orgullosa que es madre de cuatro hijos. "Los he criado y no he necesitado la minería". Su preocupación es que la actividad minera a cielo abierto perjudique al río más largo de Centroamérica: el Coco o Segovia; y a sus afluentes, los ríos Jícaro, Quisulí, Achuapa, Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Antigua, Chachagua, Baná, San Fernando, Alalí, Arenales, Lindo, La Horca y Poteca. También podría afectarse la cordillera de Dipilto y Jalapa, área protegida (Decreto 42-91) e  importante reserva forestal del país.  

“En donde se va a explotar, hay un bosque muy bonito y si la explotación a cielo abierto llega ¿qué pasará con este bosque?”, se pregunta Luisa Rodríguez, quien hace pocos días conoció a la alcaldesa de El Jícaro, Thelma Olivas, pero no ha obtenido respuestas a esa duda. "Yo digo que venga la alcaldesa, que plantee con nosotros, que nos explique". 

“Aquí no hay agua potable, la población bebe de pozos”, sostiene Domingo Gutiérrez Machado, líder comunal y quien en habita en una modesta casa de madera y barro frente al Río Jícaro. Para Domingo, la explotación a cielo abierto va a provocar contaminación del río y quebradas, así que para proteger el ambiente y resistir la explotación minera a cielo abierto que pretende realizar La Nicoz Resourse S.A, subsidiaria de la Golden Reign y de la Condor S.A., formó el Movimiento San Antonio de San Albino. 

El despale y la sequía, como fenómenos muchas veces silenciosos e invisibilizados, pero con profundos efectos que generalmente se manifiestan años más tarde, son las amenazas más importantes según sus pobladores. Les preocupa sobre todo el despale intensivo que se está realizando en el bosque de la comunidad, es precisamente a lo que se oponen, reitera Domingo.

“Mientras estábamos en la comunidad, unos 15 hombres despalaban a pocos metros del río Jícaro, estaban socavando unos 20 metros de ancho bajo el argumento de hacer una galería para poner agua y algunas otras cosas”, comenta Domingo en relación a la decisión de la Nicoz Resources de abrir una trocha a orillas del río para que la comunidad de San Pablo, vecina de San Albino, pueda tener acceso a su pueblo una vez que la Nicoz cerque el terreno que le ha sido concesionado por el gobierno y que incluye el único camino de acceso a San Albino y, por lo tanto, el que utilizan sus habitantes para sacar el maíz y los frijoles que suelen vender en El Jícaro. 

El mecanismo de la empresa, es el mismo que usan otras mineras: comprar terrenos con costos menores de lo que valen. La gente afectada suele vender porque se siente acorralada y sin apoyo para dar la pelea con las transnacionales. El resultado es el desplazamiento interno forzado de comunidades campesinas, indígenas, cuyos derechos quedan relegados a un segundo plano. "Es como cortarle los árboles a las aves", compara Domingo, quien agrega que al quedarse sin sus casas, tendrían que migrar. "Son nuestras tierras de donde comemos... ese es el impacto que da para las familias, para las personas, la flora y la fauna". 

"Aquí está el granito que ellos buscan. Por esto aman y por esto es que se desvelan ellos, cosa natural de la tierra que ellos la toman como dueños”, me comenta Nicolás Gutiérrez Centeno, de 73 años y fundador de San Albino, quien me muestra una pequeña piedra con oro que encontró en el río cuando se lavaba la cara. 

El mensaje de Nicolás es que no comercie "porque es como que estén negociando a su madre". Para él, la tierra no es sólo el lugar donde vive y cría a su familia, sino también de donde se alimenta. “Me estoy haciendo más viejo, pero la tierra me está manteniendo”, reitera.

Escuche más en el reportaje radiofónico:

Los pobladores de San Albino históricamente han resistido el avance minero en su zona. En la comunidad aún se observan las ruinas que dan cuenta de la explotación minera de 1926. Se trata de una zona en la que el héroe nacional, Augusto Calderón Sandino, inició su lucha contra la intervención extranjera y la explotación campesina. 90 años después, la historia amenaza con repetirse. 

La situación en la zona se ve agudizada por la falta de socialización de los planes mineros. Como demostración de buen proceder y de voluntad de contar con el aval de los pobladores, algunas mineras convocan a reuniones con la comunidad y demás sectores interesados, pero en realidad la participación en las mismas se limita a las autoridades municipales, sin la presencia de los pobladores o representantes comunales. Se tratan de invitaciones fantasmas a un evento que sólo considera a dos autores: mineras y autoridades. 

El 25 de agosto de 2017, la Nicoz Resourse S. A. convocó a una audiencia pública para presentar un estudio de impacto ambiental del proyecto minero del sector de San Albino, pero cuando llegaron las y los pobladores de la comunidad a la Casa de Cultura del Jícaro, les cerraron las puertas. “Ahí estaban sólo los partidarios de gobierno. Hicieron un acto, era una fiesta la que tenía el gobierno municipal del Jícaro junto con la empresa", asegura Haydée Castillo, del Movimiento de Mujeres Segovianas. 

Castillo se muestra indignada, afirma que la población no ha sido consultada y tampoco se les permitió entrar a la sesión donde la empresa presentaría el Estudio de Impacto Ambiental. "Qué divertido, mandan a hacer una presentación de un estudio cuando hace casi siete años que la empresa tiene de estar allí. Tiene oficinas, tiene campamento y ha hecho un montón de pozos", agrega.

Julio López del equipo de Onda Local estuvo presente en la ocasión referida por Haydée Castillo, y asegura que tampoco pudo participar de la reunión y, por lo tanto, no se trataba de una audiencia abierta. La empresa se escudó diciendo que la gente no quiso participar y que no pueden obligarles a entrar a los recintos.

Julio López entrevistó a Oscar Molina, representante legal de la Nicoz Resourse S. A. al salir de la supuesta consulta, quien aseguró que llevan nueve años en el municipio y que estaban en la etapa de exploración para entrar a la explotación. Admitió que el área donde ubicarán la mina es de 1.2 kilómetros cuadrados. 

Al consultarle por la mitigación del impacto ambiental, Molina afirmó que dan cumplimiento a todas las leyes ambientales y que el trámite del estudio de impacto ambiental fue “consultado y validado” con las autoridades pertinentes. “El trámite de este impacto ambiental nos tomó un año debido a que el MARENA debía revisarlo, la Dirección de Minas debía revisarlo. Ellos venían con comentarios de cosas que teníamos que cambiar.” Dentro de esos cambios están la reubicación de la planta y el almacenamiento de presa de cola. 

También hizo referencia al tema del agua indicando que no habría disminución en la cantidad ni en la frecuencia que suele distribuirse en la zona. “Tenemos un permiso de la Autoridad Nacional del Agua. Ellos vinieron a hacer estudios donde tomaron muestras del caudal, tanto en invierno como en verano y obviamente que la autoridad nacional del agua no va a dejar a las comunidades sin este recurso vital, por lo tanto, nosotros vamos a afectar menos  del dos por ciento lo que es el caudal”. 

El 19 de octubre, el Movimiento de Mujeres Segovianas impidió se diera el visto bueno a la concesión minera a Jorge Luis Rojas, prevista a desarrollarse en “una sesión extraordinaria” del concejo municipal, sin presencia de la comunidad. Sin embargo, la Ley de Municipios y la Constitución de la República establecen que las sesiones del concejo municipal donde se discuten los asuntos públicos, son de carácter abierto a la ciudadanía.

Fue con este argumento que el Movimiento de Mujeres Segovianas, logró detener la intención del gobierno municipal.

A pesar de la histórica resistencia a la minería en Nueva Segovia, hoy pareciera que su actividad económica está basada en la minería. "Jamás pensamos que este modelo neoliberal extractivista fuera la carta que el gobierno del presidente Daniel Ortega nos trajera a la región de la Segovia", asegura Castillo. 

Un total de 133,445 hectáreas de los municipios de Murra, Quilali, Wiwilí, Santa María, Ocotal, El Jícaro y Jalapa han sido concesionadas para la explotación minera industrial; la mayoría, con importantes afluentes del Río Coco. Según Castillo, los gobiernos municipales suelen optar “por lo que les va a generar el montón de dinero” en lugar de dedicar recursos al manejo sostenible de bosques, suelo y agua, que generan beneficios económicos y sociales.

Por tanto, no es de extrañarse que la información en manos de la ciudadanía con respecto a las concesiones mineras sea poca, pese a que sus actividades impactan fuertemente en la calidad de vida. “Aquí mucho se habla también de testaferros y de cómo las empresas van vendiendo la concesión que ellos compran a otros y a otros, para ir de esa manera confabulándose y tapando las verdaderas identidades de quiénes son los que están realmente vendiendo nuestra agua, nuestro suelo” agrega Castillo.

Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, asegura que desde los años 90 se están entregando concesiones que pueden ser vendidas y la información no es transparente en el Ministerio de Energía y Minas. “Hay concesiones que aparecen, incluso a nombre de personas particulares [y] que ahora están en manos de transnacionales”.

La modalidad de cambiar las concesiones de nombre y de razón social evidencia el cambio de propiedad de las mismas el cual se realiza “a través de arreglos de cúpulas empresariales entre las empresas más grandes”, añade Campos.

También crean empresas subsidiarias en el nivel nacional. “Eso hace que haya una separación y que las responsabilidades no lleguen donde ellos, esa es una forma de operar” agrega el especialista. Cuando se presentan problemas en una de las razones sociales, por arreglos de las cúpulas empresariales, se trasladan una empresa a otra. 

El también ambientalista, rememora el caso de la Texaco Parque Industrial que estaba ubicada en la Colonia Unidad de Propósito, donde se derramaron cinco mil 200 galones de gasolina súper en el año 2003. La responsabilidad original era de Texaco, luego pasó a Shell; en la actualidad dichas empresas son UNO. En la transacción, había derechos y obligaciones, pero por los arreglos, las obligaciones se disolvieron. “Es una técnica que utilizan para evadir el cumplimiento de responsabilidades” señala Campos.

Otra dinámica que surge con las concesiones es que algunas fueron otorgadas hace años, pero permanecen inactivas, sin conocerse nada de ellas. “Los nombres comienzan a sonar cuando comienzan el proceso de exploración y comienzan a intervenir en los territorios”.

La entrega de concesiones, “proceso insuficiente”

En 2001 fue aprobada la Ley Especial para Exploración y Explotación de Minas, Ley No. 387, la cual establece un proceso de consulta para la entrega de concesiones. Para Víctor Campos, dicha norma contempla una acción insuficiente. “Se debería de consultar al gobierno municipal, pero esa consulta no es vinculante”, afirma.

Adelmo Sandino, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), sostiene que los gobiernos municipales no tienen la facultad para fiscalizar la producción minera, ni para controlar la gestión ambiental. “No tienen voz ni voto”, afirma. Prueba de ello es que aunque rechacen algunas concesiones, el Ministerio de Energía y Minas las puede otorgar y acto seguido Ministerio del Ambiente procede a confirmar. Ahora las concesiones son para exploración y explotación al mismo tiempo”. 

Entregada la concesión, la empresa tiene que solicitar una Evaluación de Impacto Ambiental para el primer proceso de exploración, donde se establece que debe de haber un proceso de consulta, y publicar en dos medios de comunicación de circulación nacional la convocatoria a la misma.

Sin embargo, esto no se cumple en todos los casos. Víctor Campos señala que “es un proceso de participación totalmente limitado porque hay un estudio de Impacto Ambiental que tiene aproximadamente unas 800 páginas normalmente y de eso, lo que ellos ponen y presentan en la alcaldía municipal, es un resumen ejecutivo para que en un período de dos horas, entre 9 y 11 de la mañana, uno pueda leer y sobre eso dar una opinión. Lo que indiscutiblemente no va más allá de un juicio de valor ¨me gusta o no me gusta”.

El 24 de septiembre de 2017, más de cincuenta organizaciones y movimientos ambientales, de mujeres, feministas y de jóvenes, catalogaron de arbitraria la cancelación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 76-2006) que obligaba a inversionistas a realizar dichos estudios antes de comenzar sus operaciones. Un nuevo decreto, el 15-2017 que deroga al 76-2006, faculta al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) como la única autoridad para otorgar los permisos correspondientes para el uso de los recursos naturales del país, sin necesidad de los estudios de impacto ambiental.

En junio de 2017, La Asamblea Nacional aprobó la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas, Eniminas. Una empresa pública descentralizada del Estado, que estaría bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas. Con la creación de esta empresa se han abierto las puertas a la exploración y explotación minera en áreas de reservas naturales. Se trata de una ampliación de la frontera minera que no necesariamente trae consigo los tan esperados beneficios sociales.

Escuche la edición completa de Onda Local: “Nuevas reglas del juego del sector minero”.

¿Generar empleos justifica contaminar?

Adelmo Sandino, economista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, considera que los empleos que reportan las empresas mineras al Instituto de Seguridad Social, unos cinco mil empleos, de un universo de 840 mil afiliados, no representa ni siquiera el uno por ciento de los empleos formales.  

La socióloga e investigadora Lea Guido, ex Ministra de Salud, considera “mito y mentira” la generación de empleo que dicen las empresas mineras que llevan a los territorios. “5,059 asegurados en el 2016, lo que representa el 0.57 del gran total de la fuerza de trabajo cotizante. Además, hay una serie de actividades que ya no quedan en la comunidad porque estas empresas están contratando a otros fuera de la comunidad. Se ha convertido en el tercer producto más importante en las exportaciones de Nicaragua. ¿Dónde está ese dinero? Está en las transnacionales.” 

Boanerge Luna Suárez, del Movimiento Ambientalista Salvemos Santo Domingo, Chontales, coincide con Guido en que es un mito la generación de empleos por las mineras: “La empresa puede generar acá en Santo Domingo unos 100 empleos, la pequeña minería genera más de tres mil empleos. La diferencia es grande”. Añade que la minería artesanal genera alternativas de empleo, crea una cadena de subempleos, que logran mantener la economía de las familias.

Ronald Bayardo García, del mismo Movimiento, asegura que la mejora económica que ha tenido el pueblo es solo una pantalla.

Juan Adolfo Castellón, minero desde los once años, relata que la empresa lo que hace es tercerizar para evitar obligaciones. “Las autoridades municipales se prestaron al juego de utilizar el método de contratista. Ha habido contratistas que se han ido hasta con el salario de una quincena de hasta 45 o 50 trabajadores y la empresa no responde”. No es posible que “una transnacional nos venga a poner leyes aquí”, reclama Juan Adolfo.

Por si fuera poco, no se les permite tener su propio laboratorio para pesar su producto y que haya justicia, denuncia Castellón. Se ven obligados a vender la broza en el plantel de la misma empresa en el municipio de La Libertad.

Afectaciones al agua 

Han pasado más de cien años y las ruinas de Jabalí en Santo Domingo atestiguan las consecuencias de la minería industrial. En Cinco Estrellas, zona estratégica porque se comunicaban todos los túneles que tiene Santo Domingo, había un cerro llamado La Pipilacha, que desapareció, comentan integrantes del Movimiento Ambientalista Santo Domingo.

En enero de 2015 pobladores de Rancho Grande y Santo Domingo, interpusieron una denuncia ciudadana contra la B2Gold por delitos ambientales y la prohibición de la ampliación del Tajo Antena. 

La querella la hicieron ante Ruth Obando, Delegada Departamental del Marena de Chontales. En 2013, el Centro Alexander Von Humboldt llevó a cabo un análisis de la calidad de las fuentes de aguas superficiales del municipio, de donde se abastece la población urbana y rural: Peñas Blancas (ojo de agua); La Congoja, Tapalwacito y El Túnel Azul (pila de captación). Los resultados confirmaron que el agua tenía calidad potable. No obstante, en marzo de 2014, se levantó información en las fincas que rodean al área de explotación de DESMIC/B2GOLD; identificándose que la cuenca del Río Sucio (Río Artiguas) estaba sufriendo daños irreversibles debido a la construcción del tajo a cielo abierto y la explotación minera.

Los daños también alcanzaron las quebradas Molinetes, La Pipilacha, Río Caracol Amarillo, Río La Cuatro y Quebrada del Túnel 400. Todas estas fuentes hídricas forman parte de la cuenca donde se ubica el Túnel Azul, que abastece de agua al 90 por ciento del casco urbano del municipio. 

Carlos Barquero tiene una finca a kilómetro y medio de Santo Domingo. Por el lugar pasan 14 vertientes de agua que abastecen dos quebradas y 35 casas toman agua de ahí. Ahora teme que se sequen. “Están pasando un túnel debajo del túnel Azul, por esa razón, para que el pueblo no se alarme, dan agua sucia al pueblo. Lo han ¨encamisado¨ desde adentro con una tubería, pero esa tubería vino a reducir el caudal de agua… han hecho alguna ruptura al suelo y el agua se está yendo por otro lado”.

Para Sara Margarita Zavala Hernández los daños son visibles. “Han desviado el agua, han secado pozos y bueno, como uno no tiene penetración ni permiso dentro de esas propiedades, no sabemos el impacto... Imagínese que ellos hacen sus trabajos y se supervisan solos, no los supervisa nadie, no manda el gobierno a ver qué es lo que dejaron malo…”.

La fauna tampoco escapa a los efectos nefastos de la minería. “Animalitos como monos, venado, cusuco, se han visto forzados a migrar, ya que han destruido todas sus fuentes de alimento”, asegura Bayardo García. 

Otra de las consecuencias de la minería son la desviación y encausamiento de ríos y la desaparición de quebradas, ojos de agua y ríos. “Pobladores de pequeños sectores donde dicen que ha habido desborde de aceite a ríos. La contaminación que puede estar sufriendo el túnel Azul”, agregó García.

El hueco creado en el tajo Jabalí Central, explotado por la B2Gold, asemeja el cráter de un volcán. Para Yolanda Rodríguez viven “momentos críticos, que ya no hayamos ni qué hacer. El pueblo de Santo Domingo antes vivía de la minería artesanal, el problema ahora que vino la industrial, eso vino a comprar las fincas, los lugares donde antes nosotros sacábamos el material…” 
Félix Pedro Sequeira, concuerda con Yolanda. La primera estrategia de las mineras es comprar propiedades y “empiezan a reducir el trabajo que había” asegura. Félix compara el poder que tiene el dinero. Solicitó permiso para talar un árbol en su propiedad y sacar madera para una casita, pero el MARENA se lo negó. Tenía que buscar sierras de mano. Lo contrario pasa con la B2Gold, al inició taló unos 30 mil árboles, asegura Sequeira.

Según Adelmo Sandino, en el estudio La minería industrial en Nicaragua. Una mirada desde la óptica fiscal, “entre 2014 y 2016, La Libertad recibió en promedio 1,2 millones de dólares de transferencia por explotación de minas; y Santo Domingo 558 mil dólares.  

De acuerdo a la ley de la materia, el mayor porcentaje debería ser entregado a Santo Domingo, ya que es el municipio donde se explota y La Libertad, donde se procesa. “La Ley 387 es limitada con relación al criterio utilizado vía derechos de superficie y de explotación a los municipios” se indica en el referido estudio.

La investigación constató que las autoridades municipales de Santo Domingo suscribieron un convenio con la B2Gold, en enero de 2015, por tres años, el cual establece que la minera debía entregar a la municipalidad un monto anual de 800 mil dólares, a ser utilizados en proyectos sociales.  

La India unida, jamás será destruida 

En Mina La India -Santa Rosa del Peñón, departamento de León- la Condor Gold tiene diez concesiones: La India, Espinito  Mendoza, Cacao, El Rodeo, Real de la Cruz, Santa Bárbara, La Mojarra, La Cuchilla, El Zacatoso y Tierra Blanca, según su sitio web. Dice poseer el 100 por ciento de propiedad de una concesión de 313 km² que cubre el 98 por ciento del histórico distrito de minería de oro La India.

Adicionalmente, tiene una concesión en Boaco (Rio Luna), RAAN (Estrella) y en Nueva Segovia (Potrerillos), para una suma de 386.26 km². En total, la Condor Gold y su subsidiaria La India Gol posee 13 concesiones mineras en Nicaragua. Seis de las concesiones fueron entregadas directamente por el gobierno entre 2006 y 2015. Las demás fueron adquiridas de otros propietarios privados. 

La concesión de La India fue obtenida a fines de 2010 a través de un contrato con la  canadiense B2Gold; mientras que en 2011, 2012 y 2013 obtuvieron el Espinito Mendoza, La Mojarra y La Cuchilla respectivamente.

En La India, unas tres mil personas sobreviven de la minería artesanal. Es el sostén de la economía local. Hay toda una escala de trabajo: desde que se extrae la broza hasta cuando se procesa. El que lleva la rastra, el que pica la piedra, el que hace el turno y el que le está echando a la rastra. Todos los recursos quedan en el pueblo, aseguran sus dirigentes.

Desde 2016, Mina La India “no tiene paz”, cuenta Karen Milagros Laguna Sánchez del movimiento Santa Cruz de la India. Ese año la Condor Gold, visitó casa a casa para proponer la compra de las tierras. 

“La empresa prácticamente se plantó en el año 2011. Nosotros no conocíamos de qué manera ellos iban a trabajar, pero nunca pensamos que era el pueblo al que iban a tocar”, cuenta Olman Salazar, líder del Movimiento Santa Cruz de la India.  

Laguna denuncia que durante la etapa de exploración se han secado cuatro pozos artesanales debido a las perforaciones. “Los líquidos que ellos están usando nos están contaminando las fuentes de agua, nos están profundizando más”.
Hace nueve años, Onda Local constató la existencia de 36 pozos en Mina La India, de los cuales solo dos eran aptos para el consumo humano debido a los elevados niveles de arsénico y calcio. Hoy, gran parte de la población se ve obligada a comprar agua purificada para vivir. Escuche el reportaje.

“No podemos llamar progreso a una mina que se va a plantar durante ocho años y después solo nos va a dejar un hueco en nuestra comunidad, recalca Olman Salazar. 

El artículo 68 de la Ley 387 de la minería industrial, establece que las empresas no pueden hacer perforaciones a menos de 100 metros del casco urbano, carretera y fuentes de agua, sin autorización de los dueños o con un dictamen del Ministerio de Energía y Minas. 

Escuche más detalles en el reportaje radiofónico:

Resistencia local 

El boom de las concesiones, la exploración y explotación minera a cielo abierto es política del Estado de Nicaragua, genera conflicto con las poblaciones y viola sus derechos humanos.

La resistencia no surge de la nada, en Mina La India ya conocen bien sus efectos:

“…nos dejaron las aguas contaminadas, tenemos escasez de agua. No queremos volver a lo mismo. Nos dejaron siendo un pueblo fantasma. Y si las empresas mineras traen tanto desarrollo, por qué nosotros quedamos como quedamos, volvimos a empezar de cero y no queremos volver a vivir esa experiencia...” expresa Karen Laguna.

A raíz de las protestas ciudadanas, siete líderes comunitarios fueron demandados y la jueza admitió una acusación por daño agravado. Pero la empresa desistió de la demanda, en su afán de destruir a un pueblo que tiene más de 100 años de herencia, comenta Olman Salazar, líder del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India. 

“Ellos, sin la voluntad de nosotros como pobladores, metieron una maquinaria que está a unos 200 metros del casco urbano, en horas de la madrugada con 50 antimotines, a sabiendas que nosotros estábamos en desacuerdo que siguieran perforando nuestra comunidad” agrega Salazar. Desde el 4 de agosto, la comunidad mantenía un plantón para demostrar su inconformidad. 

En la puerta de una casa, en grandes papelógrafos, está el rol de vigilancia que hacían. La comunidad estuvo militarizada casi tres meses. Salazar asegura que desde el 7 de agosto, aproximadamente 200 antimotines permanecían en la comunidad con sus armas en mano, lo que afectaba la calidad de vida y la seguridad humana. “En algunos casos los niños se sentían con temor. Ya no salen a la calle como hace dos meses atrás, a jugar”.  

El miedo existe, pero la lucha no se paraliza.“Estamos expuestos a que en cualquier momento vengan y nos detengan y nos lleven al Chipote, pero es algo que lo vamos a hacer por defender nuestro pueblo…No vamos a desfallecer en nuestra lucha porque el pueblo de Mina La India y las comunidades no está en negociación…”, agrega Olman. 

Santo Domingo, Chontales, fue militarizado desde el 9 de febrero hasta el 10 de mayo de este año. “Había antimotines alimentados por la empresa, sus tres tiempos de comida pagados por la empresa y la persecución con la que seguimos ciertos pobladores de Santo Domingo, sólo por reclamar, protestar. Eso causó un miedo en la población”, refiere Bayardo. 

Para mantenerse animados, de manera ingeniosa inventaron una forma de entretenerse, simulaban hacer radio, saludaban a los policías y se compartían la comida. Son parte de los recuerdos de Boanerges Luna Suárez durante su encarcelamiento en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el Chipote, por protestar contra la minera B2Gold. Doce líderes fueron encarcelados durante un mes. 

“Solo en Nicaragua se ve eso, que una empresa minera que desapareció un cerro, varias quebradas, que desapareció varios ojos de agua en Santo Domingo, se le dé un premio que es amigable con el medio ambiente”, señala Boanerges Luna, del Movimiento Salvemos Santo Domingo y coordinador del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI).

Bayardo asegura que el movimiento no se cansa de luchar para que “después nuestros hijos me digan ¨A ver papa, quiero llevar a tu nieto a conocer Santo Domingo¨ y yo ¿qué le voy a decir? Vas a ir a conocer un gran hoyo que dejaron ahí, avalado por el gobierno, por ambientalistas, avalado por todo el mundo. Simple y sencillamente porque no dimos a conocer información”.

La propaganda de las mineras está desatada, recorre América Latina y el mundo. Por eso, la solidaridad y la organización tienen que tener una resistencia y tejer redes de defensa de la vida. 

La pregunta sigue siendo ¿Quién se responsabiliza por los daños ambientales en las comunidades y la vida de las personas afectadas?