Salud, sistema enfermo en Nicaragua
La propaganda estatal que promueve incansablemente la reelección de Daniel Ortega presenta la atención sanitaria como una de sus fortalezas. Pero, detrás del principio de gratuidad, está un sistema desfinanciado cuyos costos muchas veces deben asumir de su bolsillo los nicaragüenses.
Valeria Manuel Pitt, de 49 años -jueza suplente de la comunidad miskita de Sangnilaya o Aguas Claras del municipio de Puerto Cabezas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua- vive de la agricultura y la venta de carbón. En enero, a su nieta de un año le dio dificultad para respirar, diarrea, fiebre y vómito. Le tocó trasladarla en transporte público al hospital de la cabecera de la región porque no mandaron la ambulancia. El bus sólo hace un recorrido en el día. Sale de la comunidad a las seis de la mañana y llega a las ocho a su destino. Durante el invierno, la trocha se deteriora por lo que puede tardar hasta tres horas, una larga y prolongada molestia si se lleva a un enfermo.
La niña estuvo tres días hospitalizada. En el centro asistencial le dieron acetaminofén y suero, pero no todos los medicamentos que requería. Valeria dice que le entregaron una receta con la lista de fármacos. No recuerda los nombres ni la cantidad, sólo sabe que en la farmacia la cuenta se le hizo de “unos 85 dólares”. Para ella es un montón de dinero debido a la pobreza en que vive. No tiene un ingreso fijo porque depende de lo que gane con su negocio de carbón. Un saco del mismo lo vende en 2.5 dólares, lo que significa que para cubrir el tratamiento de su nieta debió vender 34 sacos ese día, sin incluir lo que cuesta el proceso lento de producción.
“Cuando (uno) se atiende en el hospital y no tienen el medicamento adecuado, entonces le dan la receta y uno tiene que ir a la farmacia. Si uno no tiene familiar en la ciudad (Puerto Cabezas), hay que buscar cómo pagar hotel y los gastos se van incrementando”, cuenta la mujer.
Ésta es una de las tantas historias que describen la realidad de los servicios públicos de salud en el Caribe Norte de Nicaragua. No es muy ajena a la del resto del país, el cual tendrá votaciones presidenciales el próximo 7 de noviembre. El caudillo sandinista Daniel Ortega busca su cuarto período consecutivo al frente del Ejecutivo, presentando la gratuidad de la salud como uno de sus ejes de campaña electoral. Sin embargo, detrás de ese discurso triunfalista, el diagnóstico del sistema sigue siendo poco alentador.
Los testimonios revelan debilidades en el abastecimiento de medicinas, deterioro de los centros, falta de recursos humanos y la instalación desordenada de una infraestructura hospitalaria que el gobierno presenta como la “más grande de Centroamérica” y que ha aumentado a costo de una deuda de aproximadamente 237.61 millones de dólares entre 2007 y el primer semestre de 2021, según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es decir casi el 50 por ciento de lo presupuestado para salud este año.
Para llegar a Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam, tres municipios de los más pobres del Caribe Nicaragüense, las rutas de acceso varían. Sea por mar, río o trochas, aquellos sitios son una postal: un paisaje lleno de cocos, pinos esparcidos entre llanos donde pueden verse casas de maderas habitadas por ciudadanos que viven en el olvido y una profunda desigualdad. Recorrer este sitio, a conciencia, puede suponer al menos una semana adentrándose por cada comunidad.
En el marco del especial #NicaraguaNoCalla, CONNECTAS y ONDA LOCAL visitaron puestos de salud de estos municipios en una región caracterizada porque al menos el 69 por ciento de la población vive con menos de tres dólares en el día, según un dato reciente del local Instituto de Investigaciones y Gestión Social que trabaja en la zona, vulnerable además a los desastres naturales. Pero, además, en el caso de estos tres municipios en concreto donde hay al menos 185 comunidades, al menos 90 de estos lugares no tienen centros de atención sanitaria y dependen totalmente de la medicina natural.
Las largas distancias y una geografía diversa— entre ríos, bosques, con pueblos separados por largas distancias y con vías de comunicación terrestre destruidas— hacen difícil también el acceso a los servicios de salud. Sagnilaya, una aldea rural de Puerto Cabezas habitado por indígenas miskitus, tiene un puesto de salud formado por tres salas pequeñas, donde la población no es atendida todos los días. En enero pasado, cuando la visitamos, la población explicó que el personal de enfermería regresaría hasta el día siguiente, porque viajaron a trámites administrativos a la comunidad.
El puesto de salud de Sangnilaya fue reemplazado en 2008 por el estatal Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con financiamiento de la Alcaldía de Puerto Cabezas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trece años después, luce abandonado, las paredes sucias y la pintura corroída, el cielo raso empezando a desprenderse y la letrina sin techo ni puerta. El puesto es pequeño y el día de la visita del equipo periodístico ni una persona se acercó, en parte porque estaba cerrado, en segunda instancia porque la comunidad prefiere automedicarse con remedios caseros y asistir solo en emergencias.
La realidad de los que asisten es nuevamente el del desabastecimiento de medicinas. “El gobierno antes nos mandaba medicamentos que daban abasto para resolver los problemas de salud, pero ya en estos tiempos, eso ha bajado y no da abasto para atender a toda la población. El puesto de salud atiende cinco comunidades cercanas aparte de Sangnilaya; entonces, no da abasto”, confirma Valeria, quien celebra meses después que su nieta ya está recuperada.
Yamileth Obando Leman, una de las vecinas del sitio, coincide con Valeria. “Ahí está la clínica, pero no puede resolver porque mandan muy poquito medicamento…vienen de muchas comunidades, entonces los medicamentos no pueden abastecer”, reitera.
La situación de salud en esta comunidad es de cuidado, según Valeria, quien asegura que se han desatado enfermedades como la malaria y la diarrea que no han sido controladas y representan un problema generalizado en todo el Caribe Norte, pero que en este día de enero pasado no se traduce en visitas a las instalaciones del centro de atención, lo que puede explicarse en que los miembros más cercanos de la comunidad saben que está cerrada, aunque los que viven en los lugares más distantes corren el riesgo de asistir y encontrar las puertas cerradas.
Según el Mapa Nacional de la Salud del Minsa, la Malaria Vivax fue la principal enfermedad epidémica durante 2020 en los municipios de Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam del Caribe Norte al registrar 12.223 casos. La otra enfermedad que causó estragos en esos municipios es la diarrea con 420 casos hasta convertirse en la tercera causa de hospitalización y la sexta causa de defunciones con 23.
El centro sirve para medio atender a las personas enfermas, se queja nuevamente Valeria, quien explica que, cuando se trata de enfermedades graves “llaman a Puerto Cabezas, pero si no es una embarazada, no mandan la ambulancia, uno tiene que buscar cómo irse (...) Aquí si no hay dinero, uno se muere porque no tenés para salir”. Paradójicamente, los vehículos del Ministerio de Salud (MINSA), incluyendo las ambulancias, son utilizados para actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como puede fácilmente comprobarse en la página de Facebook del Gobierno Regional del Caribe Norte, controlado por esa organización política.
El acceso gratuito y universal a los servicios de salud forma parte de la política institucional del MINSA. Ortega insiste que, durante los gobiernos neoliberales (1990-2006), se desmanteló el sistema público y se privatizó la salud.
“El presupuesto para medicamentos era mínimo. Los pacientes tenían que llevar hasta el alcohol, las gasas y las sábanas (…) La infraestructura hospitalaria estaba en ruinas. Los exámenes de laboratorio, tratamientos y cirugías costaban miles de córdobas, volviendo imposible acceder al servicio a las familias pobres”, refiere el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022 – 2026, en cuya portada aparece la imagen de un médico con un pañuelo rojinegro en el cuello vacunando a una mujer, quien tiene la mano alzada en forma de “V” en señal de victoria e indicando el número 2, la casilla del partido FSLN que coincide además con las iniciales de Daniel Ortega Saavedra.
El documento agrega que, a partir de 2007, cuando el gobernante sandinista retornó al poder, se empezó a garantizar el acceso universal y gratuito a la salud. Según registros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el presupuesto del MINSA se triplicó entre 2006 y 2020, pasando de 180 millones a 529.88 millones de dólares, sin embargo, esto no significó que se haya remontado la baja inversión per cápita en este rubro, equivalente a 74 dólares en 2021.
El informe “Panorama de la salud: Latinoamérica y el Caribe 2020”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, con indicadores de 33 países de Latinoamérica, señala que el “gasto de bolsillo” en el sector salud en Nicaragua – es decir lo asumido por los usuarios sin incluir la inversión del Estado- representa en promedio el 33 por ciento de lo que se suele gastar, lo que en situaciones como las de municipios tan pobres como Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka se convierte en una dificultad mayúscula.
Para el doctor Carlos Hernández, integrante del Comité Científico Multidisciplinario, un grupo de profesionales de la salud constituido en el contexto de la Pandemia de la Covid-19 que ha sido crítico con el gobierno, una cosa es que haya una política de no cobro en los servicios públicos de salud y otra es que sea gratuita. “De pronto, en el centro de salud le dieron para 15 días de medicamentos, pero la persona tuvo que comprar los 15 días restantes”, explica.
Yorleny Lisayda, una enfermera auxiliar negra, pelo liso, de 30 años, quien nació y creció en la comunidad de Yulu, donde la riqueza se encontraba plantada en los árboles de Yulu o Caoba, es hoy en día enfermera auxiliar y lidera la atención en el puesto médico. Ese edificio tiene dos salas que comparte espacio en el mismo terreno con una pequeña casa de tablas levantada sobre pilares de madera. Para ella, su trabajo no es fácil, ya que en el centro existen muchas limitaciones. Con mucha convicción, ella dice que trabaja tiempo extra, a veces sin pago y se gasta los datos de su teléfono para ayudar a las personas.
Yulu pertenece al territorio miskitu de Twiwaupasa, donde lo primero que llama la atención al llegar—además de la pobreza— es el abandono del centro de salud. Tan mal están las cosas que ni siquiera hay esperanzas de que la suerte del local ni la de los comunitarios vaya a cambiar. No está en la lista de los 807 puestos de salud que, según el MINSA, han sido rehabilitados en todo el país ni en los que se remodelados. Acá están ausentes hasta los posters de Ortega y Rosario Murillo y la bandera rojinegra del FSLN que son frecuentes en las instituciones públicas en otras regiones, especialmente en la capital.
La enfermera auxiliar vive en carne propia la precariedad del sistema. El sitio donde ella atiende está categorizado en el sistema de salud como subsede—un puesto habilitado para la atención de varias comunidades cercanas— pero a su juicio no cumple con las características para serlo, ya que no cuenta con laboratorio, enfermera profesional, médico general, ambulancia y casa albergue. El medicamento es insuficiente, y más, en una zona donde hay prevalencia de enfermedades que han resultados mortales como la malaria, diarrea y otros padecimientos de la piel.
“Un auxiliar no tiene la misma capacidad que una enfermera profesional. Anteriormente tenía una enfermera profesional, pero, desde abril de 2020, se la llevaron para Puerto Cabezas porque había una pandemia de malaria. Me dejaron con un médico en servicio social (…) si hay una complicación obstétrica, con una embarazada, ¿qué puede hacer una enfermera auxiliar?, ¡puede mantenerlo, pero no puede hacer más!”, asegura en tono autocrítico.
Para Yorleny, que el puesto de salud no cuente con una ambulancia genera dificultades y pone en riesgo la vida de las embarazadas y de personas graves que ameritan ser trasladadas al hospital de Puerto Cabezas. Cuando se presentan casos graves, ella llama al hospital de esa localidad para que manden la ambulancia, pero tardan hasta tres horas para enviarla, a pesar de que el puesto de salud está a menos de 40 kilómetros de Puerto Cabezas.
Yorleny reclama que, en lugar de fortalecer al puesto de salud, le han quitado capacidades. “Anteriormente, yo tenía una ambulancia que había dado China Taiwán. Pero la quitaron y la llevaron para Puerto”, cuenta en un día cualquiera de trabajo: igual que en las otras comunidades hay pocos pacientes llegando hasta el lugar y la única mujer a la vista se retiró al observar al equipo periodístico.
Sotero Winter, exwihta o juez comunitario de Yulu, dice en el patio de su casa que recién llegó de pasar consulta. No le fue como esperaba: le dieron una mala noticia. “Nos han dicho que no hay suficiente medicamento para poder tratar a todos los pacientes. Ese es uno de los problemas que tenemos ahorita y estamos haciendo un llamado al gobierno si nos pueden apoyar con medicamentos para poder tratar los problemas que tenemos en nuestra comunidad”.
Los insumos que el MINSA manda al puesto de salud son insuficientes y tampoco se ajustan para atender la demanda de una población de más de 2.500 personas. Yorleny hace un milagro como en el relato bíblico de la multiplicación de los panes. Ella recibe mil tabletas de acetaminofén para el mes. La enfermera calcula que, recetando la mitad de la dosis recomendada, 10 tabletas de acetaminofén de 500 mg para una persona adulta, le puede ajustar para 100 personas. Usualmente, la indicación es una tableta cada seis horas por lo que ajustaría sólo para tres días si cumpliera con la lógica matemática y no recurriera a su pragmatismo.
“Lo que yo quiero es que me aumente el insumo médico. A veces yo quiero dar, pero no me alcanza. El diagnóstico no va a rendir, aunque yo quiera”, explica sobre las circunstancias reales que enfrenta como profesional; un hecho que tiene consecuencias en los pacientes al darse en ciertos casos recaídas por enfermedades mal curadas.
A orillas del río Coco o Wangki, uno de los más caudalosos del país en invierno, fronterizo con el vecino centroamericano de Honduras, la realidad parece copiada al carbón con Sangnilaya y Yulu, a pesar de que existe un hospital primario en el municipio de Waspam (Remolino de Aguas) y en los otros no.
El río es la principal vía de transporte, pero sólo puede ser navegado en verano por pequeños botes y balsas de madera. Desde una comunidad hasta la cabecera municipal de Waspam, una persona puede tardarse entre ocho y 12 horas. Otro suplicio.
Adrián Sierra Bucardo, concejal regional por el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA) o Hijos de la Madre Tierra, resume la situación de la salud en una palabra “pésima”. Para él, el Hospital Primario de Waspam “Oswaldo Padilla”, es en realidad un “mini hospital”, porque no tiene capacidad para darle atención a todo el municipio.
“Existen varios puestos de salud distribuidos a lo largo y ancho del municipio donde la atención es pésima por la falta de medicamentos y de personal médico”, señala. En las comunidades de Waspam, cuando se presenta una emergencia, si la persona no cuenta con los recursos necesarios, se muere y no logra llegar al hospital, agrega Sierra.
El transporte, además de escaso, es caro. “El costo mínimo -en viaje privado- para poder llegar desde una comunidad del Río Coco Arriba al hospital de Waspam es de 10.000 córdobas (285 dólares) … y llegar para recibir atenciones pésimas”, se queja Sierra.
La comunidad de Asang Río Coco, territorio indígena de Li Lamni, está localizada a 120 kilómetros del municipio de Waspam en la parte alta del rio Wangki, cuenta Pitter Hendy, de 32 años, juez suplente de la comunidad. El bote únicamente hace dos rutas a la semana. De Asang sale cada lunes hacia Waspam y regresa miércoles, vuelve a salir el jueves y retorna el sábado. El pasaje cuesta 40 dólares ida y vuelta en el bote público.
A veces, para sacar a una persona enferma tienen que alquilar un bote a precios exagerados, expone Pitter. Si una persona no tiene familia en Waspam tiene que agregar a su presupuesto aproximadamente 25 dólares por día para pagar el hospedaje más barato y la comida.
El personal que llega al puesto de salud de Asang no es permanente. “Traen un enfermero cada seis meses, después mandan otro. Aquí no tenemos enfermero profesional, mandan practicantes. En caso de las medicinas hay escasez, el Ministerio de Salud casi no abastece. El puesto es muy pequeño y la comunidad es grande, cuenta con un total de 1.668 habitantes, y vienen los vecinos que están en otras comunidades a buscar medicamentos”, expone Pitter.
Separados de Waspam a ocho horas navegables en río, y una hora más en bus, la comunidad de Francia Sirpi sufre los mismos problemas de Asang, en el caribe olvidado. Poblada por 448 familias, este sitio pertenece al territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya que ha estado sometido a la violencia perpetrada por colonos o terceros armados que buscan apoderarse de las tierras, causando desplazamientos forzosos y daños a la salud emocional, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aquí tampoco hay capacidad para atender a toda la población. La unidad de salud fue construida en 2005 por el gobierno del expresidente Enrique Bolaños. La comunidad requiere una más grande que tenga laboratorio, sala de atención para mujeres y que el personal de salud pueda contar con casa base o albergue para que descanse y no ande posando, dice Emilia Pedro, moradora de la comunidad.
A pesar de que el gobierno actual se enorgullece de estar construyendo hospitales, en este lugar llevan más de cinco años gestionado la ampliación de su puesto de salud. Aunque no recuerda con exactitud, Emilia dice que hace años se inició la ampliación de la unidad, pero la obra quedó inconclusa y no les dieron explicaciones. Solo quedaron los hoyos—llenos de agua al momento de la entrevista— donde colocarían los pilares del nuevo edificio.
Una posible reparación del puesto de salud se contempló en el Plan de Inversión Pública 2007 – 2012 del Gobierno, pero en la zona no se observan mayores cambios: la realidad sigue siendo deplorable. A nivel nacional, si se amplía la fotografía del sistema público, en muchos lugares viven iguales circunstancias y en otras hay obras en progreso que se están desarrollado gracias, sobre todo, al endeudamiento del país.
Infraestructura sanitaria vulnerable
En 2005 Nicaragua contaba con 1.092 unidades de salud, la gran mayoría estaba en malas condiciones, refiere el Plan de Lucha Contra la Pobreza 2022 - 2026. Agrega que, entre 2007-2020, se ha logrado construir la “Red de Infraestructura de Salud Pública más Grande de Centroamérica” con la construcción de 19 nuevos hospitales y la rehabilitación de 46, la construcción y rehabilitación de 1.259 puestos médicos, 192 Centros de Salud y 178 Casas Maternas. Además, se ha reforzado el sistema de salud con 66 clínicas móviles.
Sin embargo, los especialistas consideran que el crecimiento no ordenado de la red de servicios, sin criterios de accesibilidad en el caso de los sitios separados por largas distancias, sigue siendo un problema en Nicaragua. “¿Dónde y bajo qué criterio están esos hospitales?”, preguntó el consultor económico, Maykell Marenco, en un mensaje de Twitter en el que evaluó el sistema de salud a través de estos criterios: La falta de camas, la calidad de la atención y el hacinamiento en los hospitales. Según el gobierno, igual que afirma tener una enorme red de centros de atención, se ufana de tener 10.685 camas hospitalarias, un número que sigue siendo insuficiente para atender a la población.
Esta infraestructura sanitaria también se vio severamente afectada en la Costa Caribe Norte por los huracanes Eta –de categoría 4– e Iota –de categoría 5– que impactaron en esa zona el 3 y 16 de noviembre de 2020, respectivamente, dejando al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura de salud. El Estado reportó daños por el orden de 2.35 millones de dólares en el Caribe Norte de un total de 12.6 millones de dólares a nivel nacional.
En la comunidad de Haulover del municipio de Prinzapolka, donde tocaron tierra ambos huracanes, el puesto de salud fue arrasado. Antes de estos fenómenos naturales, la comunidad era una barra de tierra con una vista hermosa desde la que podía verse, por un lado, el Mar Caribe y por el otro la Laguna de Haulover. La furia de los huracanes dividió a la comunidad en dos, formando una pequeña isla. A Haulover se llega en bote por dos vías: Por el mar o por un canal que aprovecha los ríos y lagunas de la zona, cuyo embarcadero se conoce como Lamlaya.
“Ahora no tenemos clínica, quedó destruida. Estaba un médico social y lo trasladaron para Alamikamba y ahorita sólo está una enfermera comunitaria. Sola no puede, tiene que estar al lado un doctor o una enfermera profesional para atender las emergencias. A veces, uno va y no hay algunos medicamentos; y con la situación, la gente no puede comprar”, relató Jacqueline Budier, una de las comunitarias.
Según el Ministerio de Salud, la atención mejorará con la construcción del Hospital Regional Nuevo Amanecer de Bilwi que tiene proyectada una inversión de 74.47 millones de dólares, donde podrán atenderse todos los caribeños del norte. Se prevé que su construcción finalice el 31 de diciembre de 2023, pero para comunidades como Yulu, Francia Sirpi, Asang, Haulover la falta de acceso sigue siendo invariable y costosa.
Foto / El 19 Digital
La represión ejecutada por el gobierno de Ortega conspira además contra los intereses de la población. El Hospital Nuevo Amanecer es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 52.97 millones de dólares. El cofinanciamiento de la obra estaba garantizado con una donación de 21.5 millones de dólares del Reino de los Países Bajos, pero en 2018 congeló la cooperación debido a la represión del régimen nicaragüense.
"Debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales, el gobierno del Reino de los Países Bajos ha suspendido la cooperación con el gobierno de Nicaragua con respecto a la construcción del Hospital en Bilwi, Nicaragua", señala la nota de prensa publicada en el sitio web de la embajada. El comunicado agrega que la decisión también se tomó “debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes (opositores) en Nicaragua".
La construcción y remodelación de la infraestructura sanitaria del país es en general dependiente como se dijo de la cooperación externa. Entre 2008 y 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE se han convertido en los principales financistas de la red hospitalaria de Nicaragua y han mantenido el apoyo al régimen de Daniel Ortega, a pesar de la grave situación de derechos humanos y la posición firme de Holanda en ese sentido.
El gobierno sostiene que actualmente está construyendo ocho hospitales nuevos y se están mejorando 15 puestos de salud, sin embargo, la subejecución de las obras es otro factor que está afectando al sistema. Solo uno de los hospitales prometidos ha sido inaugurado en agosto pasado.
Para el doctor Carlos Hernández, especialista en salud pública, “los resultados no se miden en cuántas consultas hice, en cuántas construcciones hice; esas son avances, pero hay que centrarse en cuántas enfermedades y muertes evitamos. Nos han presentado informes grandilocuentes en términos de la infraestructura, mejoramiento de la tecnología, pero no nos hablan mucho de los resultados”, manifiesta.
Hernández reconoce que hay avances evidentes como la mejoría y ampliación de la infraestructura y el personal de salud, la mejoría en la esperanza de vida al nacer y en la reducción de la mortalidad en grupos específicos, sobre todo el infantil. Pero persisten preocupaciones en la situación de salud de la población. “El país ha registrado una alta mortalidad por la Covid 19. Se ha perdido el control del dengue, la malaria se ha expandido, existe una ausencia de políticas de prevención de enfermedades crónicas”.
En 2020 fallecieron en Nicaragua 31.911 personas; 6.573 más que en 2019, siendo las principales causas de muerte el infarto agudo al miocardio, la diabetes mellitus y la neumonía. Organizaciones médicas independientes cuestionan la credibilidad de las autoridades, dado que expresan que las muertes de COVID han sido encubiertas con diagnósticos como neumonía atípica. El Ministerio de Salud de Nicaragua ha reportado hasta el 20 de julio de 2021 un acumulado de 7.313 casos positivos de Covid 19 y 194 personas fallecidas, la más baja de Centroamérica según sus datos.
La neumonía se mantuvo como la novena causa de muerte entre 2017 y 2019, este último año con 539 casos. Pero, en 2020 se disparó a 2.849, cinco veces más que el año anterior, convirtiéndose en la cuarta causa de defunción. Organizaciones médicas independientes han denunciado que el Minsa ha encubierto el número de muertes por covid 19 como neumonía. Hasta el 10 de agosto de 2021, el Gobierno de Nicaragua reconoce unicamente 197 muertes atribuibles al coronavirus.
Déficit de personal, otro síntoma del mal estado de la salud del sistema
Aunque el Banco Mundial estima que en Nicaragua existe un médico para cada mil habitantes, según estadísticas del Minsa la fuerza laboral pasó de 22.083 trabajadores de la salud en 2006 a 36.649 en 2020, entre médicos, personal de enfermería y técnicos.
“Médicos hay cada vez menos”, se queja Ricardo Pineda, miembro de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), una de las 24 organizaciones a las que la Asamblea Nacional, les canceló la personería jurídica el pasado 27 de julio en un acto de represión contra los especialistas por denunciar el mal manejo de la pandemia del Covid-19 en Nicaragua.
A pesar del discurso oficialista del incremento de personal en realidad se ha visto menguado por la represión que el gobierno mantiene desde 2018. Según la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), al menos 468 miembros de personal sanitario incluyendo especialistas, médicos, enfermeras y técnicos han sido despedidos por apoyar las protestas antigubernamentales y denunciar la negligencia del gobierno en la respuesta a la pandemia de Covid-19. Además, unos 400 médicos han salido del país desde abril de 2018, agrega Pineda. A esto se suma, las muertes del personal de salud por causas atribuibles a la pandemia. El Observatorio Ciudadano reporta 150 muertes entre personal de salud, que sospechan fue por el virus.
“Los recursos humanos están menguando y no se puede sustituir a un profesional de muchos años de estudio de la noche a la mañana”, sostiene Pineda, quien agrega que el sistema de salud en Nicaragua sufrió un daño irreparable desde el momento que, llenaron las unidades de salud de activistas políticos que lo último que quieren es la salud de la población. Son activistas peligrosos y se han dedicado a silenciar. La amenaza de despido es lo que está a la orden del día”, denuncia Pineda.
Mientras el Ministerio de Salud quita entonces recursos humanos valiosos al sistema de salud, en el Caribe Norte y en las zonas más alejadas de las ciudades, la población clama por más medicinas, médicos y personal de enfermería profesional, y mejores centros de salud. La enfermera auxiliar del puesto de salud de Yulu, Yorleny Lisayda Roy Reymundo, pide a Ortega un cambio de estrategia y más insumos médicos para atender la demanda de la población.
El doctor Hernández considera que el modelo de salud actual evidencia las claras deficiencias que tiene Nicaragua y plantea la urgente necesidad de evaluar seriamente para mejorarlo y salvar vidas. Según él, el país debe avanzar de un modelo curativo a uno verdaderamente preventivo.
