Fundación Violeta Barrios registra 360 casos de violaciones a la libertad de prensa en 2020

A 43 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, las libertades públicas continúan bajo amenaza. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registra que en los últimos diez años han desaparecido 20 medios de comunicación y cuatro programas, un periodista murió de forma violenta, decenas de comunicadores lesionados, seis fueron apresados y torturados; y más de 70 comunicadores fueron forzados al exilio.

Para Guillermo Medrano, especialista en temas de acceso a la información y participación ciudadana; los medios de comunicación han estado expuestos a ser catalogados como enemigos del gobierno; “el gobierno ha querido suplantar y vender que los medios de comunicación independiente, los que no se suman, los que no repiten la narrativa oficial son opositores y los medios de comunicación lo único que hacen es transmitir lo que está ahí, lo que es noticia”, destacó Medrano.

En el año 2020 la FVBCH documentó 360 casos de violaciones a la libertad de prensa. Cada 30 horas se cometió una agresión contra la prensa independiente, reveló Medrano. 

Para Cristiana Chamorro, asesora de la FVBCH han sido diez años de verdadera represión, que comenzó con el secretismo de Estado. “Los hombres pasan y se terminan, pero las ideas se eternizan en la conciencia de la generación. A pesar de que son 43 años de la muerte de mi padre, las ideas, el legado, el pensamiento y la propuesta de Pedro Joaquín Chamorro sigue vigente”, manifestó.

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Un estudio realizado por la FVBCH sobre el Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública señala que Nicaragua es el Estado de Centroamérica donde más se han prescrito medidas cautelares para proteger la integridad de medios y periodistas afectados por las agresiones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. 

“La CIDH ha otorgado medidas cautelares a favor de 61 periodistas y staff de seis medios de comunicación (La Costeñísima, El Meridiano, Confidencial, Radio Darío, 100%, Noticias Notimat) entre 2018 y 2020”. Guillermo Medrano expresó que las medidas cautelares se dan cuando en un Estado, las personas sufren o están expuestos a algún tipo de violación a los derechos humanos.

El estudio menciona que han ocurrido agresiones de diferente índole en contra de decenas de periodistas en toda Nicaragua y en cada una de ellas prevalece la falta de investigación y la impunidad.  

A finales de 2020, el Estado de Nicaragua aprobó instrumentos legales que violan derechos y garantías constitucionales, la Ley de regulación de Agentes Extranjeros y la Ley especial de ciberdelitos. “La década 2010-2020 en Nicaragua ha estado marcada por Ia persistencia de un entorno agresivo hacia la libertad de prensa y el acceso a Ia información pública…se ha desarrollado una estrategia escalonada en contra de medios y periodistas, para golpearles económica, física, moral, psíquica, política y legalmente”, explica el estudio.

Para la FVBCH la falta de acceso a la información pública limita este derecho constitucional de la ciudadanía y aunque en 2007 se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua, el Estado ha hecho lo necesario para impedir su implementación.

Algunas de las irregularidades que destacan los hallazgos del a FBVCH son: No se han asignado presupuesto suficiente, personal suficiente y capacitado y no se han creado las Oficinas de Acceso a la Información Pública en cada entidad implicada por la Ley. “La práctica oficial ha sido denegar la información, borrar, desactualizar y tornar inútiles los portales web de las instituciones”, agrega.