FIDH y Cenidh denuncian ejecuciones extrajudiciales y represión sistemática en Nicaragua

El 18 de abril de 2018 marca un punto de quiebre en la democracia nicaragüense. En el contexto de las protestas estudiantiles y ciudadanas, 328 personas fueron asesinadas. Las estructuras estatales y paraestatales responsables de estos crímenes siguen hoy en el poder, en la más completa impunidad, reprimiendo estos dos últimos años -con nuevas estrategias- a la población, señala un informe presentado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 

Este informe de más de 70 páginas sobre esta ola de represión y terror es el resultado de un trabajo de monitoreo, análisis y documentación de la situación del país en el período 2018- 2020. También analizaron 113 ejecuciones extrajudiciales cometidas en su mayoría entre abril y septiembre 2018 y explican por qué estas constituyen crímenes de lesa humanidad.

El documento muestra el carácter sistemático de estos asesinatos y en particular la coordinación en los operativos que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales entre entidades estatales y paraestatales como son las milicias orteguistas. También, se detalla cómo fueron creados y organizados estos grupos armados paramilitares que hoy día siguen teniendo un rol de control y represión social.

También denuncia los roles en las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y máxima autoridad de las fuerzas de seguridad del país y secretario general del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de la vicepresidenta Rosario Murillo, de Francisco Javier Díaz Madriz, director de la Policía Nacional de Nicaragua, y de Sonia Castro, exministra de la Salud, esta última por haber dado órdenes para la negación de asistencia médica a las personas heridas en los contextos de ataques a manifestaciones y tranques.

Para la realización de este informe se estudiaron y analizaron casos que ocurrieron en dos períodos distintos, uno comprende del 18 de abril  al 23 de septiembre de 2018 y el otro del 24 de septiembre de 2018 hasta la redacción del documento. De las 113 muertes documentadas por el CENIDH, 98 fallecieron el mismo día en que fueron heridas y 15 sobrevivieron más de un día. 

En el primer período encontraron que 33 personas fueron ejecutadas como consecuencia de ataques a manifestaciones, 27 en ataques a tranques, 32 en ataques focalizados y 15 en ataques indiscriminados. Mientras que en el segundo período, se evidencia el despliegue de operativos focalizados para asesinar a opositores político.

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“Los ataques directos contra personas consideradas enemigas por agentes estatales y paraestatales han continuado, provocando la muerte de 6 personas de las 113 documentadas por el equipo del CENIDH (3 personas en los Trojes, el Paraíso, Honduras; 2 en Jinotega y 1 en León). Estas seis personas fueron ejecutadas en operativos focalizados, aunque no hubieran tenido una participación directa en las manifestaciones, como en el caso de Bryan Yeraldin Murrillo López y de José Francisco García Sobalbarro”, señala el documento.

De 113 víctimas, el 92% no había cumplido los 45 años, el 67% se encontraban en rangos de edad de estudios universitarios con 18 a 34 años y el 12% son personas menores de edad; la víctima de menor edad tenía cuatro meses de nacida, su muerte fue producto de un ataque indiscriminado por estructuras paraestatales. El informe refleja que la mayoría de las víctimas no tenían militancia o preferencia política con ningún partido.  

En el informe también destacan que la actuación de los agentes estatales respondió a un plan orientado a controlar, neutralizar y eliminar a las personas “consideradas opositoras” del régimen, mediante la generación de un contexto de terror generalizado que aún se mantiene vigente.

“Se muestra el carácter sistemático de estos asesinatos y en particular la coordinación en los operativos que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales entre entidades estatales, y paraestatales como son las milicias orteguistas”, agregan en el documento.

Ambas organizaciones de derechos humanos, concluyen en que la ciudadanía como enemigo interno ha sido un elemento clave en la represión implementada por agentes estatales y paraestatales a fines a la dictadura . “Desde enero de 2019 hasta mayo de 2020 se registraron diversos actos de agresión por parte de agentes estatales y paraestatales en distintas partes del país. Estos actos de agresión han incluido desde amenazas hasta la detención y negación de la libertad de personas procesadas”, cita el documento.

La FIDH y el CENIDH destacan que entre 2019 y 2020 los secuestros “exprés” fueron parte de las modalidades de represión, registrándose un promedio diario de 10 casos de secuestros o arrestos ilegales, ejecutados por policías y civiles armados durante el último trimestre de 2019. 

Estas organizaciones de derechos humanos consideran que Nicaragua no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega Murillo permanecen en la impunidad.