En caso “Cinco Pinos” ¡Policía miente!
- 26 Ago 2015
- 11:27 a.m.
Francisco Reyes Méndez (alias Cinco Pinos), señalado por la Policía de Nicaragua de ser el Jefe de la “Banda Delincuencial Cinco Pinos” y otro integrante de la misma, no identificado, murieron durante un enfrentamiento ocurrido el pasado 20 de agosto de 2015 en la comunidad El Toro, municipio de San José de Bocay, informó la policía en una nota de prensa.
Pedro Díaz, de 70 años, es el hombre que la policía no logró identificar. Pero, no perteneció a ninguna banda delincuencial, ni murió en un enfrentamiento con la policía, fue asesinado en su casa por el ejército, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Deivy Tomás Díaz Hernández y María Esmilda Díaz Hernández, hijo e hija de Pedro Díaz.
A juicio de Juan Carlos Arce, de la filial del CENIDH en Matagalpa, este caso deja en evidencia una creciente ola de inseguridad en las zonas rurales de Nicaragua, donde se han registrado operativos de fuerzas combinadas entre la Policía y Ejército, que dejan civiles fallecidos. De igual manera, se pone de manifiesto una contradicción entre la versión de la policía y los hechos relatados por los familiares de Pedro Díaz. “Ellos señalan una intervención del Ejército donde posteriormente llega la Policía Nacional, no como lo señala la nota de prensa de la Policía, donde se habla de un enfrentamiento donde fue un contingente policial”, manifestó.
Arce informó que el martes 25 de agosto el CENIDH visitó las delegaciones policiales de San José de Bocay y El Cua, para constatar si se había realizado alguna denuncia en contra de Pedro Díaz, pero los oficiales investigadores encargados, dijeron que entre 2014 y lo que va del 2015, no se registraba ninguna denuncia; “Entonces no es cierto, según los datos, que don Pedro fuera un delincuente”.
Paradoja
Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH, mencionó que resulta indignante que Daniel Ortega mandara un mensaje a Barack Obama pidiendo indulgencia a favor del nicaragüense Bernardo Tercero, culpable de asesinato en 1997, cuya sentencia a muerte fue suspendida el martes 25 de agosto. “Aquí se están ejecutando personas por la vía ilícita. No tenemos pena de muerte, pero en Nicaragua se ejecutan arbitrariamente a las personas”, sostuvo Carrión.
“Este es un caso con contradicciones y vacíos importantes, un caso que requiere evidentemente una investigación sincera y profunda de parte de la Policía Nacional, y que digan la verdad sobre lo que pasó el jueves a las seis de la mañana. Es un caso que una vez más compromete la credibilidad de la Policía y El Ejército. Ha sido una ejecución arbitraria lo que ha ocurrido acá”, concluyó el defensor de Derechos Humanos Juan Carlos Arce.
