¡Justicia! Exigen familiares de personas asesinadas por colonos en territorios indígenas

Este martes se realizó un conversatorio en el que participaron algunos familiares de personas asesinadas en el cerro de Kiwakumbaih (Roca del Diablo) territorio Mayangna el pasado 23 de agosto. En la plática, también participaron familiares de personas que fueron asesinadas entre 2015 y 2016 de las comunidades Santa Clara, Zelaya, Santa Fe y Wiwinak, quienes narraron sus testimonios y el patrón represivo de colonos en estas comunidades.

Amaru Ruíz, presidente de Fundación del Río destacó que en los últimos años las comunidades indígenas, miskitas y mayangnas han enfrentado más de siete masacres y atentados.

Según Ruiz, el reporte de la policía orteguista sobre la última masacre a las comunidades indígenas, solamente contabilizó a nueve personas asesinadas, sin embargo, los reportes de las comunidades confirman el asesinato de 12 personas, sus nombres corresponden a: Víctor Manuel Matamoros, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Hernández Palacios, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody Waldan Salgado, adolescente de iniciales J.L.P/ J.R.B, Jaoska Jarquín Gutiérrez, Morgan Pantín y Romel Simon Kelly.

Las víctimas del 23 de agosto en la comunidad Wiwinak fueron los hermanos Borlan Gutiérrez Empra y Sixto Gutiérrez Empra, el primero de ellos tenía tres hijos y el segundo tenía seis. Su padre Juan Gutiérrez Flores y su madre Raynicia Empra Richard, aseguraron que uno de sus hijos se encontraba en la zona de Kiwakumbaih lavando boro, en ese momento fue asesinado por colonos y mayangnas.

Ese mismo día fue asesinada Kedelin Jarquín Gutiérrez, su padre Reyli Jarquín Wilson y su madre Ermita Gutiérrez Empra, explicaron que ella se encontraba en la zona de Kiwakumbaih, ubicada en el municipio de Waspán, “buscando como ganarse la vida para criar a sus dos hijos y hoy, ellos han quedado en la orfandad…estos niños son muy pequeños, uno tiene 2 años y el otro tiene 6 meses”.

A juicio del papá y la mamá de Kedelin no hay justicia para el asesinato de su hija. “Nosotros estamos solicitando ayuda, buscamos justicia ante lo que pasó y esperamos que el gobierno nos pueda resolver. Otra petición que tenemos, es que queremos llegar al lugar donde están los restos de nuestra hija, para traerlos a nuestra comunidad y darles sepultura”.

Wilmor Waldan y Alicia Salgado, son el papá y la mamá de James Waldan Salgado, asesinado el mismo día que Kedelin y los hermanos Gutiérrez. “Ese día mi hijo, salió a buscar ingresos para la alimentación y el estudio de sus dos hijos. Mi hijo no andaba robando, andaba trabajando en el cerro de Kiwakumbaih y ahí fue asesinado por colonos”.

El padre y la madre de James, mencionan que desde el día del asesinato de su hijo el gobierno continúa sin hacer nada, “ha capturado a algunos Mayangnas, sin embargo, ha perdido y escondido a los colonos responsables”.

El padre de James, señaló que su hijo no fue asesinado de una vez, según testigos, le comentaron que, “fue torturado, le pegaron primero un balazo en el estómago y luego lo colgaron, como colgaron, posteriormente me lo mataron”.

La solicitud de la familia de James es que les apoyen para asistir al lugar donde todavía se encuentran los restos de su hijo y llevarlos a sepultar. Aseguran que esto no es fácil, porque ambos son personas de escasos recursos.

Violencia contra las comunidades indígenas no es nueva

El 14 de junio de 2021, en la Comunidad Santa Fe fue asesinado Bonifacio Dixon Francis, su padre Mario Dixon Salomón y su madre Isabel Francis, señalaron que Bonifacio estaba en la comunidad cuidando animales, propiedad de su familia. “Se nos robaron una de nuestras vacas y se la llevaron a la zona donde están los colonos, él fue al lugar a buscar el animal, pero cuando iba de camino se encontró con un grupo de colonos que venían arreando ganado, cuando él ya venía de regreso, no sabía que quienes perseguían a los colonos arreando las vacas ya habían matado a dos colonos y después lo mataron a él”.

Isabel Francis, madre de Bonifacio aseguró que cuando llegó la policía al lugar donde fue asesinado su hijo, “entraron a sacar el cuerpo del colono asesinado pero no sacaron el cuerpo de Bonifacio, después mis otros hijos y nietos tuvieron que poner en alto riesgo su vida y entraron a traer su cuerpo para llevarlo a nuestra casa”.

Francis, agregó que cuando fue a la policía a buscar justicia por el asesinato de su hijo, “me dijeron que Bonifacio estaba bebiendo chicha con otro primo, pelearon y fue asesinado por su mismo primo, pero no es así, ellos están escondiendo la verdad de quién lo mató. Como padres buscaremos justicia por nuestro hijo hasta el final”.

En la comunidad Esperanza, Río Coco vive Ignacia Taylor Martínez, viuda de José Álvarez Blandón, asesinado en 2015 por colonos. En su testimonio, Ignacia destacó que, hasta el momento, los recursos y las riquezas de los pueblos miskitos están siendo usurpadas por los colonos.

“Nosotros en el municipio de Waspán teníamos suficientes recursos, pero nos quitaron la mina Murubila y ahora nuestra gente se ha tenido que mover al centro para ganarse la vida, sin embargo, nosotros no necesitábamos movernos hasta allá, como consecuencia, ahora están matando a nuestra gente”, mencionó.

Ignacia, también criticó a la dictadura de Daniel Ortega, “parece que al gobierno de Nicaragua le importa que los colonos se reproduzcan y ocupen nuestros espacios…no sabemos cómo está viniendo este montón de gente hasta aquí y si Daniel los metió, pues que los venga a sacar”.

La comunitaria, concluyó su testimonio denunciando que tienen mucho miedo y no viven tranquilos, “cuando nuestros jóvenes o los comunitarios salen al bosque a buscar un bastimento, a visitar las parcelas, descansamos hasta que regresan porque en muchos casos han entrado y han sido asesinados en el monte”.

Amaru Ruíz, mencionó durante su intervención que, en la síntesis de los hechos ocurridos en la última masacre, la policía omitió que el día 11 de agosto a las 5:17pm, la delegación policial en Bonanza recibió una denuncia sobre las amenazas que se habían presentado en el cerro de Kiwakumbaih y los relatos de comunitarios demuestran que no atendieron las denuncias, “esa denuncia se dio 12 días antes de la masacre, es decir que se pudo haber evitado”.