Organizaciones denuncian demolición de la libertad de asociación en Nicaragua

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación del Río, presentaron dos informes complementarios sobre la demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua. Estos documentos fueron presentados y entregados a personas delegadas por el Cuerpo Diplomático acreditada en Costa Rica y a organizaciones aliadas.

Fundación del Río y Popol Na fueron dos de las nueve organizaciones civiles a las que la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, les canceló las personerías jurídicas en 2018. El 25 de junio de 2020, la Asamblea dejó sin personería a la Asociación de Hermanamientos Municipales, ASODHERMU de Camoapa.

El 28 de julio de 2021, la Asamblea de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría médicas. El 16 de agosto de 2021, fueron suspendidas seis organizaciones de cooperación internacional: La National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI), Helping Hands The Warren William Pagel, M.D Foundation, la Fundación OXFAM Intermón, OXFAM IBIS y DIAKONIA de Suecia. Luego, el 26 de agosto de ese mismo año, 15 organizaciones fueron ilegalizadas. El Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG-Nicaragua), la Fundación Mejía Godoy, la Asociación Instituto de Investigación y Gestión social (INGES), la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka-Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL) son algunas de estas.

El 13 de diciembre, la Asamblea ejecutó la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).

El 18 de enero de 2022, el régimen ordenó la cancelación de tres asociaciones universitarias: Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro-Universidad de Jinotega.

El 2 de febrero de 2022, la cancelación de la personería jurídica continuó a la orden del día con la ilegalización de otras 16, incluyendo a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco “Francisco Luis Espinoza Pinedo” (UCATSE), la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Paulo Freire.

El 15 de febrero de 2022, otras seis organizaciones se sumaron a la lista: La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI), la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), el Centro de Promoción Nicaragüense de la Juventud y la Infancia, la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS) y la Asociación Pen Internacional Nicaragua.

Fabretto Children's Foundation, Comundo, Trocaire, We Effect, Creative Associative y Global Communities, se sumaron a la larga lista de oenegés que han sido despojadas de su personería jurídica por parte del régimen Ortega Murillo, el 16 de febrero de 2022.  

El informe presentado señala que, el Estado de Nicaragua, no ha atendido las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) en cuanto a garantizar la Libertad de Asociación. Más bien, canceló 96 personerías jurídicas de ONG nacionales e internacionales, asociaciones médicas, asociaciones culturales, universidades, organizaciones gremiales y empresariales. En muchos de estos casos, añade, se confiscó de facto sus bienes y dejó desatendidas a miles personas nicaragüenses beneficiarias de sus proyectos de desarrollo y envió al desempleo y al exilio a decenas de profesionales.

Según el informe, el Estado de Nicaragua ha legislado, normado y establecido un control financiero que asfixia la libertad de asociación en el país, para sustituirla por un control político absoluto de la ciudadanía.

Ambos informes denuncian la instrumentalización del poder judicial que deniega justicia a las organizaciones, así como, la instrumentalización del poder legislativo que ha creado un cuerpo normativo (agentes extranjeros, seguridad soberana y ciberdelitos) para criminalizar la libertad de asociación, lo cual está poniendo en riesgo la cooperación al desarrollo.

“La represión contra toda forma de organización, crítica o protesta, ha sido documentada por múltiples organismos a nivel nacional e internacional. Por tal razón, en diciembre de 2021, el Civicus Monitor dio la escala de espacio cívico “CERRADO” en Nicaragua”.

Las tres organizaciones que presentaron estos informes han documentado 115 agresiones a diferentes formas asociativas en el país, durante el período 2007-2022. Sin embargo, tienen la certeza que existe un número mayor de organizaciones sin fines de lucro que han tenido que cerrar en Nicaragua, debido a este “plan de tierra arrasada” ejecutado por el régimen en contra de la sociedad civil en Nicaragua. “Nos comprometemos públicamente a continuar profundizando estos esfuerzos de documentación. A lo largo de sus más de 30 años de existencia, quienes fundaron estas organizaciones, y las nuevas generaciones que hoy las sostienen, han mostrado que cuando nos asociamos por principios y valores compartidos, no se requiere de personería jurídica para luchar por una mejor Nicaragua. Afirmamos con absoluta convicción que la confiscación de bienes y personerías jurídicas no impedirá que sigamos ejerciendo nuestro derecho a defender derechos”, finalizaron.