En juicio político, Cristiana Chamorro y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, reciben fallo de “culpabilidad”

Los testigos de la Fiscalía fueron contradictorios, el informe del Ministerio de Gobernación también, el Perito de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional reconoció que no había evidencias de dinero sucio y las personas beneficiarias de la Fundación Violeta declararon que sus relaciones con ésta “fueron totalmente honesta, transparente y correcta”. Aun así, el juez orteguista, Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, dictó un veredicto de “culpabilidad” contra Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. También fueron declarados “culpables” el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el conductor de Cristina, Pedro Vásquez por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, respectivamente. 

La Fiscalía, al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitó ocho años de prisión para Cristiana Chamorro, 13 para Marcos Fletes y Walter Gómez; siete para Pedro Vásquez y nueve para Pedro Joaquín Chamorro.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo que después de siete días de tortura en el Chipote, el espurio Poder Judicial declaró culpables a exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios por delitos que no han cometido. El organismo de derechos humanos exigió la liberación inmediata.

La expresidenta de la FVBCH, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, fue detenida el 2 de junio de 2021 y quedó bajo arresto domiciliar.

El “juicio” duró siete días; las últimas tres audiencias fueron maratónicas. El medio Confidencial publicó que el Ministerio Público presentó como testigo al capitán Jairo Ramírez Carrión, perito de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, responsable de elaborar el análisis financiero patrimonial sobre el caso de la Fundación, en el que descansa la acusación. Sin embargo, el documento de 99 páginas, indica desde la primera página que es un “informe preliminar”; es decir no un informe conclusivo, hecho que fue ratificado por el mismo perito cuando fue consultado por los abogados defensores.

“Dijo que era un informe preliminar y que él solo miraba actividades sospechosas, pero nunca dijo que eso es lavado de dinero”, indicaron las fuentes a Confidencial. “Cuando vos tenés un informe final, ya tenés tus propias conclusiones, pero cuando el informe es preliminar, significa que la investigación está avanzando, no ha concluido. Por lo tanto, tomar un veredicto basado en este informe es un absurdo. No pueden condenar a alguien cuando es un informe preliminar porque a lo mejor, al final, resulta que no sos culpable- si esto no fuera un juicio político-”, subrayaron.

La publicación de Confidencial agrega que, las principales conclusiones del documento del perito de la Policía orteguista indican que la expresidenta de la FVBCH supuestamente “utilizó a otros investigados para que sirvieran como colaboradores necesarios para la sustracción de fondos provenientes de las donaciones”. Además, existe un monto de 2.2 millones de córdobas y 303 003.76 dólares de los que “se desconoce su actividad laboral o económica alternativa que originó esta retribución monetaria”.

Sin embargo, las defensas argumentan que dichas afirmaciones son provisionales, a tal punto, que los “depósitos bancarios no tienen hora, fecha, ni las sucursales en que hicieron el depósito, nada. ¿Cómo vas a venir a decir que recibiste en tu cuenta 500 córdobas, si no te digo que día te los depositaron y a qué hora?”, cuestionaron.