Cierre de organizaciones frena esfuerzos por el desarrollo local y rural

Melisa Hernández vive en la comunidad rural Daraylí, a 22 kilómetros al este de Condega, en el departamento de Estelí.  Tiene una pequeña pulpería, hace repostería para vender y participa junto a un grupo de jóvenes en un proyecto de elaboración de una formula foliar la que comercializan entre los pequeños productores de la zona para el cultivo de granos básicos. Además, Melisa se ha convertido en una reconocida lideresa en su comunidad. Ella se reúne con frecuencia con las demás mujeres para abordar situaciones o problemas que viven las familias de Daraylí.

Cinco años atrás Melisa no imaginaba todo lo que ha logrado hoy.  Su vida se limitaba a realizar las tareas del hogar. Ella confiesa que antes dependía totalmente de los ingresos de su compañero de vida, y en cuanto a las decisiones también él tenía la última palabra. 

Todo cambió a raíz que Melisa se integró activamente en un programa que desarrollaba Octupan, una asociación comunitaria que por más de 20 años ha promovido el liderazgo de las mujeres para el desarrollo productivo rural.

Melisa participó en procesos de capacitación en temas de agroecología, diversificación de cultivos, manejo de finanzas y emprendedurismo, pero también en temas de crecimiento personal como la autoestima, equidad de género y la prevención de la violencia. También recibió un curso intensivo de repostería y tuvo acceso a crédito para emprender su propio negocio.

“Comencé a organizarme en 2017 en un programa de Octupan dirigido a mujeres rurales, eso abrió las puertas para mí, eso significó un cambio en mi vida,” asegura Melisa a la vez que agrega: “ahora soy una mujer despierta en todo sentido, antes era tímida, no salía de mi casa, ahora soy una lideresa comunitaria, las demás mujeres buscan mi apoyo, me gusta trabajar por mi comunidad”.

Melisa es una de más de 400 mujeres que en los últimos años participaron en proyectos desarrollados por Octupan en 23 comunidades de los municipios de Condega, Estelí y Palacagüina, en el departamento de Madriz. Octupan ha ejecutado a lo largo de los años, iniciativas dirigidas al desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza, sobre todo en comunidades que forman parte del corredor seco.

Sin embargo, esta organización comunitaria no podrá continuar su labor.

Octupan fue una de las 75 organizaciones a las que el régimen Ortega-Murillo canceló su personalidad entre los meses abril y mayo 2022. En una nueva arremetida contra del derecho a la libertad de asociación la Asamblea Nacional canceló 25 organizaciones el 20 de abril y otras 50 el 4 de mayo.  Hasta esta fecha el régimen ha cerrado más de 200 organizaciones de sociedad civil.

“Trancazo” al desarrollo rural

Además de Octupan, entre las 75 organizaciones clausuradas arbitrariamente por el Gobierno entre el 20 de abril y el 4 de mayo, están la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular (CANTERA), y Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL), otras dos organizaciones cuyo enfoque de trabajo es el desarrollo local con un fuerte componente en la ruralidad, y cuya población meta son principalmente mujeres y jóvenes.

La trayectoria del CANTERA

CANTERA con más de 30 años de fundación ha desarrollado iniciativas basadas en la Educación Popular con enfoque de género. Entre sus componentes están la promoción de la salud comunitaria, la protección al medio ambiente y la promoción de iniciativas productivas para garantizar la seguridad alimentaria en comunidades rurales.

De acuerdo al sitio web de esta organización, dos de sus principales programas han estado dirigidos al desarrollo integral de la juventud, y al desarrollo local rural.

La cobertura geográfica de estas iniciativas abarca 18 comunidades de los municipios de Ciudad Sandino, Mateare y Villa el Carmen en Managua, y 11 comunidades del municipio de Belén en el departamento de Rivas. Los proyectos también han tenido cobertura en barrios urbanos de estos municipios.

Al momento del cierre CANTERA estaba desarrollando una iniciativa denominada Escuela de Campo, la que consistía en aumentar la producción a través del manejo agroecológico de cultivos tradicionales por parte de familias campesinas y garantizar de esta manera la seguridad alimentaria en el contexto de la sequía.

Las comunidades rurales, principalmente las ubicadas en el corredor seco, son uno de los sectores más vulnerables dentro de la población del país.

El trabajo de ASODEL en Occidente

Por su parte ASODEL, fundada en 1995, en sus 27 años de trayectoria de años ha trabajado en comunidades urbanas y rurales del occidente de Nicaragua, con la misión de fortalecer la capacidad productiva de familias rurales pobres hasta alcanzar su seguridad alimentaria y su desarrollo sostenible.

De acuerdo con sus plataformas digitales, esta organización se ha enfocado en el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y la gestión del riesgo, pero también ha tenido incidencia en temas como construcción de agendas jóvenes y la promoción de la transparencia en los presupuestos municipales.

Asodel ha tenido presencia en comunidades vulnerables principalmente de los municipios de Villanueva, Somotillo, Cinco Pinos, Santo Tomás, San Pedro y San Francisco, todos en el departamento de Chinandega.

Cierre pone en mayor vulnerabilidad a población más vulnerable

Lludely Aburto de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), una organización que hasta antes del 2018 aglutinaba a 25 organizaciones a lo largo y ancho del país, conoce a fondo el trabajo de las organizaciones civiles en Nicaragua.

Aburto confesó que pese al allanamiento que sufrieron las oficinas de la Red Local en Managua en febrero del 2019, el que incluyó el robo de equipos, vehículo, documentación sensible y dinero, y la posterior cancelación de su personería jurídica en 2021, esta instancia sigue trabajando desde el exilio. “nosotros estamos dándole seguimiento a la embestida del régimen en contra de las organizaciones no gubernamentales, a los allanamientos, cierres, y todas las arbitrariedades que se están cometiendo” aseguró.

Sobre las organizaciones vinculadas al desarrollo local recién clausuradas, dijo que algunas de estas, antes del 2018 fueron miembros activos de la Red Local y otras aliadas estratégicas como copartes en algunos procesos relacionados a la formación e intervenciones con temas como la prevención de la violencia de género, “las conocemos y lamentamos toda la situación que están atravesando” acotó.

A criterio de Aburto lo más lamentable es que estas organizaciones dejan de cubrir, en las comunidades de intervención, áreas que son necesarias para mitigar situaciones que enfrentan muchos grupos vulnerables, principalmente las mujeres, pero también el liderazgo que trabaja en el desarrollo comunitario. Entre otros temas mencionó la prevención de la violencia de género, la promoción cultural, la planificación del desarrollo, el trabajo organizacional, el emprendedurismo y la agricultura sostenible.

Gobierno no hace, ni deja hacer

Por otra parte Aburto sostuvo que el impacto que produce el desmantelamiento de las organizaciones civiles es mayor del que se podría pensar, dado que a esto se suma la falta de cumplimiento social por parte del Estado, lo que también constituye una agresión a la población, “es un Estado que no atiende los problemas desde las políticas públicas en el orden de la educación, de la formación, de la inversión en la economía agrícola, de la economía sostenible, es un Estado que no está velando por estas situaciones” advirtió.

Aburto agregó que las organizaciones no gubernamentales fueron, durante muchos años, una especie de “banda elástica” que logró sostener el trabajo en estas áreas prioritarias y desentendidas por el gobierno, en este sentido ejemplificó con lo ocurrido en las comunidades de la costa Caribe que sufrieron el impacto de los huracanas Eta e Iota en 2020, “quienes llegaron ahí fueron las organizaciones, el Gobierno brilló por su ausencia en general, lo que llega de parte del régimen es a cuenta gotas y es para reprimir” aseveró.

Impacto también golpea la economía local

Sobre Octupan, Asodel y Cantera, Aburto aseveró que hay una afectación enorme a las personas que ahora quedarán en el desempleo. Afirmó además que estas organizaciones contribuyen a la economía local dado que “generan un movimiento económico porque desarrollan actividades que implican alquiler de locales, hospedaje, alimentación”, explicó que eso genera una dinámica que aporta a la economía local porque las organizaciones pagan esos servicios a través de los proyectos, “entonces el impacto de la afectación también trasciende a la economía local,  a pequeños empresarios y proveedores que tienen un ingreso a partir de la prestación de una serie de servicios en esas localidades” advirtió.

Otra de las alertas que se activan con el cierre de estos espacios, es la relacionada a la seguridad del liderazgo que estaba al frente de las organizaciones, pues estos terminan siendo víctimas de asedio, amenazas y persecución lo que “los pone en un nivel de riesgo muy elevado”, por tener información dura, sensible y documentada, como ya ha ocurrido anteriormente con personas que hoy están encarceladas.

Desmantelamiento “con todos los fierros”

De acuerdo a una sistematización realizada por la fundación Popol Na y la Fundación del Río, hecha pública el 21 de abril, el desmantelamiento de la libertad de asociación por parte del régimen Ortega-Murillo incluyen, además de la cancelación de la personalidad jurídica, confiscaciones, persecución y judicialización, agresiones que han afectado a diferentes tipos de organizaciones, entre estas asociaciones comunitarias, cooperativas, gremios empresariales, medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones médicas, organismos de cooperación y universidades privadas.

Según el informe, las violaciones a la libertad de asociación han dejado “una cantidad indeterminada de personas afectadas que trabajaban en todas estas organizaciones y que pasaron súbitamente al desempleo” de igual manera, una enorme cantidad de personas afectadas que antes eran beneficiarias de los programas y proyectos de dichas entidades.

Según el Poder Legislativo controlado por el sandinismo, estas cancelaciones se dan “debido a que las mismas incumplieron con las obligaciones establecidas en la legislación nacional que regula la materia y otras normas relacionadas” pese a que la mayoría de las organizaciones han demostrado que han cumplido con dichas obligaciones.

Pánico del régimen al despertar del pueblo

Haydee Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, refirió que “estamos ante un aniquilamiento del sistema participativo y el derecho de asociación.” Señaló que con las 50 organizaciones clausuradas el 4 de mayo, el régimen trata de aniquilar lo último que queda de asociaciones y organizaciones de sociedad civil, advirtió que “esta última estocada, tiene la característica de ensañarse con organizaciones que apoyan el desarrollo local, el ejercicio de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos”.

Castillo también opinó que estas cancelaciones arbitrarias tienen como fin seguir profundizando el sistema de excepción de facto que impera en el país, por otro lado indicó que “previendo que vienen las elecciones municipales, está acabando con todo lo que pueda influenciar el ejercicio de ciudadanía y el empoderamiento comunitario”.

“El cierre de organizaciones también refleja el pánico que le tiene el régimen al despertar del pueblo” concluyó Castillo.

CIDH condena cierres arbitrarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a través de un comunicado de prensa, en rechazo a la cancelación de la personería jurídica de las 25 organizaciones cerradas el 20 de abril por el régimen Ortega-Murillo.

“Preocupa a la CIDH que las medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa se encuentren basadas en leyes que otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de la sociedad civil organizada” dice en parte el comunicado emitido el 26 de abril.

La CIDH advirtió en particular que el cierre masivo de organizaciones decretado durante el presente año, además de coartar completamente la legítima labor de defensa de los derechos humanos que realizan en el país, tiene graves efectos para la población dejándola expuesta a mayor vulnerabilidad en cuanto a la protección y defensa de sus derechos.

La comisión de carácter regional urgió al gobierno de Nicaragua a “restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática”.

Embestida también contra organizaciones de mujeres 

Las mujeres organizadas no se escapan del proyecto de demolición de las organizaciones orquestado por la dictadura Ortega-Murillo.

Entre las últimas organizaciones canceladas están la Asociación Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas en el Caribe sur, la Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala, el Programa Feminista La Corriente con sede en Managua y la Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres.

Anteriormente habían sido canceladas la Organización de Mujeres contra la Violencia Oyanka en Jalapa, Nueva Segovia; el Colectivo Mujeres de Matagalpa; el Instituto Liderazgo de las Segovias, en Ocotal y el Colectivo de mujeres 8 de marzo en Esquipulas.

Algunas de estas organizaciones habían sido víctimas de allanamientos y robos arbitrarios por parte de la policía orteguista, como es el caso de Oyanka y el Instituto de Liderazgo, ambas en Nueva Segovia.

Venganza contra el movimiento feminista

Haydeé Castillo, feminista y activista de derechos humanos, calificó el cierre de las organizaciones de mujeres como “un ensañamiento, un tipo de venganza contra el movimiento feminista”. Castillo recordó que el primer movimiento social en tomar distancia del sandinismo fue el movimiento feminista, “en primer lugar porque acompañamos a Zoilamérica Narváez en su demanda (por violación contra Daniel Ortega) y segundo porque muy tempranamente, desde finales de los años 80 e inicios de los 90 observamos el carácter que estaba tomando este partido aun cuando ya había salido del gobierno.”

Sandra Arceda del Colectivo de Mujeres 8 de marzo, en una entrevista brindada tras el cierre de esta organización, se refirió al trabajo que realizaban, con el cual aportaban al empoderamiento de la mujer y al desarrollo local.

Arceda refiere que el colectivo hacía trabajo organizativo en los barrios y comunidades del municipio de Esquipulas, usando como herramientas el teatro, sesiones de video foro, festivales y charlas educativas para abordar temas como la violencia, la sexualidad y la salud de las mujeres. Pero también realizaban trabajo alrededor de la protección del medio ambiente, y la gestión del riesgo, entre otros temas.

Por otro lado, recordó que en sus inicios el Colectivo de Mujeres 8 de marzo promovió la organización de cabildos municipales, así como la participación de la población en los ya extintos Comités de Desarrollo Municipal, lo que hacían en coordinación de la Alcaldía, como parte de lo establecido en la Ley de Municipios y la Ley de Participación Ciudadana. “Nosotras a través del Comité de Desarrollo Municipal, hicimos una campaña contra los abusos sexuales, logramos que del presupuesto municipal se le entregara una partida a la Casa Materna, también logramos que en este municipio hubiera presencia de la Fiscalía para que las mujeres pudieran tener acceso a la justicia”.

Los Comité de Desarrollo Municipal como instancias de participación de los gobiernos municipales fueron sustituidos por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a partir del 2007, cuando el sandinismo regresó al poder. Los CPC son una figura partidaria creada por el régimen para fortalecer el control político partidario a nivel municipal.

Sistematizar las violaciones para la nueva Nicaragua

Lludely Aburto de la Red Local considera que documentar todas las violaciones cometidas por el régimen contra la libertad de asociación, permitirá una enorme cantidad de posibilidades, “si bien no por ahora porque con el régimen no existen las condiciones para ningún tipo de restitución, pero a la hora del cambio en el país, este deberá de ser uno de los temas a tratar y por eso se debe reconstruir todo con datos claros” explicó. 

Agregó que documentar gradual y adecuadamente permite además que estas violaciones sean conocidas por las instancias internacionales de derechos humanos, lo que constituye una base para las acciones en el marco de futuros procesos de restitución y justicia.