Régimen continúa maratónica arremetida contra oenegés: 94 cancelaciones en lo que va de mayo

“No nos sorprende, ya lo estábamos esperando, sabíamos que en cualquier momento apareceríamos en la lista, pese a que hemos cumplido siempre con todos los requisitos legales.” Así reaccionó una de las mujeres que integra la  junta directiva de una de las 94 organizaciones canceladas por el régimen Ortega-Murillo en lo que va del mes de mayo.

Pese a que la organización ya ha sido cancelada, la fuente pidió el anonimato, porque “puede haber otras represalias”.

“Fuertes lluvias” de cancelaciones en mayo

El 4 de mayo la Asamblea Nacional canceló las personalidades jurídicas de 50 organizaciones de sociedad civil. Entre el 9 y el 17 de mayo, el Ministerio de Gobernación solicitó la cancelación de 44 organizaciones más, las que fueron presentadas al Poder Legislativo por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez. El Legislativo hizo efectivas las cancelaciones el 18 y 19 de mayo respectivamente, con lo que suman 94 organizaciones clausuradas solo en las tres primeras semanas de este mes, y más de 270 desde el 2018.

Otro golpe a las mujeres rurales organizadas

Entre las organizaciones que la Asamblea Nacional clausuró este miércoles, está la Asociación Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), una organización con amplia trayectoria en la lucha por el derecho a la tierra por parte de las mujeres del campo.

“Vamos a seguir adelante, las mujeres saben que lo que hemos avanzado ha sido por su esfuerzo, la conciencia política y de derechos no la pueden cancelar. Vendrán días de luz” refirió María Teresa Fernández Ampié, presidenta de la CMR al ser consultada tras la cancelación de la personalidad jurídica de esta asociación.

Entre los argumentos argüidos por el Ministerio de Gobernación para justificar los cierres, están la falta de complimiento de las organizaciones al presentar sus estados financieros conforme periodos fiscales, la falta de rendición de cuentas sobre donaciones, provenientes del exterior y el vencimiento de los periodos establecidos en sus juntas directivas.

Tanto el Ministerio de Gobernación como el Poder Legislativo, han reiterado que muchas de las organizaciones canceladas violentaron, entre otras normas jurídicas, la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento, así como otras leyes aprobadas luego de la rebelión cívica de abril del 2018.

El diputado orteguista, Filiberto Rodríguez, quien se encarga de introducir las solicitudes de cancelación ante la Asamblea Nacional, dijo a inicios de mayo que el procedimiento se hace porque las organizaciones no están cumpliendo con las normativas y por tanto están violando las leyes que las rigen.

Sin embargo, diversas organizaciones han asegurado que cumplieron hasta el último momento con sus obligaciones según manda el marco jurídico y aun así fueron canceladas.

Al respecto Fernández Ampié de la CMR afirmó que “el Estado sí actuó contra Ley expresa, las organizaciones que han cancelado su personería jurídica, jamás actuamos contra las leyes que nos rigen, ni nuestras organizaciones fueron lavanderías, actuamos conforme principios, que son los que rigen nuestras organizaciones”.

La CMR aglutina a diversas organizaciones de mujeres campesinas entre asociaciones y cooperativas de mujeres en diversos territorios, con las que ha trabajado conjuntamente alrededor de cuatro líneas estratégicas definidas: Defensa de la soberanía de los recursos que sustentan la vida y los derechos de las mujeres rurales; desarrollo económico inclusivo y sostenible que permita a las mujeres rurales disfrutar de sus derechos; mayor articulación ciudadana para la defensa de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia y el fortalecimiento organizacional para la movilización social.

La CMR logró la aprobación de la Ley 717

La CMR fue la principal promotora de la Ley 717 o Ley Creadora del fondo para compra de tierra con Equidad de Género para mujeres rurales, la que después de años de gestiones, cabildeo y reuniones con diputados y otros sectores, fue aprobada el 5 de mayo del 2010.

El objetivo de esta Ley era crear un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, con el fin de otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de estas.

La normativa jurídica en su artículo 3 establece que debe crearse el “Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género a favor de mujeres Rurales" cuyo capital inicial sería establecido en la Ley Anual de Presupuesto General de la República.

Sin embargo, transcurridos 12 años desde su aprobación no se ha designado un solo centavo para hacerla efectiva.

“El Estado no nos ha regalado nada, a una Ley de la República, como lo es la Ley 717 jamás le colocaron fondos para que las mujeres se beneficiaran” concluyó Fernández Ampié.

Gobierno no quieren desarrollo local ni rural

Entre las últimas organizaciones canceladas aparecen nuevamente varias que durante años han venido desarrollando programas y proyectos dirigidos a promover el desarrollo local y rural. Entre estas la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FDS), la Asociación Unidad para el Progreso del Norte y Centro de Nicaragua (UNIPRONC), la Asociación por el Desarrollo Municipal (Desarrollo Municipal), la Asociación para el Desarrollo Social (ASODES); Asociación para el Desarrollo Municipal del Norte (Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega) y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM); y Fundación Cosigüina.

También contra periodistas ambientalistas

La guillotina gubernamental que descabeza la libertad de asociación nuevamente puso entre sus víctimas al gremio periodístico, esta vez incluyó entre las organizaciones canceladas a la Asociación de Periodistas y Comunicadores Ambientalistas de Nicaragua (APCAN), una organización que entre otras cosas, ha promovido foros de discusión sobre decisiones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales.

Anteriormente la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de PEN Nicaragua, una organización que aglutinaba a escritores y periodistas organizados bajo el principio de la libre transmisión del pensamiento.  Entre sus compromisos PEN-Nicaragua siempre se opuso a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión y proclamó su apoyo a favor de una prensa libre condenando cualquier expresión de censura arbitraria.

Cuatro Leyes a reforma

Por otro lado, la Asamblea Nacional propuso, también este 17 de mayo, cuatro iniciativas de Ley para reformar normativas de entidades gubernamentales que trabajan en las áreas de vivienda, estudios territoriales, turismo y forestal.

Las iniciativas de Ley son para aplicar reformas a la Leyes Orgánicas del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), así como a la Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal.

De acuerdo a una nota de prensa del parlamento, las iniciativas fueron remitidas a las respectivas comisiones legislativas “para su proceso de consultas y dictamen”.

Se desconoce que artículos de estas leyes serán reformados, así como la implicancia de los mismos en los sectores de cobertura de estas instituciones gubernamentales.