Persecución y ataques contra la Iglesia Católica no se detienen

La escalada represiva continúa. Como si se tratara de una operación bien planificada, la maquinaria orteguista que ejecuta la más fuerte ola de ataques contra la iglesia católica desde 2018, extiende su arremetida contra líderes religiosos en diferentes municipios del país.

La nueva ola de ataques despuntó con el mes de agosto, en cuyo primer día el régimen anunció el cierre de 8 radioemisoras católicas pertenecientes a la Diocésis de Matagalpa, ese día hubo disturbios en el municipio de Sébaco, la policía reprimió a feligreses que salieron a defender su iglesia luego que la guardia de régimen asaltará la capilla Niño Jesús de Praga y mantuviera secuestrado al sacerdote Uriel Vallejos, quien estuvo bajo esa condición durante los siguientes tres días.

El 4 de agosto la policía orteguista acorraló el edificio de la Curia Arzobispal de Matagalpa, en cuyo interior se encontraba monseñor Rolando Álvarez junto a 11 personas más entre sacerdotes y laicos.  A dos semanas, la curia se mantiene sitiada. Álvarez sigue encerrado mientras las tropas policiales continúan cercando el edificio. 

El 5 de agosto, la vice dictadora Rosario Murillo, en alusión indirecta a monseñor Álvarez, señaló que se estaban manipulando los símbolos sagrados para provocar y ostentar impunidad, lo que constituía “crímenes de lesa espiritualidad”, a la vez que amenazó con cárcel a los líderes religiosos.

Horas más tarde la policía orteguista anunció a través de un comunicado que iniciaría una investigación contra Álvarez acusándolo que “intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden”.

En lo sucesivo la beligerante campaña gubernamental contra la iglesia ha subido de tono y se ha extendido por otros municipios del país.

Secuestro en Mulukukú y asedio en Terrabona y Ciudad Darío

Las últimas semanas han sido para la iglesia católica nicaragüense algo similar a lo que el Papa Juan Pablo II, describió como “la gran noche oscura”, en referencia a la hostilidad que encontró durante su primera visita a Nicaragua en marzo de 1893.

El 11 de agosto el sacerdote Aníbal Manzanares, párroco de la iglesia San José, en el municipio Terrabona, Matagalpa, denunció a través de un mensaje de audio difundido por redes sociales que la policía le prohibió salir de la parroquia, en el audio se escucha al religioso decir: “Mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la Policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial".

La tarde del domingo 14 de agosto el sacerdote Oscar Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukukú, fue secuestrado por agentes policiales, así lo denunció ese mismo día la Diocésis de Siuna a través de un comunicado. Posteriormente se conoció que el religioso fue trasladado a las celdas de El Chipote.

El 15 de agosto, el Ministerio Público, a través del fiscal orteguista Manuel Rugama, solicitó mantener a Benavidez en prisión, hasta por un plazo de 90 días,  para ampliar una investigación en su contra, por supuestas acciones de las que el Estado es víctima y ofendido, aunque no se especificó el delito del que se le acusa.

El 16 de agosto por la mañana, un grupo de efectivos policiales se apostó frente a la iglesia a Santa Lucía en el municipio de Ciudad Darío, evitando la entrada de feligreses al templo. El sacerdote Sebastián López, tuvo que celebrar misa en las afueras de la iglesia ante la presencia de las tropas policiales.

Animadversión contra los curas es “por golpistas”

La amalgama de ataques del régimen contra la iglesia católica en los últimos meses incluye el cierre de medios de comunicación, asedio, persecución y agresión contra feligreses, secuestro de sacerdotes, fabricación de delitos, juicios amañados, cárcel y condenas, estos son solo parte del combo de acciones generada por la animadversión de la pareja dictatorial contra el clero católico.

En junio pasado fue hecho prisionero el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la iglesia Jesús de Nazareno del municipio de Nandaime, Granada, el cura fue acusado de agresión por una mujer que días después desmintió que haya sufrido dicha agresión por parte del religioso. No obstante, posteriormente el sacerdote fue enjuiciado y condenado a 2 años de cárcel. 

En tanto el 13 de julio, fue detenido el sacerdote José Leonardo Urbina, de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco, luego de ser acusado de supuesta violación contra una menor de edad.

La mayoría de curas perseguidos han tenido en común ser críticos de las acciones represivas del régimen en contra de la población civil que a partir de abril del 2018, protestó contra el gobierno. En tanto el discurso de la dictadura es que los líderes religiosos apoyaron un intento de golpe de estado.

Exmandatarios iberoamericanos envían carta al papa Francisco

El 17 de agosto un grupo de 26 exmandatarios iberoamericanos, integrados en la Iniciativa democrática de España y las Américas (IDEA), ante el silencio del papa Francisco frente a la situación en Nicaragua, demandaron al Pontífice a través de una misiva, que se pronuncie sobre la persecución que sufren los lideres católicos de Nicaragua por parte del régimen Ortega Murillo.

La carta firmada por los 26 ex jefes de Estado refiere que estos observan con “preocupación agravada lo que acontece en Nicaragua bajo la primitiva dictadura de los Ortega-Murillo, que luego de perseguir y criminalizar a los liderazgos políticos y sociales, como de cercenar de modo radical toda la libertad de expresión y de prensa, ahora avanza hacia la persecución de los líderes episcopales católicos, los sacerdotes y las religiosas, incluso expulsándolos – como en el caso de las emblemáticas Misioneras de la Caridad – del territorio nacional”.

A la fecha el papa Francisco no se ha pronunciado sobre la situación que vive la iglesia católica en Nicaragua pese a la demanda de diversos sectores políticos, religiosos y defensores de los derechos humanos.