Ortega y Murillo podrían ser extraditados a Argentina para enfrentar la justicia, explica experto

El dictador y la vice dictadora nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como varios de sus más cercanos colaboradores, eventualmente podrían ser extraditados hacia Argentina para enfrentar la justicia en ese país, según el curso que tome la investigación penal iniciada este miércoles 5 de octubre por esa nación sudamericana, para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La eventual extradición de la pareja dictatorial podría darse en caso de que estos salieran del país, una vez que la investigación iniciada por la justicia argentina determine responsabilidad respecto a los crímenes de lesa humanidad, entre estos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e ilegales y torturas.

El jurista Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, explicó a Onda Local que “lo que va a pasar es que se va a ir integrando la investigación y eventualmente se puede solicitar la extradición de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque ellos estén en Nicaragua y se sientan amos y señores del país”.

De acuerdo a Pineda, si en el momento que salgan del país, hay un requerimiento de las autoridades judiciales argentinas al país de destino de los imputados, este último tendría la obligación de cumplirlo exactamente como ocurrió con Augusto Pinochet en 1998. Pinochet fue requerido judicialmente por España, estando este en Inglaterra.

El experto también explicó que la captura puede darse aunque Ortega y Murillo estén solo de tránsito por otro país, tal como ocurrió con el expresidente peruano Alberto Fujimori quien fue detenido en Chile cuando estaba de paso por ese país en 2005. El exmandatario peruano fue arrestado gracias a una orden de captura internacional girada en su contra. Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

La denuncia contra Ortega y Murillo fue hecha por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota y la misma recoge una serie de informes sobre lo ocurrido en Nicaragua a partir de abril del 2018, entre estos los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI-Nicaragua) entre otros.

Junto a Ortega y Murillo también serán investigados Los jefes del Ejército y la Policía, Julio César Avilés y Francisco Díaz, respectivamente; el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras; el ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica y la exministra de salud Sonia Castro.  También figuran en la lista, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, el director del INSS, Roberto López y Oscar Balladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad.

¿Por qué Argentina?

Argentina es el único país en Latinoamérica con mecanismos de jurisdicción internacional. Así lo explicó Pineda, quien refirió que, aunque la respuesta puede inferir mayor complejidad, hay también una respuesta jurídica simple: “Argentina es el único país que tiene una configuración legal válida y tiene precedentes respecto al ejercicio de la jurisdicción universal”.

Efectivamente, la Justicia Federal de Argentina tiene la facultad de investigar los delitos de lesa humanidad, dado que su Constitución reconoce el principio de jurisdicción universal, un mecanismo que hasta ahora no existe en otro país latinoamericano.

Pineda explicó que la jurisdicción internacional, es un principio que permite a un país, juzgar a personas que cometieron crímenes contra la humanidad en otros territorios. El experto agregó que lo que se busca con este mecanismo es cerrar la brecha de impunidad para evitar que una persona quede impune respecto de la responsabilidad que tiene.

Por otro lado Pineda afirmó que el hecho de que una autoridad federal de Argentina solicitara información al Poder Judicial en Nicaragua, es precisamente para descartar que existan procesos abiertos, “porque en todo caso la jurisdicción universal es subsidiaria, es decir eso implica que el proceso solo se ejerce si no hay otros procesos en ese sentido”. Agregó que una vez que se conoce que no hay un proceso abierto se inicia la investigación, tal como ha ocurrido.

También destacó que la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía en Argentina son fuertes, “no estamos hablando de que hay una instrucción de presidente Fernández de que hagan eso”, aseguró.

Justicia en Nicaragua no es una opción

El jurista destacó además que este proceso le viene a dar esperanzas de justicia a las víctimas en Nicaragua, dado que en este país hay un colapso institucional por la concentración de poder del régimen, y no hay manera de que las víctimas accedan a la justicia por medio de la administración de justicia nacional.

“Dentro de las alternativas de justicia que tienen las víctimas en Nicaragua, no pueden demandar justicia en su propio país porque el régimen controla todo, de manera tal que habría que esperar una alternancia democrática y la posible implementación de mecanismos de justicia transicional para obtener justicia, de manera tal que en Nicaragua es imposible en el contexto actual”, explicó el experto.

Pineda resaltó además que el inicio de esta investigación, “más allá de llegar a procesar a Ortega, porque tendría que estar en el territorio argentino, lo que hace de alguna forma es sumar el esfuerzo internacional y convertir a Nicaragua en una gran cárcel para Ortega.”

No podrán seguir “capeando el bulto”

Ortega ha estado “capeando el bulto”, para evitar el peso de la justicia.

De acuerdo a Pineda, generalmente la respuesta dentro del derecho internacional para obtener justicia es la Corte Penal Internacional.  Pero esta corte no puede conocer los casos de Nicaragua porque este país no ha suscrito el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma dispone que la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero sobre los países que lo han suscrito.

Ante esa situación, explica Pineda, “la alternativa que quedaría es que el Consejo de Seguridad (de la ONU), derive el caso con la Corte Penal Internacional, pero no se va poder por hay que recordar que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad y tiene derecho a veto y Rusia protege al régimen Ortega- Murillo de manera tal que ese escenario es improbable”.

Por tanto, concluye el jurista, “la última alternativa que queda es justamente activar el mecanismo de jurisdicción universal y en Argentina hay precedentes al respecto”, Pineda recordó que este país impulsó en 2010, una causa en relación al franquismo en España.

Expuso además que este mecanismo es diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora dentro de las acciones de búsqueda de justicia en Nicaragua, entre estos los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada Derechos Humanos en su momento, o las sanciones que impone Estados Unidos y la Unión Europea.

“Es diferente porque esto tiene un aspecto personal, es decir, ya no vamos a determinar la responsabilidad del Estado por lo que debió haber sido, sino que se busca determinar la responsabilidad de Daniel Ortega, la participación de Daniel Ortega en la comisión de los crímenes de lesa humanidad”, explicó. En la misma vía agregó que ya no se busca un aspecto estructural, sino que “específicamente se busca darles rostro a los crímenes de lesa humanidad, a los responsables de estos crímenes en Nicaragua”.

Sociedad civil un actor clave

De acuerdo a Pineda, las organizaciones de sociedad civil tienen un rol importante desde el punto de vista del aporte que puedan brindar al proceso investigativo que inició la justicia argentina, de tal manera que estas puedan suministrar información suficiente como testimonios y evidencias de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen.

El experto añadió que de esa manera se podrá ir  construyendo un caso robusto con las condiciones necesaria, para establecer una acusación contundente contra quienes han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, “ya no solo a la pareja presidencial sino también aquellos colaboradores directos y partícipes de esta política de persecución a opositores, lo que ha derivado como todos sabemos en asesinatos, en encarcelamientos, en  desplazamientos forzados y en torturas”, concluyó el abogado especialista en derechos humanos.