Ortega en desacato: El "desprecio" por el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua

Desde junio de 2021 hasta la fecha, el gobierno de Daniel Ortega se ha negado a cumplir las Medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había adoptado con respecto a los Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 Personas privadas de su Libertad en 8 centros de detención de Nicaragua, por lo que el Estado de Nicaragua ha sido declarado bajo desacato permanente. 

Ante esta posición de “inobservancia” de parte del régimen Ortega-Murillo, el tribunal de la Corte IDH en resolución solicitó de manera urgente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dar seguimiento al incumplimiento de las Medidas Provisionales, ya que las personas beneficiarias de estas medidas provisionales se encuentran en “desprotección absoluta” afirmó la Corte.  

Para Carlos Guadamuz, abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el hecho que la Corte IDH haya reconocido que el Estado se encuentra en total desacato “demuestra el desprecio del gobierno por el cumplimiento de los derechos humanos y a todo el sistema de protección de los derechos humanos que se encuentra vigente en la región interamericana”. 

La Corte IDH solicitó también al Consejo Permanente de la OEA la aplicación de la noción de garantía colectiva, de acuerdo con Guadamuz esto significa que los funcionarios de la Corte están obligados a poner en conocimiento de este desacato a todos los gobiernos de los Estados Americanos, con el fin que adopten medidas, ya sean unilaterales o multilaterales para hacer cumplir estas resoluciones. 

El cumplimiento de las resoluciones es ineludible 

De acuerdo con Carlos Guadamuz las resoluciones de la Corte son de ineludible cumplimiento, ya que  el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua así lo reconoce. “El Estado de Nicaragua se encuentra plenamente obligado a reconocer y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta resolución que ordena la libertad,  así como el hecho de adoptar medidas inmediatas para que las personas presas políticas se reúnan con sus familiares, abogados y reciban asistencia médica” . 

Sin embargo, el gobierno de Ortega no ha cumplido con nada de lo solicitado por la Corte IDH, ya que una de las solicitudes es el contacto periódico con familiares y abogados, pero la dictadura permitió la visita a las personas presas políticas hasta el pasado 20 de noviembre, fue un lapso de 84 días desde el último encuentro.

Ortega autorizó la visita 16 días después de lo emitido por la Corte IDH el pasado cuatro de octubre. 

Otra de las solicitudes requeridas al régimen es garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos, pero continúa sin permitir que las y los presos políticos puedan ser atendidos por personal médico especializado. Al igual que se le solicitó la eliminación  de revisiones y requisas que afecten la intimidad y la dignidad de las personas visitantes, pero está denigrante situación continúa, ya que después de las visitas realizadas entre el 19 y 20 de noviembre algunos familiares denunciaron que fueron obligados a desnudarse completamente. 

En el comunicado la Corte IDH informó que el Estado de Nicaragua ha sido notificado, al igual que  la Comisión Interamericana, a los representantes de los beneficiarios, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.