Libertad de asociación: otro derecho cercenado por la dictadura

Son hasta la fecha más de 3mil organizaciones clausuradas por el régimen en una acelerada carrera por anular las diversas expresiones de participación de la sociedad civil.

La dictadura Ortega-Murillo ha decapitado todo tipo de organizaciones no gubernamentales; desde asociaciones gremiales, fundaciones, organizaciones comunitarias, ambientales, religiosas, culturales, de desarrollo local, defensoras de los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, hasta organismos de cooperación al desarrollo, cercenando así el derecho a la libertad de asociación consignado en la Constitución de la República y otras leyes.

El cierre de las oenegés contraviene el artículo 49 Constitucional, que expresamente dice: “En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Caribe y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines”.

Sectores vulnerables los más afectados

Los principales beneficiarios de la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, que trabajaban por el desarrollo local y comunitario, eran los sectores campesinos, mujeres y niñez. Así lo revela un informe del centro de análisis Diálogo Interamericano dado a conocer en octubre pasado.

El estudio estima que más de un millón de nicaragüenses que eran atendidos por diferentes proyectos que desarrollaban las oenegés clausuradas, han quedado en el desamparo en cuanto a la asistencia y atención que recibían principalmente de proyectos de desarrollo relacionados a salud, educación, agua y saneamiento, ayuda humanitaria, prevención de la violencia, medio ambiente, agroecología y defensoría de los derechos humanos, entre otros.

Miles quedaron desempleados

Otro de los efectos colaterales del cierre de las organizaciones es la cantidad de personas que perdieron sus empleos.

El informe de Diálogo Interamericano revela que con estos cierres se han perdido alrededor de 2mil empleos formales. De acuerdo a las proyecciones del centro de análisis, las pérdidas por el cierre de las oenegés podrían superar los 200 millones de dólares al año.

Hasta el cierre del mes de noviembre, las organizaciones canceladas sumaban 3,106, según los datos presentados por Expediente ONG Nicaragua, este 6 de diciembre en Costa Rica.

Expediente ONG Nicaragua es una iniciativa conjunta de la Red Local, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, la Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más. Estas organizaciones presentaron tres informes complementarios relacionados a la abolición de la libertad de asociación en Nicaragua.

Los datos de Expediente ONG Nicaragua revelan que entre las organizaciones canceladas están 363 organizaciones gremiales, 328 oenegés internacionales, 287 asociaciones religiosas, 157 asociaciones de mujeres y 151 asociaciones vecinales.

En la mayoría de los casos el régimen ha alegado como justificación del cierre de las organizaciones el incumplimiento de las regulaciones que las rigen, referido principalmente a la rendición de cuentas. Sin embargo, muchas organizaciones han presentado evidencia de que siempre cumplieron al pie de la letra con sus obligaciones reglamentarias.

La ruta de la criminalización de las oenegés

Expediente ONG Nicaragua también hizo un recuento de las acciones del régimen para criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, la que inició con ataques o agresiones sistemáticas a sus integrantes, como campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, entre otras acciones represivas. 

La iniciativa documentó los diferentes tipos de agresiones ejecutadas por el régimen durante el período 2007-2022, entre las que enumera, la cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional,
la cancelación de registros por el Ministerio de Gobernación, cambios arbitrarios de razón social, amenazas directas a representantes de organizaciones sin fines de lucro y expulsiones arbitrarias de sus líderes. También destaca las confiscaciones de facto y allanamientos en locales institucionales por la policía orteguista.

Leyes represivas

Para ejecutar su plan de descabezamiento de las oenegés el régimen ha aprobado leyes que reprimen y criminalizan la libertad de asociación, las que a la vez son inconstitucionales porque se riñen con los preceptos estatuidos en la Carga Manga respecto a este derecho ciudadano.

La última de estas, es la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de lucro, aprobada con trámite de urgencia el 31 de marzo de este año y publicada en La Gaceta el 6 de abril.

La nueva normativa hace énfasis en combatir el terrorismo y el lavado de bienes y activos, figuras que ha utilizado la dictadura para criminalizar a las organizaciones.

 Mediante adición y reforma, dicha le otorga al Ministerio de Gobernación la facultad de cancelar personerías jurídicas por medio de acuerdos ministeriales que se publican en La Gaceta. Antes de esta aprobación, el Poder Legislativo era la entidad facultada para cancelar las personalidades jurídicas.

Régimen de oídos sordos ante la comunidad internacional

A inicios de octubre pasado, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una declaración conjunta, exhortaron al Estado de Nicaragua, a cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de las libertades fundamentales, incluida la libertad de asociación.

En cartas dirigidas al régimen Ortega Murillo, los expertos aseguran que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico” y  manifestaron su preocupación sobre las crecientes restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua, las que han llegado a un “punto crítico”, reiteraron el llamado a las autoridades nicaragüenses que cesen la represión del espacio cívico y garanticen el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Los expertos exhortaron al Estado de Nicaragua a “abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y selectiva, y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas, con el fin de obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

Los portavoces del exhorto fueron Clément Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación y Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.

La escalada represiva de la dictadura Ortega Murillo Hasta ahora ha desoído toda expresión de la comunidad internacional a favor de los derechos humanos de las y los nicaragüenses.