Pérdida perpetua de derechos ciudadanos contra personas encarceladas políticas en Nicaragua, “barbarie jurídica”

La Unidad de Defensa Jurídica, informó que los seis religiosos y el camarógrafo de la diócesis de Matagalpa fueron condenados a 10 años de prisión y a 800 días de multas y que también fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer función pública, cargos de elección popular entre otros derechos ciudadanos.

Al respecto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció la nueva acción represiva del régimen Ortega-Murillo en contra de las personas presas políticas. Inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos y la suspensión de los derechos políticos es calificada “una aberración jurídica” y quedó expuesto que el régimen “está delinquiendo impunemente”, afirma la organización defensora de Derechos Humanos.

En los artículos 46, 47 y 66 del Código Penal vigente, se establecen cuáles son las penas, la naturaleza de las mismas, cómo estas se aplican y las cataloga en penas principales y accesorias. Pero el Poder Judicial está actuando fuera del marco de la ley vigente, incurriendo en delitos tipificados en el Código Penal.

“Estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal. Por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Nadia Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva, les ha aplicado”, explicó el organismo. 

El régimen Ortega-Murillo no solo ha aplicado esta medida de inhabilitar de por vida el ejercicio a cargos públicos y derechos políticos a  los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y el camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, sino que también han sido afectadas más de catorce personas presas políticas, según la lista que tiene el CENIDH.

“Denunciamos ante el mundo esta barbarie jurídica, esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad, sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país, es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata” concluye el comunicado.

Comunidad Internacional pendiente de los pasos del régimen

Así mismo el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) rechazó la condena impuesta a los religiosos y laicos de la iglesia católica en Nicaragua, ya que señalan que estas se producen en un marco de inobservancia de las garantías del debido proceso.  

“Las leyes con las que han sido condenados rompen el principio de presunción de inocencia porque fueron especialmente adoptadas para censurar, castigar y vengarse de personas específicas, como las voces opositores respecto del gobierno de Nicaragua” afirmó el organismo.

La misma organización reiteró que la persecución de grupos o colectividades religiosas están prohibidas por el Derecho Internacional, por lo que les preocupa el desinterés de parte del Estado de Nicaragua por acatar sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

En Nicaragua hay alrededor de 245 personas presas políticas, por opinar distinto al régimen Ortega-Murillo. De estas personas encarceladas al menos 10 son sacerdotes y cinco religiosos católicos.  

“Nos preocupa que la finalidad es ejecutar una venganza que atropella los derechos” resaltó CALIDH.