Dictadura despoja de la nacionalidad, derechos civiles y propiedades a 94 nicaragüenses

Dictadura Ortega-Murillo despoja a 94 nicaragüense de su nacionalidad y ordena la confiscación de sus propiedades y otros bienes. En lista aparecen sacerdotes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, abogados, entre otros.

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Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó este 15 de febrero una resolución donde se impone penas accesorias de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, cargos de elección popular y pérdidas de sus derechos ciudadanos de forma perpetua y respectivamente a 94 nicaragüenses.

Además de la pérdida de la nacionalidad, en la resolución ordenan la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de  Nicaragua, se les declara prófugos de la justicia.

La nacionalidad nicaragüense está regulada en varios artículos de la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 20, establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.

El 9 de febrero, tras la excarcelación y destierro de 222 personas presas políticas, la dictadura Ortega Murillo a través de la Asamblea Nacional Orteguista reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, alegando que no son nicaragüenses quienes hayan sido juzgados por “traidores a la patria”. También, se aprobó una Ley Especial que regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.

En el listado publicado por el Poder Judicial aparecen la exdirectora de Onda Local, Patricia Orozco, el director de Confidencial Digital, Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desirée Elizondo. Los periodistas Jenifer Ortiz, David Quintana, Lucía Pineda, Wilfredo Miranda, Aníbal Toruño, Álvaro Navarro, Luis Galeano, Santiago Aburto y Camilo de Castro Belli.

Fueron incluidos defensoras y defensores de derechos humanos como: Vilma Núñez, Pablo Cuevas, Amaru Ruiz, Haydée Castillo, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión y Mónica López Baltodano.

Como “atrocidad jurídica”, calificó Gonzalo Carrión, la pérdida de su nacionalidad y sus derechos. Cuenta que no tiene bienes materiales que le pueda heredar a sus hijas en Nicaragua, pero que “ellas saben que le hereda mucha dignidad. De abril hasta la libertad, nicaragüense hasta la eternidad”, enfatizó.

“Fuimos sentenciados, sin que se haya abierto un procedimiento”, agrega Carrión tras conocer el procedimiento arbitrario que justifica las acciones cometidas en su contra, porque nunca se les notificó que tenían una denuncia.

En el listado también se incluyó a los escritores, Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Humberto Belli. A los analistas políticos, abogados y economistas: Uriel Pineda, Elvira Cuadra, Eliseo Núñez, Norman Caldera, Enrique Sáenz y Yader Morazán. A los reliegiosos Silvio José Baéz y Edwin Román. Los disidentes Rafael Solís y Arturo McFields. 

Enrique Sáenz, abogado y economista califica estás acciones como “patadas de ahogado”, porque estos procedimientos “lo que menos tienen es la dimensión legal, salvo el robo…lo poco que tengo me lo he ganado con mi trabajo profesional, una vez que salgamos de la dictadura lo vamos a recuperar, pero no es lo principal, lo principal es recuperar el país”, comentó.