Las falacias de Ramona Rodríguez sobre la educación superior en Nicaragua

El derecho a la educación ha sido violentado en Nicaragua. En los últimos años el régimen Ortega Murillo ha despojado de su personería jurídica a 27 universidades privadas que funcionaban en el país, además de confiscarles sus bienes. El cierre de estos centros de educación superior se ejecutó desde el Ministerio de Gobernación (Migob), el Consejo Nacional de Universidades (CNU), y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).

Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y presidenta del CNU ha justificado públicamente el cierre de estas universidades en diversos discursos y comunicados públicos, replicando los alegatos del Migob que argumenta que algunas universidades no reportaron sus estados financieros “con desgloses detallados de ingresos y egresos", en otros casos justifican el cierre, argumentando que “la oferta académica no estaba autorizada por el CNU, y los pagos por titulación tienen precios exuberantes. Han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro". Rodríguez, además, asegura que algunas de estas universidades “no cumplían con indicadores mínimos de calidad ni infraestructura”.

Pero estos argumentos son falsos, asegura Adrián Meza, rector y fundador de la también clausurada Universidad Paulo Freire. “Varias de las universidades que han cerrado estaban en medio del proceso de verificación de los indicadores básicos de calidad impulsados por el CNEA”, señala Meza desde el exilio.

En el caso de la Universidad Paulo Freire, Meza explica que ya habían entregado al CNEA el informe relacionado con esos indicadores de calidad. “El CNEA no pudo ni siquiera abrir la boca cuando nos cerraron, lo cual prueba que el argumento de calidad es falso y ahora con el cierre de la UCA no sé si Ramona Rodríguez se atreve a decir en público que cerraron la UCA, porque no tenía calidad, estamos ante argumentos que no resisten el más mínimo análisis”.

A las universidades confiscadas también se les ha negado el derecho a defenderse, como ocurrió en diciembre de 2022 tras el cierre de la Universidad de la Integración de América Latina (UNIVAL), las autoridades de esta universidad interpusieron un recurso de impugnación contra el Migob, el CNU, el CNEA, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero este no fue admitido por el Poder Judicial.

El más reciente caso ocurrido en agosto de este año, fue el de la Universidad Centroamericana (UCA), cerrada, confiscada y acusada por el régimen de funcionar “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales". Sin embargo, la Compañía de Jesús que administraba dicha alma máter denunció que no se le garantizó el derecho a la legítima defensa. Las autoridades señalaron que desde 2018 el CNU venía asfixiando a la universidad, porque no le extendía las certificaciones para su funcionamiento, y finalmente la excluyó como miembro del CNU para despojarla de la partida presupuestaria que le correspondía al 6% constitucional.  

En Nicaragua la Constitución Política en su artículo 125 prohíbe la confiscación de universidades y reconoce que todas gozan de autonomía. "Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley". También establece, que las universidades están exentas de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales. Por último, señala que  "sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales".

Pero el 31 de marzo, la Asamblea orteguista reformó la Ley N°. 582 Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley N°. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. En dichas reformas el CNU pasó de ser un órgano de coordinación y asesoría técnica a tener la potestad de “autorizar y aprobar la creación de un nuevo Instituto de Educación Superior (IES)”, además le permite aperturar y  cancelar sedes nacionales e internacionales. Así mismo, podrá aprobar o denegar carreras o programas académicos y aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades estatales, comunitarias e interculturales.

A raíz de la confiscación de la Universidad Paulo Freire las autoridades crearon el programa Centro Nicaragüense de Educación y Formación Abierta (CENIEF/UPF). “Estamos procesando 275 solicitudes de transferencia a universidades” afirma Meza, quien agrega que en la lista de estudiantes que están solicitando trámites de traslado a otras universidades extranjeras en línea hay estudiantes de la UNAN-Managua, de la Ricardo Morales Avilés y de la Gaspar García Laviana, “si la calidad es tanto, por qué tenemos alumnos que están tratando de trasladarse a otras universidades una vez que han comprobado la calidad de las nuevas universidades estatales sacadas de la manga de la camisa”, puntualiza.

Tras el robo de las universidades privadas, el CNU inició un proceso de estatización de las mismas, fue así que agrupó y renombró varios centros de educación superior y reubicó en estos, a estudiantes de otras universidades también clausuradas.

La Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) pasó a llamarse Universidad Nacional Politécnica (UNP), la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE) fue renombrada como Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), la Universidad de Estudios Humanísticos (UNEH), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF), fueron fusionadas y convertidas en la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Mientras que, la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) se convirtieron en la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana. Finalmente, la Universidad Centroamericana (UCA) fue renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

Según Adrián Meza, durante los quince años que funcionó la Universidad Paulo Freire, se graduaron 3, 200 profesionales en ocho carreras y cuando fue cerrada tenían una comunidad estudiantil de 1,500 estudiantes, de los cuales 400 eran docentes de colegios públicos de Rivas en un programa establecido a través de un convenio con el Ministerio de Educación.

Durante el Programa en Vivo con Alberto Mora del 04 de febrero de 2022, Ramona Rodríguez declaró, “las decisiones que Nicaragua está tomando, están conduciendo a un ordenamiento de la educación superior, porque la educación superior debe ser una educación de calidad”.

Eso también es falso. A juicio de Meza, no puede haber un reordenamiento de la educación confiscando universidades e instalaciones que generaban un servicio educativo. “Que tiene que ver el reordenamiento de la educación con el cierre de la UCA una universidad con 63 años de trayectoria, que había instalado seis laboratorios de ciencia y tecnología, que le estaban dando al país un enorme servicio, con un Instituto Histórico que encierra en su biblioteca la historia del país”, argumenta.

En ese intento de desacreditar el trabajo y el aporte que realizaban estas universidades, a criterio de Meza, el régimen ha dejado al descubierto sus verdaderos intereses y mentiras. El CNU aseguró en un comunicado emitido a raíz de la confiscación y cancelación de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), que ellos garantizarían la continuidad académica de los estudiantes de las extintas universidades, “mediante su inclusión en los programas académicos de universidades miembros del CNU, sin perjuicio de que decidan estudiar en otras universidades”.

Esta afirmación es falsa, no se ha respetado la decisión de los estudiantes que no desean continuar sus estudios en las universidades recién nombradas por la dictadura Ortega-Murillo. Antes del cierre y confiscación de la UCA, el 16 de agosto, Nina cursaba el cuarto año de la carrera de Comunicación, dos semestres le faltaban para concluir su carrera. La estudiante se trasladó a la Universidad Americana (UAM), donde en un inicio le aceptaron la pre-matrícula, y le dieron una beca del 50% que denominaron “beca UCA”, la mensualidad pasaría de 260 a 150 dólares.

“El acuerdo era que nos iban a convalidar las clases que se pudieran, nos pedían el syllabus de todas las clases y se suponía que iba a terminar la carrera como en año y medio”, cuenta Nina.  Pero todo cambió en tiempo récord, Nina solo era una de 600 estudiantes que se habían prematriculado en esta universidad, que posteriormente fueron retirados y obligados a regresar a la recién nombrada universidad Casimiro Sotelo Montenegro. 

“La UAM nunca me mandó una notificación, pero a algunos compañeros sí les mandaron y a otros los llegaron a sacar de las aulas de clases. Yo estuve esperando una semana a ver si podía continuar y cuando fui a preguntar sobre mi caso, me dijeron que llenara un formulario en el que solicitaban mi información para hacer devolución del dinero. No me dieron ninguna razón, igual fue con otros compañeros, pero a ellos les dijeron que se regresaran a su universidad”, agrega Nina.

El 18 de agosto de 2023, durante el acto de inauguración de la universidad Casimiro Sotelo Montenegro en las instalaciones de la confiscada UCA, la presidenta del CNU aseguró que “no habrá ningún pago o arancel en la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro”. Sin embargo, el jueves 24 de agosto en La Gaceta, diario oficial se publicó que la universidad sería “autofinanciada”, un día después, una Fe de Errata en La Gaceta informaba que ahora funcionaría con presupuesto del Estado de Nicaragua. Aunque, todavía no han hecho público una reforma al Presupuesto General de la República 2023.

Al respecto, Adrián Meza comenta que a los estudiantes de la antigua Paulo Freire les cobran 30 dólares mensuales, “cómo es que son universidades públicas y obligan a los muchachos a pagar aranceles como que estuvieran en universidades privadas, incluso más de lo que pagaban antes, porque en la UPF el promedio arancel nacional con descuento y beca, era de 23 dólares”.

Finalmente, el 23 de agosto de 2023 durante una entrevista en el oficialista Canal 6, Ramona Rodríguez expresó, “nosotros valoramos que las universidades privadas deben de existir porque son complementarias, las universidades públicas no tenemos capacidad para asumir toda la población estudiantil y el régimen de economía mixta lo avala constitucionalmente, pero deben de ser aranceles justos”.

Con estas declaraciones, la funcionaria orteguista se contradice con lo que en la realidad ha ocurrido, dado que la mayoría de universidades privadas de Nicaragua han sido cerradas y confiscadas. Son pocas las universidades privadas que quedan en el país, entre estas la Universidad Americana (UAM), cuyo mayor accionista es el Ejército, la Universidad Católica (UNICA), fundada por el Cardenal Miguel Obando y Bravo en la actualidad dirigida por las hermanas del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; la Universidad de Managua (UdeM), propiedad del diputado sandinista Mario Valle, la Universidad Central de Nicaragua (UCN), American College, la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), la Universidad del Valle y Keiser University.

Hasta la fecha, el régimen Ortega-Murillo desapareció las siguientes universidades:

La situación que viven miles de estudiantes a los que se le ha negado el acceso a la Educación Superior, se refleja en lo que vive Nina. “No tengo mis notas oficiales, básicamente es como que no haya estudiado, porque para cambiarme de universidad sea dentro del país o fuera necesito tener esas calificaciones, evidentemente no las van a dar y quieren obligarnos a terminar la carrera en la Casimiro o empezar de nuevo, que no muchos quieren tomar esa decisión porque son cuatro años perdidos”.