Nicaragüenses víctimas de sus patrocinadores de parole humanitario pueden denunciar sin temor a ser deportados

La posibilidad de migrar de manera segura a Estados Unidos ha conllevado a que decenas de nicaragüenses busquen desesperadamente a un “patrocinador” que los apadrine a través del programa del parole humanitario — que fue extendido por el gobierno de Estados Unidos en enero pasado para ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití—  y que  para muchos ha representado un “salvavidas”, pero para otros se ha convertido en una pesadilla.

Recientemente al menos ocho nicaragüenses denunciaron ante la organización Texas Nicaraguan Community (TNC),  haber sido víctimas de abusos, amenazas, y explotación laboral por parte de sus patrocinadores. Abogados y expertos en tema de inmigración explican que los beneficiarios pueden denunciar sin temor a ser deportados y también pueden optar a tres tipo de visas que conllevan a ser residentes en suelo norteamericano.

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Parole no puede ser cancelad

La abogada y especialista en temas de inmigración Lorena Pérez McGill aclaró que el estatus legal del parole humanitario no expirará por denunciar al agresor, sino que hasta que se cumpla el período de dos años, el tiempo de beneficio que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Las víctimas pueden seguir en los Estados Unidos mientras siga vigente su beneficio, siempre y cuando puedan demostrar que tienen como valerse por sí mismo en términos económicos, es decir, si cuentan con un trabajo estable, un lugar donde vivir, ahorros, entre otros”, describió la experta.

En esa misma línea, Ronmell López, activista y abogado de inmigración, precisó que ha recibido denuncias de que los patrocinadores muchas veces le quitan el pasaporte con mentiras, los ponen a trabajar largas horas, no le dan la comida, los dejan sin salario, y hasta le quitan los celulares.

“No los dejan salir, entonces las personas no saben qué cosas pueden hacer estando afuera, se sienten  atrapadas y desesperadas porque los amenazan con denunciarlos con migración. El patrocinador se compromete a mantener a la persona, pero el beneficiario puede buscar un trabajo e irse de la casa”, resaltó.

Agregó que la víctima puede llamar a inmigración y denunciar lo que está pasando. “ Hubo contrato firmado por el patrocinador por dos años, la persona entró legalmente al país con sus papeles en regla, por eso no puede ser deportado, y tampoco pueden cancelar el parole porque ya se hizo el contrato”.

Hasta finales de agosto, más de 39 mil solicitudes de parole humanitario fueron aprobadas por el gobierno de Estados Unidos en favor de nicaragüenses, según datos oficiales. 

Pueden optar por una Visa U o T

Pérez explicó que depende del delito o crimen del que haya sido víctima el beneficiario, podría clasificar a una Visa U, Visa T o visa VAWA que eventualmente les permitiría en el futuro obtener un estatus legal en suelo norteamericano.

Cabe mencionar que las visas tipo U, T y VAWA son dirigidas a personas que logren probar que fueron víctimas de algunos delitos como violencia de género, violencia intrafamiliar, trata de personas o de delitos que incluyan lesiones físicas o mentales.

“Debemos de tener en cuenta que es una realidad que está pasando porque hay personas que están viniendo a Estados Unidos bajo falsas promesas y que se quedan en esas situaciones hasta que algo sucede y los hace levantar cabeza, e incluso muchos lo normalizan”, apuntó.

López por su parte indicó que “aunque una persona sea patrocinador no puede retener a nadie contra la voluntad”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que el estatus de Visa T de no inmigrante “es un beneficio temporal de inmigración que permite que algunas víctimas de una forma severa de trata humana permanezcan en Estados Unidos. durante un máximo de 4 años”.

“Cuando alguien recluta, alberga, transporta, proporciona, u obtiene a una persona para realizar labores o servicios del uso de la fuerza, el fraude, o la coerción con propósito de servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud”, explica Uscis.

Agrega que “los no inmigrantes T podrían ser elegibles para solicitar la residencia permanente legal (una Tarjeta Verde) después de estar 3 años en estatus T de no inmigrante o una vez la investigación o procesamiento de los actos de trata de personas se haya completado”.

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Dónde y cómo denunciar

La organización TNC  y la experta -por separado- exhortaron a todas las personas que sean víctimas de abusos por parte de sus patrocinadores de parole humanitario a denunciar sin temor a ser deportados, ya que las autoridades lo primero que harán será garantizarles su seguridad sin importar su estatus migratorio.

“Hay que denunciar, no tengan miedo. Pueden llamar al número 1-866-487-2365 del Departamento del Trabajo”, indicó TNC.

Pérez, mencionó que además de llamar a la policía, la víctima o los parientes pueden acercarse a las autoridades o acudir a las organizaciones sin fines de lucro. Destacó que de hecho el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene una campaña nacional de concientización pública diseñada para educar al público en general, las fuerzas del orden público y otros socios para que reconozcan los indicadores de trata de personas y sepan cómo responder ante posibles casos.

Hay tres líneas telefónicas que están disponibles, la primera +1 -866-347-2423 para denunciar sospechas de trata de personas a las fuerzas de orden público; la segunda + 1-866-347-2423 para reportar un posible caso de trata de personas, y la tercera al + 1-888-373-7888 para obtener ayuda de la línea directa nacional contra la trata de personas. También se puede enviar un mensaje de texto con la palabra Help o Info al número 233733.

De la misma manera, se pueden comunicar a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica marcando +1 800-799-7233; al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al número +1 800-843-5678; al Centro Nacional para las Víctimas de Delitos a los números +1 800-394-2255.

El Departamento de Estado expuso que los traficantes de personas obligan a las víctimas a participar en actividades sexuales comerciales y a trabajar en industrias y sectores tanto legales como ilícitos, incluidos la hospitalidad, los equipos de ventas ambulantes, la agricultura, los servicios de limpieza entre otras.