¡Basta ya! Tenemos derecho de informar
- 29 Nov 2016
- 9:37 p.m.
Por Patricia Orozco
El periodista de Onda Local, Julio López Chavarría, fue golpeado, apretado del cuello y tirado contra el adoquín. Su equipo de trabajo, incautado; luego de quince minutos se lo regresaron, habiéndole quitado el chip de su celular. Posteriormente, una hora después, fue nuevamente apresado e interrogado en la estación policial local durante unas tres horas. Debió responder a preguntas como qué hacía en el lugar, cuánto devengaba por ello, quitándole de nuevo su equipo de trabajo, particularmente su celular.
Su delito: Dar cobertura periodística e informar lo que pasa en Nueva Guinea, territorio militarizado. El argumento de la policía era que estaba Julio estaba “invadiendo un operativo policial”; y le dijeron, los policías, que era primero su trabajo, antes que el de prensa.
Como dijimos con Julio López, en la investigación “Ente la censura y la discriminación: Centroamérica amenazada”, en el Capítulo de Nicaragua que titulamos "La aparente calma", “El Estado nicaragüense mantiene una actitud hostil hacia el periodismo independiente, manifestada en intimidaciones, agresiones físicas y verbales mientras realizan coberturas en entidades públicas, expulsiones del país sin justificación, sean personas nacionales o extranjeras. En la intolerancia estatal, programas de radios y canales locales han llevado la peor parte.
Todo esto demuestra que en Nicaragua se ha creado un espejismo con relación a la libertad de expresión y la libertad de prensa, cuando se afirma que hay irrestricta libertad de expresión porque no hay periodistas encarcelados ni asesinados. Existen una serie de abusos y atropellos a las y los periodistas no afines a la línea editorial del gobierno”.
Tal es el caso del colega Julio López, cuya labor de informar lo que acontece en municipios de la ruta canalera, donde campesinas y campesinos han decidido trasladarse en caravana, hacia Managua. Continúan demandando la derogación de la Ley 840, denunciando los “resultados” electorales ampliamente cuestionados por la altísima abstención y la violencia que impera en el país y de la cual son objeto las y los campesinos, y particularmente las mujeres.
Como ha afirmado la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la libertad de expresión es el derecho más importante para poder acceder a la vigencia de otros derechos humanos. Es la puerta que abre la posibilidad de la vigencia de derechos humanos.
Pero, en la investigación referida, las y los periodistas que participaron en una encuesta realizada para la misma, consideran que el entorno para ejercer la libertad de expresión se ha deteriorado en Nicaragua desde que Ortega volvió al poder en el año 2007, cuando inició la primera etapa de su gestión. El 85 por ciento de las y los periodistas consultados piensa que en Nicaragua está amenazada la libertad de prensa… ¡cuánta razón les asiste!
Entre los ejemplos de restricciones a la libertad de expresión resaltan el impedimento del derecho a la manifestación, la concentración de medios de comunicación y la falta de pluralidad -cada vez más evidente-.
Como hemos dicho miles de veces -y no nos vamos a cansar de decir- el Estado debe proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como a respetar el ejercicio periodístico. Los medios y periodistas somos actores claves para la existencia de una sociedad democrática, la construcción de un Estado de Derecho y el ejercicio efectivo de los demás derechos humanos.
¡La seguridad de las y los periodistas es un asunto apremiante!
