Derogación de la Ley 840: Derrota para Daniel Ortega

El cuento chino del Canal Interoceánico por Nicaragua, por ahora, llegó a su fin. La derogación de la Ley 840 huele a derrota para Daniel Ortega.

El tiempo dio la razón. El 13 de junio de 2013, la Asamblea de Daniel Ortega aprobó la Ley 840, relativa al Canal Interoceánico por Nicaragua. Diversas organizaciones civiles nicaragüenses y el campesinado salieron al paso para denunciar que dicho proyecto carecía de viabilidad técnica y financiera; y que, ponía en riesgo la soberanía, las tierras campesinas e indígenas y los bienes naturales como el lago de Nicaragua y bosques. 

Mónica López Baltodano, abogada ambientalista, durante 11 años se involucró en la asesoría legal al movimiento campesino anticanal. Publicó tres libros en los que denuncia “la estafa de la concesión canalera y su carácter vende patria”. En represalia por esta y otras luchas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitó la nacionalidad a ella y su familia, confiscó la ong POPOLNA de la cual era directora, su hogar y el de su familia.  

Desde el exilio, Mónica considera que, la derogación de la Ley 840 es una “descomunal derrota” para Laureano Ortega, Rosario Murillo y Daniel Ortega. “Triunfa el Lago Cocibolca y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que, junto a ambientalistas, lucharon por 11 años para lograr la derogación de la concesión del megaproyecto más vende patria de todo el continente americano”, afirmó López.  

López recordó que, la dictadura de Ortega y Murillo, ha tenido “dos descomunales derrotas históricas”. La primera, las movilizaciones masivas de 2018 y 2019, que en todas partes de Nicaragua exigieron su salida inmediata del poder por haber asesinado criminalmente a población civil. La segunda, la lucha anticanal, liderada por campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad ambientalista que, junto a organizaciones de sociedad civil, han sostenido sin descanso 11 años de lucha contra la entrega de Nicaragua a las manos de un estafador, que se presentaba como inversionista privado chino.

Ambos hitos, mencionados por López Baltodano, acabaron con el capital político que Ortega y Murillo habían acumulado, al punto que, hoy no gozan de la simpatía del pueblo nicaragüense y únicamente se sostienen en el poder a través de la imposición de un estado policial y el control férreo de las instituciones del Estado.  

“El pueblo de Nicaragua los ha derrotado públicamente, y eso debemos celebrarlo, son una dictadura sin futuro. Además de criminales, son incompetentes e incapaces de administrar el país”, asegura López.

Derogación de la Ley 840 era el camino a seguir

Añade que, el camino legal para deshacer la entrega más vende patria que ha ocurrido en Nicaragua, “era la derogación de la Ley 840 y el Acuerdo Marco de Concesión que entregaba derechos absolutos por 100 años a un inversionista privado chino y sus empresas de maletí”.

López recalca que durante 11 años ha insistido que “la Cláusula 15.2 del Acuerdo Marco de Concesión ya establecía que el Gobierno estaba facultado para terminar la concesión, si en el plazo de 72 meses (equivalentes a 6 años) el inversionista no lograba el cierre financiero, es decir, disponer los recursos para los subproyectos. Desde 2019 podían haberlo derogado, pero jamás lo iban a hacer sabiendo que la población ya estaba masivamente en las calles exigiendo su renuncia”.

A esto se suman las denuncias de las estafas de Wang Jing. Pero, a juicio de Mónica, “la dictadura no estaba dispuesta a aceptar su fracaso absoluto del megaproyecto” que habían vendido como el corazón de su discurso de prosperidad y salida de la pobreza.

“El momento y porque la derogan hoy puede estar vinculado a la quiebra de XinWei y los miles de millones de dólares asociados a ese fracaso y estafa de Wang Jing. En la Bolsa de Valores de Shangai desde 2021 fue desterrado. Es decir, ya es insostenible públicamente la mentira de que Wang Jing tiene capacidad empresarial para el megaproyecto”, sostiene la abogada.

“Al mantener la Ley 800 vigente, lo que hacen es intentar no reconocer que el fracaso del megaproyecto del canal interoceánico, es un fracaso es total, intentan entonces que legalmente el proyecto siga declarado como de interés nacional, en manos del Estado de Nicaragua y de la Autoridad del Canal”.

Para López, no se debe perder de perspectiva que, en una dictadura criminal y enferma de poder, pueden inventarse otro “modelo de negocios para el megaproyecto”. “A estas alturas ¿qué inversionista serio va a involucrase en un megaproyecto promovido por una dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad y sujeta a todo tipo de sanciones económicas?”, se pregunta López.

Mónica López afirma que habrá que dar seguimiento a una eventual “negociación” del proyecto con “otras tiranías del mundo, bajo tratados de libre comercio o bajo nuevos esquemas corruptos”.

Alerta debe mantenerse  

“Nuestra advertencia de las amenazas de expropiación, bajo la excusa canalera, se mantiene, y ahora con más fuerza que antes, en donde llevamos varios años en que hemos vivido la confiscación de los hogares de cualquier opositor a la dictadura, y la confiscación de una gran cantidad de organizaciones de sociedad civil, cámaras empresariales, etc”, asegura López.

Se sabe que, “técnica y científicamente hasta el canal de Panamá tienen problemas para operar hoy, por las severas dificultades con la disponibilidad de agua, y los efectos del cambio climático. A como venía advirtiendo la comunidad de científicos nicaragüenses, el canal húmedo es inviable ambientalmente en Nicaragua”.

La Autoridad del canal será presidida por el Ministro de Transporte e Infraestructura, pero según López, “no hay un solo ministro que actúe sin autorización de la pareja dictatorial. Son apenas trucos de mostrar como si en el país existiera institucionalidad, cuando todas sabemos que lo que hay es una tiranía que ejerce el poder absoluto”.

La abogada ambientalista manifiesta que los capitales de Nicaragua deben profundizar sus aprendizajes. “No solo han encarcelado y desterrado a muchos de sus operadores, sino que definitivamente han aparecido asociados a megaproyectos y concesiones fraudulentas como las del canal. Sumado a los brutales crímenes de lesa humanidad de la dictadura, claramente no debería quedar un solo empresario serio al lado de esta dictadura. El fracaso del canal también debería ayudarles a modificar cualquier intento de alianza que puedan querer con esta dictadura. La historia y el país sigue viéndolos”.

“Yo celebro, celebro por 11 años de lucha, celebro por el Lago Cocibolca, por las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que tanto han sufrido. Y debo decir, los crímenes que la dictadura Ortega-Murillo ha cometido contra todas estas comunidades, eso no se resuelven con esta derogación. Hay procesos abiertos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, porque la dictadura reprimió, encarceló y desterró a miles de personas para proteger esta criminal estafa canalera. Líderes sociales que perdieron un ojo, que fueron detenidos arbitrariamente y torturados. Esos delitos no van a quedar impunes. Y con esta victoria de hoy, debemos seguir firmes en nuestra lucha por justicia y libertad para Nicaragua”, finalizó López.