¿Qué hay detrás de la barrida masiva de empleados públicos que anunció la dictadura?

A raíz del reciente anuncio hecho por la dictadura Ortega Murillo del “reordenamiento, reestructuración y rediseño” en las diferentes instituciones del Estado, han surgido diversas interpretaciones hechas principalmente por economistas.

Según los expertos, entre las motivaciones que están empujando al régimen a hacer una barrida masiva de personas que trabajan en instituciones públicas, estarían: acatar una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda pública; otra hipótesis es que las finanzas gubernamentales están entrando en una crisis.

También se habla de que con la medida la dictadura pretende ejercer mayor control sobre las ejecuciones presupuestarias en las instituciones del Estado por los diversos casos de corrupción que se han venido destapando.

Otra posible motivación es que el régimen busca deshacerse de quienes, dentro de la planilla estatal, no han sido leales al partido de gobierno.

“Medida para promover el ahorro”

En el comunicado emitido por el régimen Ortega Murillo el pasado 2 de agosto este argumenta que luego de evaluar los programas, sus aciertos y desafíos al cerrar el primer semestre del año, ha decidido “proceder a valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos.”

En ese sentido el régimen aduce que con la medida se estaría promoviendo el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública.

“La medida esta orientada a generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República para fortalecer la atención directa y propiciar mayores avances en cada una de las propuestas de desarrollo” dice en parte el comunicado del régimen.

Sin embargo, las lecturas entrelineas surgidas han levantado suspicacias, sobre todo porque es política del régimen ocultar o disfrazar sus desatinos, como parte de una estrategia de secretismo que impera en todas las instituciones del aparato estatal.

Así lo dejó entrever el economista Enrique Sáenz en entrevista con el medio 100% Noticias. Sáenz argumenta que llama fuertemente la atención que la dictadura haya anunciado la restructuración, cuando la práctica más común es ocultar la verdad, además porque el anuncio revive lo ocurrido en las compactaciones que se hicieron a finales de los 80 y principios de los 90 las que enviaron al desempleo a miles de trabajadores estatales y dieron al traste con drásticas reducciones de los servicios públicos.

Por su parte el también economista y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, actualmente en el destierro, advirtió a través de un video publicado en la red social X, que algunas personas han interpretado que esta compactación se debe a una reducción en los ingresos tributarios, “pero realmente en la ejecución del Presupuesto General de la República de 2024, no se nota una caída de los ingresos, de hecho, se mira un aumento de los ingresos tributarios del 17.5%, de tal manera que no va por ahí la explicación”.

Chamorro atribuye la decisión del régimen a dos motivaciones, que no son contradictorias entre sí, “la primera es que la dictadura quiere purgar a todas aquellas personas que no le son cien por ciento leales al partido y por tanto quieren inventar este cuento de la mayor y mejor eficiencia del Estado para correr gente que no son de ellos” afirma.

El economista refiere que “la otra explicación, que no contradice la primera, es que quieren tener más control de la chequera”. En ese sentido Chamorro agrega que “ahora todas las contrataciones públicas tienen que pasar a ser supervisadas por la vice dictadora, esto se debe obviamente a los innumerables casos de corrupción que se han venido dando y que ahora a la vice dictadora quiere tener mayor control.”

Por otro lado, señaló que el régimen Ortega Murillo, ya se había preparado con la reforma a la Ley de indemnizaciones, estableciendo en esta que se debe tener 20 años para poder tener derecho a los 6 meses de indemnización por antigüedad.

En efecto, el 23 de noviembre de 2023, la Asamblea Nacional dominada por los diputados orteguistas, aprobó la "Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado", misma que establece que para que una persona trabajadora de cualquier institución del Estado, obtenga una indemnizaciones por antigüedad equivalente a 6 meses de salario, deberá tener 20 años de trabajo ininterrumpido, contrario a lo que dice el Código del Trabajo, que establece que la misma indemnización se puede obtener con solo seis años de servicio activo como trabajador estatal.

Directrices del FMI

En noviembre de 2023, un equipo técnico del FMI, llegó a Managua pare reunirse con el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, otros altos funcionarios del régimen con el fin de llevar a cabo la Consulta del Artículo IV, como el organismo financiero llama a una evaluación económica del desempeño de los países en cuanto al cumplimiento de los pronósticos de crecimiento en base al dinamismo de la actividad económica.

En su informe sobre la visita a Nicaragua el FMI refiere que: “En 2024, se espera que el sector público consolidado mantenga un ligero déficit, (…) A mediano plazo, se espera que continúe el enfoque sostenible de la política fiscal para reducir la deuda pública, que actualmente se sitúa en torno al 50 por ciento del PIB”

De igual forma el FMI plasmó en su informe que “la misión apoya los esfuerzos de las autoridades por corregir los desequilibrios estructurales de las empresas estatales y los resultados deficitarios de la seguridad social”. El organismo financiero internacional también puntualiza al respecto que, “la misión recomienda orientar mejor los subsidios y reasignar el gasto corriente para seguir manteniendo niveles adecuados de gasto social y de inversión en el mediano plazo, de cara a reducir la pobreza y apoyar el crecimiento”.

Por otro lado, entre las conclusiones a las que llegó el FMI están que en “el ámbito político existe el riesgo de que las sanciones internacionales se amplíen y profundicen, afectando negativamente las perspectivas económicas”.

Miles irán al desempleo

Juan Sebastián Chamorro advirtió que “van a ser miles de personas las que van engrosar el ejército de desempleadas de ahora en adelante.” Asimismo, refirió que toda persona funcionaria pública que no ha sido cien por ciento leal al partido de gobierno, corre el peligro de ser despedido en las próximas semanas.

De acuerdo a datos oficiales en 2020, el Estado contaba con 150 mil personas trabajando en el sector público, una planilla casi dos veces superior a la recibida en 2007 cuando Ortega retomó el poder.