Persecución religiosa: Informe desnuda una vez más lo que la dictadura niega

Sin lugar a dudas alarmante. Desde abril de 2018, cuando estalló la rebelión cívica del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hasta julio de este año, al menos 245 religiosos han dejado de ejercer su labor pastoral en Nicaragua, debido a la férrea represión en contra de la libertad religiosa desatada por el régimen, 90 han sido expulsados, 46 desterrados, a 44 se les ha negado el ingreso al país y 65 decidieron exiliarse.

Los datos son parte de lo que revela la quinta entre del informe: Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?, presentado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, como parte de la sistematización que realiza desde 2018.

El informe también revela que entre abril de 2018 y julio 2024, la iglesia ha sufrido 870 agresiones, siendo el año 2023 el más hostil contra la libertad religiosa.

En las últimas semanas la persecución contra la libertad religiosa ha escalado. Entre el 26 de julio y 2 de agosto 2024 fueron secuestrados 12 sacerdotes, el 7 de agosto de 2024 fueron desterrados a El Vaticano 7 sacerdotes. Entre el 10 y 11 de agosto 2 sacerdotes han sido detenidos arbitrariamente; asimismo, un total de 13 laicos católicos fueron secuestrados y condenados a prisión. El 12 de agosto el Ministerio del Interior canceló la personería jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa y otras 6 organizaciones religiosas de denominación evangélica.

Siete categorías de agresiones

Durante el proceso de investigación y recopilación de las agresiones en contra de la iglesia católica, la autora del informe a agrupado las mismas en siete tipologías.

La primera categoría comprende: ataques, asedios, impedimentos y prohibiciones a templos, (de estas se registran 219), las que se concretizan a través de acciones como, profanaciones, robos, daños a la infraestructura, alteraciones y cortes a los recibos de servicios básicos, inmovilización de cuentas bancarias y prohibiciones a las actividades de piedad popular.

La segunda categoría de agresiones está asociada a los cierres arbitrarios de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), universidades e Institutos, medios de comunicación, así como de proyectos y obras sociales. Estas se contabilizan 47.

En tercer lugar, ubica los actos represivos en contra de religiosos, (313 en total), entre estos: amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones. También registra entre estos, el exilio, las expulsiones y pérdida de la nacionalidad, incluye también en esta categoría los secuestros, encarcelamientos y criminalización de los que han sido víctimas los sacerdotes.

Las otras cuatro categorías son: pintas y mensajes de odio (86), robos y profanaciones: 95, los que comprenden la sustracción ilegal de artículos de valor de los templos y edificios religiosos y grave ofensa a la fe católica; represión a laicos (91) y confiscaciones (19).

Agresiones por año

En cuanto a las hostilidades por año, el estudio registra que, en 2018, el régimen cometió 92 agresiones, en 2019, sumó 88, en el año 2020 el informe contabiliza 64 ataques; 56 en 2021 y las cifras se dispararon a partir de 2022, cuando fueron 171 agresiones, 307 en 2023, y 92 hasta julio de 2024.

De igual forma, en el periodo abril 2018-julio 2024, las personas religiosas que ha sido víctimas del destierro, el exilio, la prohibición de entrada y las expulsiones se distribuyen así: 136 sacerdotes, 91 monjas, 3 obispos, 11 seminaristas, 3 diáconos, a estos se suman la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stalislaw Sommertag, ocurrida de manera intempestiva el 6 de marzo de 2022.

La autora del estudio advierte que, en cuanto a las cifras expuestas de religiosos en el exilio, “estas pueden ser mayor porque los sacerdotes y religiosas no publican la información cuando son obligados a exiliarse o cuando la dictadura les notifica por medio de las líneas aéreas que no tienen permiso de ingresar a Nicaragua”.

Cerca de 10 mil actividades religiosas prohibidas

El informe registra un total de 9,688 procesiones y actividades religiosas que han sido prohibidas por la policía orteguista en el periodo abril 2018-julio 2024.

La autora explica en el documento que “las autoridades policiales previamente advierten a los obispos y sacerdotes acerca del impedimento mediante llamadas telefónicas o 'visitas de cortesía ', (termino utilizan los policías cuando llegan a intimidar a los sacerdotes), pero se aseguran de no dejar evidencias o pruebas escritas de la prohibición para luego hacer creer a la población y comunidad internacional de que si se suspende la actividad es porque la iglesia lo decidió de esa manera”.

Asimismo, advierte que “en el país no existe ninguna ley que prohíba realizar procesiones o actividades de piedad popular, al contrario, el cuerpo legal normativo de Nicaragua defiende la libertad religiosa a pesar de la laicidad del Estado”. Con las prohibiciones, la Iglesia Católica se ha visto obligada a realizar sus actividades religiosas al interior de los templos