Organizaciones civiles exponen demandas ante Examen Periódico Universal de la ONU

Representantes de diversas organizaciones nicaragüenses en el exilio, que participan en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, externaron a Onda Local desde Ginebra, sus principales demandas y recomendaciones a los Estados partes en relación a la crisis sociopolítica que desde 2018 se vive en Nicaragua.

Entre las principales demandas de las organizaciones nicaragüenses que participan en las sesiones, están la excarcelación de las 151 personas presas políticas que aún mantiene en sus cárceles la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo; la restitución de la nacionalidad y sus derechos civiles y políticos a 317 nicaragüenses desterrados por el régimen, el cese de la represión y la demanda de justicia por las personas asesinadas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018.

Las organizaciones solicitan a la vez gestionar el retorno al país de las misiones de expertos en derechos humanos, para continuar investigando los crímenes que la dictadura ha cometido después de haberlas expulsado.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de presentar informes sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de derechos humanos y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos. También ofrece recomendaciones basadas en los aportes los informes previos- elaborados por Estados Miembros, con miras a seguir mejorando.

GREX: “Esperamos respuesta positiva por parte de los Estados”

El profesor Gabriel Potoy quien asiste en representación del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), expresó que el principal objetivo es insistir en la demanda de la liberación de las personas presas políticas que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, además de la restitución de la nacionalidad a las personas que han sido desterradas, así como la restitución de sus derechos civiles y políticos y la devolución de las propiedades que les han sido confiscadas.

También mencionó que la organización aboga por que se respete la integridad y la libertad de movilización de disidentes que aún permanecen dentro de Nicaragua y que dejen de ser asediados por el régimen. “Creemos que este espacio de las Naciones Unidas es un micrófono importantísimo para seguir denunciando y seguir poniendo en la agenda de los distintos países que tienen misiones permanentes aquí, para que sigan haciendo incidencia y que Nicaragua acate las recomendaciones, porque no hay otra salida ahorita más que el entendimiento entre los nicaragüenses” opinó Potoy a la vez que añadió que se espera respuesta positiva por parte de los Estados miembros.

El docente y expreso político que integra el GREX, resaltó que la dictadura aún mantiene en prisión a 151 personas, 13 de ellas son excarcelados que fueron nuevamente capturados y que “dentro de Nicaragua corren el riesgo de ser asesinados”, en ese sentido recordó que tres personas han sido asesinadas en Nicaragua posterior a su liberación.

Potoy advirtió además que “dentro de las cárceles de la dictadura hay gente enferma sin recibir la atención médica educada, como el caso de Eliseo Castro que tiene casi un año de estar postrado en cama” de igual forma mencionó el caso del preso político, Wilfredo Balmaceda quien tiene más de 60 años y ya perdió la visión, o el caso de Olesia Muñoz quien también se encuentra enferma tras las rejas de la dictadura.

“La tarea acá es hacer incidencia en las misiones permanentes y que ellos den sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, sabemos que es un Estado dictatorial sordo, soberbio; pero no debemos dejar de insistir, ni perder la esperanza, porque sabemos que es el único espacio donde las demandas del pueblo nicaragüenses aún tienen eco” señaló Potoy.

AMA: “seguiremos demandando justicia por nuestros hijos asesinados”

Josefa Meza de la Asociación Madres de Abril (AMA), dijo a Onda Local desde Ginebra que la asociación continuará haciendo incidencia en las sesiones del EPU “para seguir demandando justicia por nuestros hijos asesinados en las protestas del 2018”.

Meza recordó que en el EPU de 2019, el régimen negó toda responsabilidad de los hechos aún con las evidencias concretas de que sus fuerzas policiales junto a paramilitares fueron perpetradores del asesinato de muchos jóvenes.

Asimismo, refirió que entre las recomendaciones de AMA están que las misiones regresen al país y se verifique bien los hechos con expertos independientes, constituir una comisión de la verdad en la cual no esté implicado el Estado, y se establezca una Fiscalía Especial para continuar con la comprobación de los hechos que no pudieron ser investigados porque fueron expulsados los organismos de derechos humanos, los que no les permitió continuar su labor.

La representante de la Madres de Abril, se refirió también a la demanda de la derogación de la Ley de Amnistía que aprobó el régimen (Ley 996), en el marco de las protestas, la que deja en impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión contra la ciudadanía que expresaba su descontento contra la dictadura.

Meza resaltó que “la represión continua, cada vez es más fuerte, estamos cada vez más indefensos y por eso mismo es que estamos haciendo estas recomendaciones”.

MAM y Las Malcriadas: “las mujeres están bajo desprotección total”

Tamara Morales acudió a la sesión del EPU en representación de las organizaciones feministas Movimiento Autónomo de Mujeres y Las Malcriadas, para exponer ante el evento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación de las mujeres nicaragüense bajo la dictadura Ortega Murillo.

Morales reveló que ambas organizaciones elaboraron un informe en el que detallan la indefensión en que se encuentran las mujeres en Nicaragua frente a la violencia de género y la violencia Estatal.

Expuso que una de las principales demandas es la liberación de las presas políticas. “Sabemos que son 25 presas políticas y que 11 de ellas están en aislamiento y que están recibiendo trataos crueles e inhumanos, entonces parte de las recomendaciones es que se insista en un plan de atención integral contra la violencia recordando una ratificación del protocolo para la eliminación de la violencia contra las mujeres que se hizo en 2019” declaró Morales a Onda Local.

También destacó la agresiva arremetida de la dictadura contra la libertad de asociación, “el espacio cívico está cerrado, más de 5mil organizaciones han sido cerradas y entre esas 278 organizaciones feministas, lo que ha significado mayor desprotección para las mujeres.

“Las mujeres tienen miedo de ir a poner denuncias de abuso sexual y de maltrato, entonces hay una desprotección total y lo que se quiere es que es adopten medidas urgentes porque además los femicidios no han cesado” dijo Morales a la vez que recordó que hasta mediados de agosto se contabilizaban 53 femicidios en Nicaragua.

“Hay que seguir poniendo a Nicaragua en la retina de la comunidad internacional”

Por su parte, Enrique Sáenz quien asiste al evento en representación de la organización Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, refirió que se escucha con frecuencia opiniones en el sentido que las declaraciones que surgen en diferentes foros internacionales, solo son declaraciones y que con estas no se logra nada, al respecto dijo que si bien “ciertamente las declaraciones internacionales no botan gobiernos, hay que estar conscientes de la importancia que tiene que la comunidad internacional mantenga su foco en Nicaragua”.

Sáenz opinó que “en un ambiente internacional donde hay tantos conflictos, guerras abiertas, centenares de miles de desplazados (…), colocar el tema de Nicaragua en la visión de la comunidad internacional es un trabajo que requiere un día a día en todos los espacios, si no se hace eso, la alternativa es el silencio y la oscuridad, y ese sería el mejor aliado de Ortega.”

Refirió además que la organización que representa es movida a este espacio por dos temas primordiales; el despojo de nacionalidad a 317 nicaragüense y la represión transnacional que ejecuta la dictadura.

Sobre el despojo de la nacionalidad explicó que esta acción ha implicado a la vez la conculcación de un conjunto de derechos económicos y sociales tanto a las víctimas como a sus familiares, en ese sentido enumeró: “El derecho a la propiedad, el derecho al empleo, a la salud, el derecho a la seguridad social, fueron mutilados o aniquilados por parte de la dictadura sin ningún tipo de juicio”.

El disidente, también desterrado por la dictadura agregó que colocar esto en la visión de la comunidad internacional también es parte de este trabajo, “no solo en términos de denuncias, sino en términos de establecer bases para la restitución futura de estos derechos (…) es importante colocarlo en la retina de la comunidad internacional” reiteró.

Sobre el tema de la represión transnacional, Sáenz manifestó que “la dictadura no ha limitado sus acciones represivas al territorio nicaragüense, que ya es suficientemente grave, sino que también extiende su garra represiva fuera de las fronteras”.

El también economista y analista político destacó que “ha habido nicaragüense en el exterior que han sufrido atentados contra su vida; sufren de amenazas, sufren de vigilancia y siempre está gravitando la posibilidad de agresiones físicas”, en la misma vía añadió que es importante que la comunidad internacional tome conciencia también que no solo la población nicaragüense que se encuentra en el país merece estar en el foco de atención, sino también los nicaragüense en el exterior que se encuentran amenazados por medidas de represión transnacional.

Astrid Montealegre, abogada de la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), indicó que esta organización está instando en el marco de la EPU a que los Estados miembros) presionen al gobierno de Nicaragua, “para que acate las recomendaciones de la última sesión de la EPU de Naciones Unidas, las que hasta la fecha no se han cumplido.”

Montealegre aseguró que el incumplimiento de estas recomendaciones ha resultado en casi más de un millón de personas nicaragüenses exiliadas, cuya situación es compleja porque muchas veces son revictimizadas “primero porque tienen que pasar por un proceso legal que a veces incluye hasta estadías en centros de detención o un proceso de hasta tres o cuatro años para obtener asilo o protección legal”.

De igual forma refirió que “muchos han quedado despojados de su nacionalidad lo que indica que no pueden viajar, no pueden transitar a través del mundo y eso inhibe la reunificación familiar”.

Montealegre coincidió con las otras organizaciones en que se debe continuar visibilizando la crisis que está viviendo Nicaragua como un país que tiene en el exilio casi el 13% de su población total, “esperamos que la comunidad internacional reaccione y tome todas las medidas posibles dentro del derecho internacional para obligar al Estado de Nicaragua a respetar sus obligaciones dentro del contexto del marco del EPU” puntualizó.

Coalición de organizaciones destaca incumplimiento del Estado de Nicaragua

La Coalición Nicaragua Lucha integrada por 23 organizaciones emitió un comunicado en el que resalta que el Estado de Nicaragua no ha avanzado en el cumplimiento de las 135 recomendaciones aceptadas de las 259 emitidas durante el tercer ciclo del EPU llevado a cabo en 2019.

Dicha coalición explica que el régimen de Ortega no aceptó 124 recomendaciones bajo el argumento de que estas no son aplicables por “distorsión de la realidad.”  La Coalición advierte que la situación en Nicaragua ha empeorado, “con el régimen totalitario persiguiendo activistas, opositores políticos, defensores de derechos (incluidos víctimas, familiares y excarcelados), personas religiosas y periodistas”.

La pre sesión del cuarto ciclo del EPU se desarrolla este 27 de agosto y la revisión será el próximo 4 de noviembre, que será cuando se emitan nuevamente las recomendaciones a la dictadura Ortega Murillo.