EPU 2024: Organizaciones nicaragüenses denuncian violación al derecho de Asociación

En las presentaciones previas al Examen Periódico Universal, las organizaciones civiles nicaragüenses que trabajan desde el exilio denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

El EPU es una actividad que se realiza cada cuatro años con el objetivo de evaluar el desempeño de las naciones en el cumplimiento de los derechos humanos. La sesión 145 del EPU se realizará en noviembre. 

Previo a esto, las organizaciones nicaragüenses presentaron informes alternativos a través del mecanismo de apreciaciones que permite a la sociedad civil participar en estas actividades. 

Efraín Ordoñez, de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, una de las participantes en la actividad que se desarrolla en Ginebra, Suiza, afirmó que el objetivo es incidir ante representantes de diversos Estados, principalmente los que examinarán a Nicaragua. 

Ordoñez, aseguró que los hallazgos que compartió la sociedad civil de Nicaragua fueron las violaciones a los derechos a la libertad de asociación y religión. La persecución de la dictadura de Daniel Ortega ha dejado más de 1100 organizaciones religiosas clausuradas. 

Ordoñez mencionó que Nicaragua no cumplió 135 recomendaciones de las 259 que le hicieron en el EPU anterior realizado en 2019. 

De igual forma, compartió que, aproximadamente 5500, han sido canceladas en Nicaragua desde el 2018. Además, a centenares de estas, les han confiscado sus bienes. Durante el tercer ciclo, el informe de Nicaragua presentado en 2019, negó la persecución hacia las organizaciones civiles y dijo que, el Estado garantizó el derecho constitucional de asociación, lo cual se reflejó en la existencia de 7,227 organizaciones sin fines de lucro debidamente inscritas, y que nunca se ha solicitado a la Asamblea Nacional, la cancelación de personería jurídica de ningún ONG.

Sin embargo, en 2018 la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de las primeras nueve asociaciones. A partir de esa fecha, ha habido un proceso sistemático de anulación de organizaciones y del espacio cívico. 

El tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) Nicaragua recibió 259 recomendaciones, la mayoría exhortando al Estado a resolver la crisis política, a la investigación sobre graves violaciones de derechos humanos y a garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y al derecho de reunión pacífica. Del total de recomendaciones, el Estado de Nicaragua aceptó 135, no aceptó 24 y consideró que 100 no aplicaban por falta de fundamento y distorsión de la realidad. Un total de 26 recomendaciones estuvieron encaminadas a respetar el derecho de asociación y de religión. 

Durante las sesiones previas al EPU 2024, las organizaciones también denunciaron las violaciones a la libertad académica, la expulsión y arresto de estudiantes por asuntos políticos desde 2018, el cierre y confiscación de universidades.  

Las violaciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones indígenas, a las libertades de expresión y de prensa, así como la difícil situación de las personas presas presas políticas, también fueron presentadas. 

Los representantes de Estados escucharon los datos de las organizaciones, sin embargo, no emitieron opiniones, porque lo harán hasta la realización del EPU en noviembre, precisó Ordoñez. 

En el EPU, los Estados que evalúan sólo pueden emitir recomendaciones a los países evaluados y depende de estos si toman en cuenta o no las recomendaciones, explicó el especialista. 

Régimen mentirá en su exámen

Ordoñez afirma que las organizaciones nicaragüenses esperan que el régimen desmienta toda la información presentada por ellos y que diga que todo está bien en Nicaragua. 

Por este espacio de incidencia y de denuncia internacional, Ordoñez teme que se “aumente la represión en contra de las personas señaladas de ser opositoras y de informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua”. 

Sobre el nuevo modelo de asociación que instauró el régimen, Ordoñez afirmó que el régimen no quiere competencia en el trabajo con la población. Considera que están viendo este modelo como una oportunidad para obtener ingresos. 

“Este modelo pretende financiar proyectos estatales con recursos de las organizaciones sin fines de lucro”, sostuvo Ordoñez. 

Agregó que el régimen quiere capitalizar la ayuda financiera que viene a Nicaragua. “Con esto las organizaciones pierden autonomía y dejan de ser no gubernamentales y serán paraestatales”, advirtió. 

“Creemos que pasarán dos cosas, las organizaciones aceptarán ese modelo o serán cerradas”, expresó. 

Afirma que este modelo pone en riesgo la ayuda internacional pues los donantes pensarán si financian estos tipos de proyectos. “Más pobreza, exilio y migración provocará el cierre masivo de las OSFL en Nicaragua”, afirmó el especialista.