Dictadura despoja de personería a Iglesia Morava y 168 organizaciones más
- 29 Ago 2024
- 12:45 p.m.
Los argumentos del régimen para la cancelación de las organizaciones son los mismos que ha usado en la mayoría de las anteriores. • Foto: Iglesia Morava de Laguna de Perlas
Mediante acuerdo ministerial 40-2024-OSFL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de este jueves 29 de agosto, la dictadura Ortega-Murillo, a través del Ministerio del Interior, canceló 169 organizaciones más como parte de la eliminación sistemática de toda expresión organizativa de la sociedad civil nicaragüense que el régimen viene ejecutando desde 2018.
Entre las organizaciones ilegalizadas por le régimen, está la Iglesia Morava y 86 organizaciones religiosas más de diferentes denominaciones entre asociaciones, fundaciones e iglesias.
Asimismo, aparecen en la lista asociaciones ganaderas y comunitarias, así como fundaciones que trabajan en la rehabilitación de adicciones y otras que apoyan a personas con discapacidad.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien viene sistematizando los ataques del régimen a la libertad religiosa lamentó el cierre de la Iglesia Morava. “Mi solidaridad oración con todos los miembros de la Iglesia Morava. Una iglesia con 175 años de existencia en nuestro país y más de 120 mil feligreses” publicó Molina en sus redes sociales tras conocer la cancelación de la congregación a la que asiste feligresía principalmente del pueblo creol y las etnias mayangna y miskita.
“Hoy la dictadura canceló su personalidad jurídica, pero el amor a Dios no depende de un documento ilegal o del temperamento de dos delincuentes (Ortega-Murillo). La dictadura continúa mostrando su odio y persecución a la libertad religiosa y hacia el pueblo Miskitu, afro y mayangnas. Nuestra iglesia resucitará” posteó Molina.
Los argumentos del régimen para la cancelación de las organizaciones son los mismos que ha usado en la mayoría de las anteriores: El incumplimiento de las normativas que las regulan, dado que “no han reportado sus estados financieros y tienen vencidas sus juntas directivas”.
De igual forma el acuerdo ministerial que oficializa la cancelación establece que los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones ilegalizadas, pasarán a nombre del Estado, y que “corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.
Con las nuevas 169 organizaciones canceladas, ya suman más 5,500 desde que el régimen inició la arremetida contra la libertad de asociación y los espacios cívicos que existentes en el país.
