Personas desterradas viajarán a Estados Unidos, afirma Canciller de Guatemala

El canciller de Guatemala, Carlos Martínez,  afirmó a una radio local que entre las 135 personas desterradas a este país, hay dos menores de edad de ciudadanía estadounidense. 

El Gobierno de Guatemala que presidente Bernardo Arevalo, confirmó por un comunicado el 5 de septiembre de 2024, que recibieron a 135 personas presas políticas que fueron liberadas y enviadas a este país por el régimen de Daniel Ortega. 

De acuerdo con el comunicado, “entre los liberados se encuentran líderes religiosos, laicos, y defensores de derechos humanos”. 

La llegada de estas personas se da luego de meses de negociación entre Estados Unidos y Nicaragua, señala el comunicado. 

Las personas liberadas recibirán apoyo económico y psicológico, “para ayudarlos a recuperarse y comenzar el difícil trabajo de reconstruir sus vidas”, asegura el Gobierno de Guatemala. 

Martínez aseguró que la negociación fue entre Nicaragua y Estados Unidos, y que su país se involucró en el proceso, apenas, una semana antes, a solicitud del gobierno estadounidense. 

Martínez afirmó que el objetivo es que las personas desterradas se vayan a Estados Unidos, mientras regulan su estado migratorio. Martínez afirmó que no puede dar detalles de las personas que fueron enviadas a Guatemala por seguridad. 

Sobre los dos menores de edad, afirmó que no puede dar más detalles, pero es posible que se trate de hijos de algunas de las personas que fueron desterradas.

Las 135 personas desterradas están en un lugar seguro y están siendo atendidas por la Organización Mundial de la Migracion y la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), detalló el canciler de Guatemala. 

AUN confirma liberación de jóvenes activistas

Las y los jóvenes activistas Jason Salazar, Adela Espinoza y Henry Blass, están entre las personas desterradas hacia Guatemala, afirmó la Alianza Universitaria Nicaraguense  (AUN) en sus redes sociales. "Este es un paso crucial por la lucha de la justicia y los derechos humanos", afirmó la organización. 

Salazar y Blass tenían más de un años de estar en la carcel, mientras que Espinoza fue detenida días después de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).