Dictadura consuma reformas para aumentar represión

Las reformas al Código Penal y a la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobadas este lunes 10 y martes 11 de septiembre respectivamente, mediante solicitud de trámite de urgencia enviada por el Ejecutivo, tiene como propósito aumentar el control y restringir más las libertades fundamentales de la ciudadanía nicaragüense, pero principalmente la libertad de expresión.

La aprobación de la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones al Código Procesal Penal o Ley No.406, contiene modificaciones que otorgan a la policía orteguista poderes adicionales que la eximen, por ejemplo, de tener una orden judicial para ejecutar allanamientos, una práctica que desde 2018, el brazo represor de la dictadura venía ejerciendo de facto.  Con la reforma solo se legalizan las acciones ilegales de la policía.

Con la última reforma al Código Procesal Penal, la cuarta aprobada en menos de dos semanas a través de trámite de urgencia, el régimen Ortega Murillo otorga también a la policía la facultad de solicitar a las compañías telefónicas información sobre sus usuarios, la que incluye llamadas, mensajes de texto y voz, así como su localización. El articulo reformado que infiere de estas funciones al cuerpo policial, es el 230, cuyas modificaciones se aplicaron a los incisos 9, 10, 12 y 13.

En tanto las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos, además de judicializar el uso de redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales, aumenta la duración de la pena máxima a los “ciberdelitos” de 10 hasta 15 años.

La reforma también extiende el ámbito de acción de la Ley, al incluir entre las personas sujetas a su aplicación a familiares o cercanos a los acusados, a quienes la ley identifica como “cooperadores necesarios” y “cómplices.”

El 3 de septiembre pasado la Asamblea aprobó una reforma al mismo Código Penal con la que el régimen pretende enjuiciar a nicaragüenses en el exterior y aplicarles multas, ejecutar confiscaciones y condenarlos a prisión.