Corte IDH: Estado de Nicaragua no protegió a pueblos indígenas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, resolvió que el Estado de Nicaragua violó los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Sur de Nicaragua al concesionar el proyecto del canal interoceánico a la empresa china HKND. La Ley 840, relativa a la concesión de este proyecto, fue derogada en mayo pasado. 

Según la sentencia de la Corte IDH, el Estado nicaragüense vulneró los derechos políticos, a participar de la vida cultural, a la propiedad, a la consulta previa, libre e informada, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a un medio ambiente sano" de las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio de Bluefields, en la costa Caribe Sur, ubicada a  unos 360 km al este de Managua.

El fallo determinó como medidas de reparación que Nicaragua devuelva la propiedad a través de la entrega de títulos a las comunidades afectadas para que sean delimitados, demarcados y saneados. 

La Corte resolvió que hubo “una indebida interferencia en la designación de autoridades y representantes comunales y territoriales”. Además, menciona que el Estado lesionó los derechos de las comunidades sobre sus territorios. 

Asimismo, la Corte ordenó asegurar que, cualquier medida que pudiera adoptar en relación con el proyecto de un canal interoceánico, sea precedida de un proceso de consulta libre, previo e informado. 

También dispuso la constitución de un fondo en beneficio de los miembros de las comunidades víctimas, para financiar proyectos de diversa índole.

El régimen de Ortega y Murillo no acreditó a nadie para representar al Estado de Nicaragua ante la Corte. 

Una sentencia muy importante

María Luisa Acosta, presidenta del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, (Calpi), considera que esta es una sentencia del más alto tribunal de derechos humanos de América. 

“Es una reafirmación de los derechos territoriales, del derecho al medioambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”. 

Aseguró que el régimen está en el deber de acatar la resolución ya que “voluntariamente y bajo su soberanía aceptó ser parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. 

Por su parte, Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que la sentencia revela la violaciones sistemáticas a derechos humanos que se vienen cometiendo contra las poblaciones indígenas 

“Esto significa que se deberían de garantizar los derechos de estas poblaciones y se debe otorgar una protección especial a los defensores del medioambiente”, destacó.  

Marenco sostiene que la sentencia “podría tener un impacto significativo tanto para Nicaragua y para establecer criterios en toda América donde hay pueblos indígenas y en donde los Estados pretenden tener injerencia en la cosmovisión de su organización”.