CIDH lleva caso de pueblo indígena de Muy Muy a Corte IDH
- 28 Ene 2025
- 11:04 a.m.
La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos. • Foto: Corte IDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un caso en el que demanda al Estado de Nicaragua por la vulneración de derechos al pueblo indígena de Muy Muy en el departamento de Matagalpa.
La CIDH informó de la solicitud ante la Corte IDH a través de un comunicado de prensa divulgado este 27 de enero en el que refiere que el caso Número 13.660 de Nicaragua, fue presentado ante este tribunal interamericano el 27 de diciembre de 2024.
El pueblo indígena de Muy Muy, asentado en el municipio del mismo nombre, tiene 12 mil habitantes quienes se dedican a la agricultura, ganadería y producción de lácteos.
La CIDH reconoce que el pueblo indígena de Muy Muy ha sido tradicionalmente gobernado por su Junta Directiva, el Consejo de Ancianos y el alcalde de Vara.
No obstante, de acuerdo al comunicado de la CIDH, desde 2003, las autoridades municipales han impuesto dirigentes locales, negando a este pueblo indígena su derecho a elegir a sus representantes, lo que ha generado conflictos sobre el uso de tierras, títulos comunales duplicados y un aumento de la violencia, el que se ha expresado con hechos graves como el asesinato de Bayardo Alvarado Gómez, ataques contra Dionisio López, Adolfo Maradiaga Rodríguez, y contra el secretario general de este pueblo indígena.
La CIDH también ha denunciado que se han reportado la quema de ranchos, construcciones ilegales, y restricciones de acceso al agua.
Dictadura replica estrategia que usa en la Costa Caribe
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de las autoridades locales designadas durante las últimas farsas electorales municipales, ha implementado la misma estrategia que aplica a los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, al establecer estructuras de poder paralelas a las tradicionales, desconociendo a las autoridades indígenas legítimas.
En el Informe de Admisibilidad la CIDH concluyó que el pueblo indígena de Muy Muy “ha sido impedido de elegir a sus autoridades tradicionales debido a la imposición de autoridades municipales y la creación de órganos paralelos, lo que ha generado conflictos territoriales.”
Asimismo, dicho informe refiere que “el Estado no garantizó un proceso adecuado de consulta antes de otorgar títulos de propiedad de las tierras indígenas a terceros, violando los derechos a la autodeterminación, propiedad y consulta previa, lo que ha causado la imposibilidad de disfrutar pacíficamente sus recursos naturales y medios de subsistencia e incrementado la violencia”.
En la misma vía, la CIDH señala que el Estado de Nicaragua no garantizó recursos judiciales efectivos para proteger los derechos del pueblo indígena de Muy Muy, “lo que afectó desproporcionadamente su acceso a tierras y recursos naturales”.
La Comisión también responsabilizó al Estado por la falta de prevención del asesinato de Bayardo Alvarado Gómez en 2013 y por no realizar una investigación adecuada para identificar y sancionar a los responsables.
En conclusión, la CIDH determinó que el Estado de Nicaragua violó varios derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), entre estos, los derechos políticos, la propiedad privada, la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la vida digna, a la integridad personal y al desarrollo progresivo.
De igual forma señala que se vulneraron derechos relacionados con la autodeterminación, la consulta previa sobre tierras, y la falta de garantías judiciales.
CIDH solicita medidas de reparación
En consecuencia, la CIHD solicitó a la Corte Interamericana establecer una serie de medidas de reparación entre las que destacan, delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo registrable de propiedad de tierras y territorios al pueblo indígena de Muy Muy, asegurando pleno dominio; realizar una investigación exhaustiva sobre los actos de violencia, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a estándares internacionales que incluya la investigación de la muerte de Bayardo Alvarado Gómez.
Asimismo, demanda la reparación, de manera individual y colectiva, de los daños causados por la imposición de autoridades, invasión de tierras y violencia.
Otra de las peticiones que hace la Comisión a la Corte IDH, es adoptar medidas como la creación de mecanismos eficaces para la titulación y protección de territorios ancestrales y garantizar la consulta previa con participación del PIMM, conforme al Convenio 169.
No obstante, el régimen Ortega Murillo, durante los últimos años ha hecho caso omiso a las resoluciones de la CIDH, así como a las decisiones de la Corte IDH, como las medidas previsibles a favor de las personas privadas de libertad por razones políticas.
En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos.
La más reciente resolución de la Corte IDH sobre Nicaragua, fue la emitida el jueves 23 de enero, en la que este tribunal internacional, condenó a Nicaragua por permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, pese a que estaba prohibida en la Constitución.
En su declaratoria, la Corte estableció como medidas de reparación que el Estado garantice el Tribunal Electoral sea imparcial e independiente y proporcione medios adecuados de impugnación ante violaciones a la Ley Electoral.
