Informe de PCIN revela persistente represión a periodistas en Nicaragua

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha publicado los resultados de su Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa, revelando la continua escalada represiva por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El informe, que abarca del 1 de enero de 2024 al 15 de febrero de 2025, documenta 78 agresiones, la mayoría perpetradas por agentes del Estado nicaragüense. De estas, 64 afectaron a periodistas y comunicadores, y 14 a medios de comunicación.

Las principales agresiones a periodistas y medios de comunicación

Según el informe, las principales agresiones son amenazas e intimidación (23 casos) y el abuso de poder estatal (12). Los testimonios de las víctimas describen situaciones dramáticas como destierro, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y allanamientos de viviendas. 

PCIN alerta sobre un aumento en las agresiones contra periodistas mayores de 60 años, la mayoría jubiladas o retiradas de la profesión. De las 64 víctimas, 14 son personas adultas mayores.

Estas agresiones fueron cometidas en su mayoría por la Policía, paramilitares, integrantes del Consejo del Poder Ciudadano y la Juventud Sandinista. El informe destaca la participación de la Juventud Sandinista en los ataques en línea. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) también figura como una entidad agresora, debido a su papel en la denegación de entrada al país a decenas de periodistas.

La mayoría de los ataques ocurrieron en Nicaragua, principalmente en Managua (37 casos), León (8) y Matagalpa (4). Sin embargo, la represión ha trascendido las fronteras del país. PCIN registra diez casos en Costa Rica, cinco en Estados Unidos, uno en Venezuela y otro en Guatemala.

Testimonios de víctimas reflejan intimidación  

Los testimonios recogidos por PCIN revelan intentos de intimidación y coacción por parte del régimen de Ortega y Murillo:

Querían que trabajara para ellos y me amenazaron con apresarme si no daba información de mis compañeros de trabajo. Un policía me dijo que solo esperaba una llamada para agarrarme (detenerme) y (que) les dijera dónde están el resto de mis compañeros. Desde el 2018, las amenazas incrementaron hacia el medio, e incluso lo cerraron y lo confiscaron. Por tal razón, decidí exiliarme por seguridad”, dice uno de los testimonios recogidos por PCIN.

Fui visitado por personas vestidas de civil, pero con placas de la Policía. Me dijeron que pensara bien todo lo que iba a decir, porque cualquier palabra mal dicha, me iban a mandar a la cárcel. La persona que se presentó como Comisionado dijo que él echaba presos a los curas y me consultó reiteradamente cuál era el método de pago, quién me pagaba y cuánto.  Amenazaron con encarcelar a toda mi familia. Agarraron mi celular, le introdujeron un código y empezaron a caer mensajes antiguos con los que trataron de inculparme. Se llevaron equipos de trabajo y 800 dólares que tenía en la casa”, señala otro testimonio. 

El Observatorio de PCIN ha identificado patrones como la confiscación de equipos de trabajo y artículos personales durante los allanamientos, percibidos por las víctimas como robos. También se denuncian ataques y saqueos por parte de simpatizantes del régimen, que actúan con impunidad.

“Entraron a la casa miembros de la Juventud Sandinista, se llevaron papeles de la universidad y del bachillerato. Se llevaron (un) tanque de gas y equipos de sonido. No había nadie en la casa y entraron por la parte trasera, fingiendo que era un robo. La parte (por) donde entraron, es por la casa vecina de una CPC, cuyo hijo participó en el robo. Se intentó poner la denuncia en la Policía y dijeron que no aceptaban la denuncia”, señala el testimonio.

Detenciones y desapariciones forzadas de Periodistas

En el marco del Día Nacional del Periodista, celebrado cada 1 de marzo, Reporteros Sin Frontera (RSF) y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunciaron la escalada de represión contra periodistas en Nicaragua, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, destierros y desnacionalizaciones.

Irving Guerrero Montes

Ex-corresponsal de Radio Corporación y Canal 23, de 65 a años. El 9 de febrero fue detenido en su domicilio de la ciudad de León por la Policía. El periodista, que contaba con una larga trayectoria en el periodismo local, pasó tres días en la cárcel y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de juicio por no tener, supuestamente, la documentación adecuada para la portación de un arma. 

Leo Catalino Cárcamo Herrera

Fue corresponsal de Radio Darío. Agentes del Estado lo arrestaron en noviembre de 2024. Actualmente, su paradero es desconocido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas provisionales a su favor y de su familia, advirtiendo sobre el riesgo para su integridad debido a su edad y salud.

Elsbeth D'Anda

Detenido arbitrariamente el 27 de octubre de 2024 tras abordar el aumento del costo de vida en Nicaragua en su programa de televisión en el canal CDNN 23. Su detención, llevada a cabo sin orden judicial, incluyó el allanamiento de su domicilio y la confiscación de sus equipos. Luego, el régimen intentó vincularlo con delitos de droga y posesión ilícita de armas, una táctica habitual para justificar la persecución de periodistas críticos. Hasta hoy se desconoce su paradero, lo que lo convierte en víctima de desaparición forzada. 

Fabiola Tercero 

Periodista independiente y activista feminista. Se desconoce su paradero desde el 12 de julio de 2024, cuando la policía allanó su domicilio.  

Destierro, desnacionalización y exilio

PCIN denuncia el uso del destierro como método de represión por parte del régimen de Daniel Ortega, calificándolo como una violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad. Reporteros Sin Fronteras (RSF) se une a esta denuncia, destacando la criminalización del periodismo independiente a través de leyes represivas, vigilancia masiva y exilio forzoso desde 2018. Desde ese año, 283 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse en países como Costa Rica, Estados Unidos, España, entre otros.

El caso del periodista Víctor Ticay, detenido, encarcelado y desterrado, es un ejemplo de esta práctica. Él fue detenido el 6 de abril de 2023 por policías de civil, sin una orden judicial. El periodista daba cobertura a “La Reseña”, una actividad cultural y religiosa celebrada durante la Semana Santa en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Ticay pasó 17 meses en una celda de la cárcel La Modelo, ubicada en Managua. Fue condenado a ocho años de prisión tras ser acusado de difundir información falsa y conspirar para desestabilizar la integridad nacional. La desnacionalización y destierro de periodistas les deja en un limbo legal y les expone a nuevas vulnerabilidades, señala PCIN.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que la Ley de Ciberdelitos castiga la información crítica, mientras que la Ley de Agentes Extranjeros restringe la financiación de los medios de comunicación. Esto no solo ha dado lugar a detenciones y desapariciones arbitrarias, sino también al destierro.

RSF recuerda que uno de los casos más recientes es el de la periodista Valeria Sánchez, conocida presentadora de televisión nicaragüense, quien recibió el 30 de junio de 2024, 24 horas antes de su partida, un correo electrónico de la compañía aérea en el que se le denegaba el reingreso a Nicaragua. RSF agrega que, en noviembre de 2024, el periodista Henry Briceño y su familia fueron expulsados a la fuerza a Costa Rica, perdiendo sus negocios y su casa.

La persecución ha llevado a la autocensura como estrategia de supervivencia entre periodistas nicaragüenses. El miedo a represalias les obliga a que moderen su lenguaje, eviten mencionar a figuras del régimen o recurrir al anonimato. La censura estatal, el cierre de medios y la criminalización del periodismo han creado un apagón informativo en el país, sostiene PCIN.

La autocensura, aunque limita la labor periodística, es vista por PCIN como un mecanismo de resistencia ante un régimen que busca el silencio absoluto.

El Día Nacional del Periodista, que se celebra el 1 de marzo, pretende honrar la libertad de prensa. En lugar de ello, se ha convertido en un duro recordatorio de la implacable opresión a la que se enfrenta el periodismo independiente bajo el régimen de Daniel Ortega, recordó RSF.