Periodistas exiliados piden protección internacional ante apatridia de facto

Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denunciaron este 28 de mayo a través de un pronunciamiento leído en conferencia de prensa, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, les ha impuesto una apatridia de facto que los ha condenada a una “muerte civil” al no poder ejercer ninguno de sus derechos civiles y políticos.

Las personas comunicadoras, respaldadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más, expusieron que muchas de ellas tienen pasaportes y cédulas de identidad vencidos que la dictadura se niega a renovarles, imponiéndoles así una desnacionalización de facto, por lo que solicitaron a varios países democráticos, que en el contexto de la represión se han solidarizado con nicaragüenses desterrados, les apoyen con medidas de protección entre estas el otorgamiento de nacionalidad.

“Solicitamos a las naciones democráticas que han ofrecido la nacionalidad a los más de 400 nicaragüenses desnacionalizados, entre ellas España, Argentina, Chile y México, tomen medidas de protección para los periodistas nicaragüenses en el exilio que también estamos en una desnacionalización de facto debido a la represión incluso transnacional del régimen de Nicaragua” dice en parte el comunicado suscrito por un grupo de al menos 20 periodistas.

El pronunciamiento del grupo de periodistas en el exilio, resalta que no solo solicitan la solidaridad internacional, sino acciones concretas de estos países democráticos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia”, para contribuir de esa manera con la protección de periodistas en el exilio que se encuentran en un limbo legal.

“La privación de pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos esenciales para la vida civil nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación” señala el documento, a la vez que agrega que la desnacionalización de facto de la que es víctima este grupo de comunicadores, “nos condena a una muerte civil, sin reconocimiento legal ni protección estatal, lo cual dificulta nuestra situación”.

Los periodistas presentes en la conferencia expusieron testimonios de la represión que han vivido y relataron casos concretos de la negativa de renovarles sus documentos de identidad ciudadana, así como los ataques generalizados del régimen contra la prensa independiente nicaragüense, que ha incluido cierre y confiscación de medios, cárcel, tortura, ataques, desapariciones forzadas entre otras acciones represivas contra hombres y mujeres de prensa, lo que ha obligado a más de 290 periodistas a abandonar el país, los que muchos de ellos actualmente se encuentra en el exterior en una situación de vacío legal.

El grupo de comunicadores nicaragüenses también instó a Reporteros Sin Fronteras, al Comité para la Protección de Periodista, y la Red Centroamericana de Periodistas, a pronunciarse y mediar ante la comunidad internacional en apoyo a sus demandas.

Siete periodistas solicitaron nacionalidad española

Semanas previas al pronunciamiento, siete periodistas también exiliados en Costa Rica, solicitaron formalmente al gobierno de España les otorgue la nacionalidad española argumentando que se encuentran en una situación similar a la de los 222 nicaragüense desterrados en febrero de 2023, a quienes España les tendió la mano otorgándoles la ciudadanía española como una muestra de solidaridad y condescendencia.

La noticia de la solicitud de este grupo de periodistas nicaragüenses fue dada a conocer por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la que afirmó mediante una nota de prensa que la petición fue entregada el 19 de mayo pasado en el consulado de España en Costa Rica.

La AMP solicitó al gobierno español considere la petición de las personas comunicadores nicaragüenses en condición de vulnerabilidad jurídica. "La APM respalda la demanda de los siete periodistas de poder acogerse al mecanismo de protección que España ofreció a los 222 nicaragüenses desterrados en 2023 y a quienes el régimen despojó de su nacionalidad", refiere la nota de la gremial española.