Dictadura vigila movimientos de disidencia dentro y fuera del país

Así lo refleja el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el martes 23 de septiembre en Ginebra. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, utiliza una amplia red de vigilancia e inteligencia con un objetivo claro: “el control total de la población, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio”.  

El informe del GHREN titulado: “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos”, asegura que dicha red de espionaje “responde a las órdenes de los Copresidentes Ortega y Murillo y está compuesta principalmente por miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), grupos armados progubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN)”.

El documento describe parte del modus operandi: “Telcor trabaja activamente con la Policía para vigilar e interceptar las comunicaciones de sus usuarios, incluidas las que circulan en redes sociales”, asimismo indica que Telcor también alberga “granjas de troles” que hostigan, amenazan y desacreditan a las personas nicaragüenses consideradas opositoras dondequiera que se encuentren. “Estas granjas son controladas por el FSLN y responden a la copresidenta Murillo” especifica el informe.

Vigilancia, amenazas y hostigamiento permanentes

El informe asegura que la dictadura utiliza esta red para monitorear las actividades de la población de manera física y digital, así como para identificar y localizar a personas opositoras, rastrear sus comunicaciones y decidir quién debe ser detenido, expulsado, impedido de regresar o privado de su nacionalidad, entre otras medidas.

“El Grupo ha confirmado que este sistema de vigilancia, amplio y metódico, que hace un uso sustancial de tecnologías digitales, se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua”, señala en otra parte el documento.

De igual manera refiere que la vigilancia digital ha alcanzado niveles de “omnipresencia”, lo que ha generado un clima de miedo y aislamiento entre nicaragüenses en el exilio. “Muchas personas ya no se sienten seguras comunicándose con amistades o aliados de confianza, mientras que otras han limitado drásticamente su comunicación con familiares en Nicaragua, por temor a represalias” afirma el informe.

El informe del GHREN basado en la recopilación de denuncias y testimonio de víctimas y familiares de estas, recoge las prácticas represivas que constituyen lo que denomina “represión transnacional” la que incluye la privación arbitraria de nacionalidad, la prohibición de entrada al país, denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales, la confiscación de bienes y el despojo económico.

También hace énfasis en las amenazas, hostigamiento y vigilancia, así como en la violencia física y el uso indebido de mecanismos de cooperación y control internacional como la Interpol para la captura y extradición de personas opositoras.

Asesinatos como parte de la escalada represiva transnacional

Respecto a la violencia física transfronteriza, el informe destaca denuncias de asesinatos e intento de asesinatos contra personas nicaragüenses exiliadas, siendo el más reciente el asesinato del militar en retiro Roberto Samcam en Costa Rica.

“El asesinato de Roberto Samcam y otros incidentes de violencia física ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan” advierte el GHREN.

Nadie esta exento del largo brazo represivo

Las consecuencias de la represión sobre la población nicaragüense son nefastas y alcanzan de manera colateral a familiares de las víctimas. Así lo ha constatado el Grupo.

“El daño alcanza a la persona en el exilio y persigue a sus familiares tanto en Nicaragua como más allá de las fronteras. El proceso comienza con la erosión de la pertenencia nacional y la identidad jurídica, y se extiende hacia el colapso económico, el aislamiento social y la vigilancia generalizada” describe el informe.

Asimismo, refiere que “las violaciones transnacionales de los derechos humanos forman parte esencial del plan gubernamental para eliminar cualquier forma de oposición o disidencia, garantizar la impunidad por las graves violaciones y crímenes cometidos, y consolidar su dominio perdurable sobre Nicaragua”.

El Grupo también advierte que la dictadura Ortega Murillo ha adoptado medidas destinadas a eliminar toda crítica y afianzar el control absoluto del Poder Ejecutivo sobre todas las entidades estatales y la población, en este sentido hace referencia a las reformas constitucionales consumadas en febrero de este año, con las que el régimen lo que culminó con una amplia reforma constitucional, en vigor desde debilitó aún más la protección de los derechos fundamentales.

La apatridia de facto como castigo

Sobre la prohibición de entrada al país, el GHREN ha verificado que la Dirección General de Migración y Extranjería mantiene un registro interno que contiene los nombres y perfiles de personas consideradas como una posible amenaza para el régimen. “Algunos funcionarios de la Dirección General complementan estos perfiles con información disponible en internet y en redes sociales.

“Las prohibiciones de ingreso son decididas por el viceministro del Interior, que es también secretario administrativo nacional del FSLN, en consulta con la Copresidenta Murillo, y posteriormente comunicadas por la Dirección General a aerolíneas y empresas de transporte terrestre” revela el informe el que a la vez advierte que de esta manera muchas personas son condenadas a la apatridia de facto.

Entre sus conclusiones el informe refiere que el “Estado nicaragüense ha desarrollado una estrategia intrincada y adaptativa para suprimir la disidencia, que ha evolucionado desde una represión inicial violenta y desproporcionada de protestas legítimas generalizadas hasta tácticas altamente focalizadas con alcance global”.

Asimismo, destaca que los cientos de víctimas registradas por el Grupo representan solo una fracción del verdadero número de personas afectadas por estas violaciones transnacionales y advierte que el carácter sistemático y creciente de estas violaciones exige una respuesta internacional sólida y coordinada para garantizar la seguridad y los derechos de las personas nicaragüenses en el exilio.