Crueldad sin límites: Secuestros, desapariciones y represión transnacional

Desde 2018, al menos 1,482 personas han pasado por las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por razones políticas. Actualmente el régimen mantiene en sus mazmorras a 77 personas, 36 de ellas bajo condición de desaparición forzada.

Así lo refleja el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizado el 29 de octubre. 

De las personas privadas de su libertad arbitrariamente solo por adversar al régimen, 65 son hombres y 12 mujeres. 22 son personas adultas mayores.

Pero las cifras reales podrían ser mayores. La organización advierte que “en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo acceso a información y autorización de sus familiares para su publicación”.

El informe del Mecanismo señala que de acuerdo al Monitoreo Azul y Blanco del mes de septiembre de este año, la dictadura ejecutó 150 detenciones entre enero y septiembre, de esas detenciones 23 están documentadas en la lista actualizada de la organización, “sin embargo aún hay más de 80 casos que no se ha logrado confirmar su estatus ni enlazar con las familias afectadas” subraya.

El Mecanismo también indica que las familias de las personas afectadas continúan siendo amenazadas y hostigadas por las autoridades, que buscan impedir cualquier denuncia pública o acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. “Este clima de intimidación y vigilancia permanente ha generado un alto nivel de autocensura y silencio forzado, lo que contribuye a un amplio subregistro de detenciones y violaciones de derechos humanos” asevera el informe.

Asimismo refiere que se estima que dicho subregistro es considerable, producto del estado de terror y miedo generalizado impuesto por la dictadura, que utiliza la represión como instrumento para mantener el control social y silenciar la demanda de justicia.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha identificado plenamente a 72 de las 77 personas presas políticas. La organización explica que listado de estas personas ha sido construido por varias instancias que conforman esta entidad defensora, entre estas, organizaciones de derechos humanos, familiares de las personas presas, abogadas y abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

Desapariciones forzadas como táctica intimidatoria

La desaparición forzada, una de las prácticas más crueles instauradas por la dictadura, ha sido denunciada en diversas ocasiones por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

El pasado 3 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, advirtió en Ginebra que según sus registros, más de 120 personas continúan desaparecidas en Nicaragua. Esta cifra, según el grupo de expertos, incluye personas que fueron detenidas durante el estallido social de 2018.

El organismo advierte también que: “El número real podría ser mayor, ya que muchas familias y representantes legales temen denunciar por miedo a represalias”.

Asimismo destaca que “estas desapariciones forzadas parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad y están diseñadas para infundir temor en toda la sociedad, enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”.

El Grupo refiere además que entre las personas desaparecidas forzadamente están líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y personas vinculadas a partidos políticos, así como otras sin afiliación política conocida, percibidas como disidentes de las posiciones oficiales.

La instancia internacional reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses a poner fin a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, “que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente y que garanticen que sus familias conozcan su suerte y paradero” demandaron.

Persecución transnacional: Un patrón represivo en crecimiento

Paralelamente a los secuestros y desapariciones forzadas en Nicaragua, se ha incrementado también la represión a connacinales fuera de las fronteras del país. El brazo persecutorio del régimen se ha extendido hasta atravesar incluso el Océano Atlántico. Cada vez son más frecuentes las denuncias.

La represión transnacional es descrita por Naciones Unidas como una serie de acciones realizadas o dirigidos por un Estado, o su proxy/representante, para disuadir, silenciar o castigar la disidencia, crítica hacia él o defensa de los derechos humanos, expresada desde fuera de su territorio. “Estos actos a menudo tienen como objetivo a actores de la sociedad civil en el extranjero, como personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y denunciantes, así como a sus familias o personas asociadas que permanecen en el país represor”.

El 23 de septiembre pasado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentó su más reciente informe sobre la represión en Nicaragua, y en el mismo advirtió sobre una amplia red de vigilancia e inteligencia utilizada por la dictadura Ortega Murillo con el claro objetivo de ejercer “el control total de la población, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio”. 

El informe titulado: “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos”, asegura que dicha red de espionaje responde a las órdenes de Ortega y Murillo y está integrada por miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, así como por grupos armados progubernamentales y operadores del partido sandinista.

De acuerdo al informe, las principales acciones ejecutadas por el régimen en contra de personas en el exilio que constituyen violaciones transnacionales a sus derechos humanos son: la privación arbitraria de nacionalidad, la prohibición de entrada al propio pais, la denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos, la confiscación de bienes y el despojo económico, la vigilancia, amenazas y hostigamiento, violencia física y el uso indebido de mecanismos de cooperación y control internacionales.

El 30 de octubre, el GRHEN reiteró que entre últimas conclusiones del Grupo, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, revelan una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho.

“El Gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales y el reingreso al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley” denunciaron los expertos de las Naciones Unidas. De igual forma el Grupo instó a la comunidad internacional a brindar mayor protección a las personas nicaragüense en el exilio.

El terror instaurado por el régimen en el exterior incluye atentados y asesinatos

Algunos de los hechos más violentos de la represión transnacional, hasta ahora, han sido los atentados contra el disidente Joao Maldonado perpetrados en septiembre de 2021 y en enero de 2024 en Costa Rica, en este último también fue víctima su esposa, Nadia Robleto. Ambos sobrevivieron, pero con secuelas permanentes. También está el asesinato del militar en retiro Roberto Samcam, perpetrado el 19 de junio de 2025 en San José de Costa Rica.

El más recientemente hecho de represión transnacional, es el caso del joven excarcelado político Kevin Solís, quien el pasado 2 de noviembre denunció que fue apuntado con un arma de fuego por un hombre que sostenía una fotografía suya. El hecho ocurrió un día antes frente a la residencia de Solís en España, donde vive el exilio desde 2024, donde se trasladó luego de ser favorecido por el gobierno español con la ciudadanía de ese país.