“No son pastores, son malhechores”, afirma PGJ

Tras la demanda del Departamento de Estado de EE. UU. para liberar al pastor Rudy Palacios y a siete familiares, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nicaragua confirmó su detención y condena. A través de un comunicado, la entidad estatal rechazó la condición religiosa de las personas detenidas, afirmando que “no son pastores, sino malhechores”.

Según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en 2018 este grupo de personas estuvo vinculada a “actos terroristas y planes de desestabilización contra la seguridad de las familias y el patrimonio de Nicaragua". 

El comunicado de la PGJ menciona que estas personas “no solo tenían el historial de haber participado en la destrucción de bienes materiales y el derramamiento de sangre bendita durante el fallido intento de golpe, sino que retornaron de forma clandestina con el objetivo de planificar nuevas agresiones contra el patrimonio material y la vida de las familias nicaragüenses”.

La justicia de Ortega y Murillo ha dictado sentencia en contra de Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas a quienes señala de violentar la Constitución Política y agredir la paz social. 

La dictadura afirma que este grupo de personas además de planificar nuevos ataques, “realizaban estafas” por diversos medios contra personas nicaragüenses mientras se mantenían en la clandestinidad.

Aunque el sistema judicial de Nicaragua está controlado en su totalidad por la dictadura Ortega-Murilo, la PGJ ha afirmado que durante la captura, trámite y juzgamiento, se han respetado “rigurosamente los derechos” de las personas detenidas conforme al ordenamiento jurídico vigente -el de la dictadura-. Actualmente, estas personas se encuentran sentenciadas cumpliendo penas no especificadas por la PGJ en los centros penitenciarios de Nicaragua.

Dictadura desafiante ante demanda de liberación de pastor Rudy Palacios

Hasta ahora el régimen había guardado silencio sobre la ubicación y las condiciones en las que se encontraban el pastor y sus parientes desde su detención arbitraria ejecutada el 17 de julio pasado en Jinotepe, por lo que organizaciones de derechos humanos los ubicaban en la lista de personas detenidas y en condición de desaparición forzada.

La PGJ en su comunicado afirma que “este grupo de personas huyó de Nicaragua para evitar el peso de la ley y luego regresaron clandestinamente con la intención de seguir violentando las leyes y planificando nuevas agresiones al patrimonio material y a la vida, tanto de familias como de instituciones de servicio al pueblo".

El lunes en horas de la mañana el Departamento de Estado demando al régimen de Nicaragua, la liberación de Palacios, de quien afirmó que este y otro miembro de su familia, también encarcelado, son sobrevivientes de cáncer y requieren atención médica regular.

La instancia gubernamental estadounidense dijo además que Palacios ha sido acusado injustamente de alta traición solo “por criticar la brutal represión y violaciones de derechos humanos de la dictadura”. La comunicación del Departamento de Estado enfatizó en la liberación de Palacios, “para que no se vea obligado a pasar la sagrada festividad de la Navidad tras las rejas.”