Front Line Defenders: 312 personas asesinadas por defender derechos

En todo el mundo, pero mayoritariamente en América Latina, 312 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2017, según el informe anual de Front Line Defenders, publicado este 22 de enero de 2018. Nicaragua no fue la excepción, el organismo reporta tres asesinatos: Felipe Pérez Gamboa, Celedonia Zalazar Point y Camilo Frank López.    

“Más de dos tercios, el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos a la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas”, detalla Front Line Defenders.

Agrega que defensoras y defensores de derechos humanos arriesgan sus vidas para desafiar a dictadores, multinacionales destructivas, conservadores religiosos y regímenes opresivos. 

Contra quienes defienden derechos, prevalece una estrategia coordinada de difamación, criminalización y violencia para intimidarles, marginarles y tratar de silenciarles.    

El informe detalla ataques físicos, amenazas, acoso judicial y campañas de desprestigio utilizadas por actores estatales, no estatales y corporativos, para obstaculizar la labor cívica de las personas defensoras de los derechos humanos.

Prevalece la impunidad y la desprotección de quienes defienden derechos. De entre los casos recopilados, sólo el 12% de los asesinatos dieron como resultado el arresto de sospechosos. El 84% había recibido al menos una amenaza de muerte antes del  asesinato.

"En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte", dijo el Director Ejecutivo de Front Line Defenders, Andrew Anderson en el lanzamiento del informe en Dublín. "Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas, los asesinatos podrían reducirse drásticamente".

Además de la alta tasa de asesinatos en 2017, la criminalización siguió siendo la estrategia más usada para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores. “En 2017, miles de activistas fueron detenidos bajo acusaciones falsas, sometidos a procesos legales prolongados, costosos e injustos o condenados a largas penas de prisión”.

El hostigamiento judicial y los ataques físicos fueron precedidos por campañas de difamación y desprestigio a nivel local, en muchos casos denunciados por Front Line Defenders. Las defensoras de derechos humanos en todo el mundo informaron sobre el aumento de campañas de difamación y descrédito de carácter sexual, dirigidas a obstaculizar su activismo al socavar sus redes de apoyo locales.

En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú y Honduras, la organización de derechos humanos reportó un aumento en el número y la frecuencia de ataques, incluyendo elementos relacionados no sólo con su trabajo, sino también con su género.  “Hay ejemplos de amenazas de violencia y tortura sexual, difamaciones en las redes sociales así como ataques dirigidos a familiares o parientes cercanos. El hijo de Francisca Ramírez fue agredido en abril en represalia por el trabajo de su madre en defensa de las comunidades rurales en Nicaragua”.

En el continente americano, las y los defensores denunciaron constantes ataques cibernéticos contra su trabajo. La técnica común fue la denegación de servicio, dirigidos a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. En 2017, dicho organismo documentó dichas agresiones en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala y Nicaragua.