76 asesinatos según la CIDH, de acuerdo a datos del Estado

Unas 76 personas fueron asesinadas en la reciente jornada de protestas ciudadanas que se han dado en todo el país, según información del Estado nicaragüense, afirmó esta mañana en conferencia de prensa la Comisionada Antonia Urrejola, coordinadora de la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, como parte del Informe Preliminar de su visita de trabajo a Nicaragua.

Este dato impactó a periodistas, a ciudadanas y ciudadanos y representes de organismos de derechos que se hicieron presentes a la conferencia de la CIDH.

La comisionada Urrejola informó que previo a la visita a Nicaragua, llevada a cabo del 17 al 21 de mayo, la CIDH monitoreaba la situación de derechos humanos en el país. El objetivo de la visita era observar en el terreno de forma preliminar la situación de los derechos humanos en el país con relación de los sucesos ocurridos a partir del 18 de abril pasado; documentar tales hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado.

La CIDH compartió 15 recomendaciones preliminares, dirigidas al Estado nicaragüense la primera de las cuales es el cese inmediato a la represión hacia las y los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.

Dos, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Tres, crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías  de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.

5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.

6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.

7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.  

10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.

11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.

12. Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.

13. Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

14. Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.

15. Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.

A una pregunta de periodista, la Comisionada Antonia Urrejola ratificó que había sido el Estado de Nicaragua quien les había proporcionado la cifra de 76 personas asesinadas. Manifestó asimismo que el retorno al país, para dar seguimiento a las recomendaciones, requería de una nueva invitación del Estado de Nicaragua.

En la actividad se informó además, que el final estará listo en un período de un mes, el cual estará a la disposición de todas las personas en este sitio web, donde ya pueden consultar el informe preliminar. 

La conferencia de prensa estuvo presidida también por el Secretario Ejecutivo de la CIDH Comisionado Pablo Abrao, el Comisionado Joel Hernández Relator Especial de Personas Privadas de Libertad y del Comisionado Edison Lanzas, Relator de Libertad de Expresión. Otros tres integrantes de la delegación de la CIDH ya habían partido de Nicaragua, para atender otros asuntos relacionados con sus responsabilidades.