Nicaragua: Fuerzas policiales revisan ahora celulares de periodistas y ciudadanos

Roberto Fonseca L. Publicado originalmente en E&N

Las fuerzas policiales y parapoliciales están violando la Constitución Política de Nicaragua, así como las libertades individuales de los nicaragüenses, al requisar los teléfonos celulares de periodistas y de ciudadanos en general y revisar sus comunicaciones y sus redes sociales, con el propósito de confirmar si están apoyando o no las protestas cívicas a favor de la justicia y de la democratización en el país.

El pasado 1 de julio, en horas de la tarde, José Denis, un joven de 24 años, viajaba en vehículo con su pareja, en el sector occidental de la capital, cuando fueron interceptados en un retén policial. Dos policías mujeres, ubicadas al centro de la calle, les hicieron la señal de alto y de estacionarse a la orilla de la calle, donde estaba un grupo numeroso de policías.

“Llegaron tres policías al vehículo, nos preguntaron a dónde nos dirigíamos, y nos dijeron que revisarían el carro. Al ver la computadora, pidieron que la encendieran, pero les expliqué que no funcionaba la batería y por tanto, sólo encendía conectada a la energía eléctrica. No me creyeron y ellos mismos intentaron encenderla, pero dejaron de prestarle atención al corroborar que permanecía apagada”, relató a E&N.

Posteriormente, pidieron que les entregaran los teléfonos y él les explicó que no lo llevaba consigo, que lo había dejado en casa, sin embargo, los policías preguntaron entonces porqué llevaban un cargador en la guantera del vehículo. “Es que se me quedó”, les insistió. Así que solicitaron el equipo de su pareja.

“Tomaron el teléfono, le pidieron la contraseña y revisaron su contenido. Creo que entraron al WhatsApp y seguramente a otras redes sociales, porque lo tuvieron en sus manos varios minutos. Afortunadamente, tenemos la costumbre ahora de borrar todas las conversaciones antes de salir a la calle”, explicó José Denis.

Les preguntó por qué estaban revisando los vehículos y los teléfonos y solo dijeron que “era una inspección de rutina, por seguridad”. Les devolvieron el equipo y les ordenaron que se retiraran. José Denis pudo observar que el retén policial permaneció en el lugar y que procedían a detener otros vehículos.

“Yo vi como muy grave el hecho de que nos detuvieran por ser jóvenes, y que fueran policías lo que registraran el teléfono celular. Yo sabía de paramilitares que hacían eso, en tranques que tienen en las afueras de donde soy originario, pero no policías activos, uniformados. Sentí miedo, fue una experiencia traumática”, aseguró.

Periodistas bajo la mira

El pasado 19 de junio, en horas tempranas de la mañana, efectivos de la Policía Nacional –acompañados de fuerzas parapoliciales fuertemente armadas- procedieron a la fuerza a quitar el tranque y la barricada, que pobladores y jóvenes habían colocado en la rotonda de Ticuantepe, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya.

Leticia Gaitán, periodista del canal televisivo 100% Noticias, se disponía junto al equipo del canal 12 a cubrir ese desalojo y la recuperación del control por parte de las fuerzas pro gobierno, cuando fueron interceptados por grupos parapoliciales que llegaron en camionetas y les ordenaron –apuntándolos con los fusiles de guerra y escopetas- a tenderse sobre la carretera y no moverse.

Revisaron los vehículos de ambos canales televisivos –plenamente identificados con los logotipos en sus puertas- y se apropiaron de todo lo que encontraron en su interior: cámaras televisivas, micrófonos, trípodes, etcétera. Además, a Gaitán le robaron la cartera y al camarógrafo hasta el reloj que llevaba.

A ella le pidieron el iPhone que cargaba y le exigían que les proporcionara la contraseña del teléfono y del iCloud (la nube). “Se me olvidó”, les dijo y se lo llevaron bloqueado.

“Su interés quizás no era el contenido de mi teléfono, la información que contenía, sino que no lo utilizara para grabar el robo de los equipos, para no evidenciar lo que estaban haciendo con nosotros”, agregó refiriéndose a los otros colegas, entre ellos Daliana Ocaña, periodista del canal 12.

Gaitán aseguró a E&N que ha visto denuncias en las redes sociales, de sus amistades, sobre retenes policiales y parapoliciales donde es común que detengan vehículos, que los inspecciones y que también revisen los teléfonos celulares y las redes sociales.

“Es una invasión a la privacidad, una ilegalidad, que inspecciones los vehículos como si fuese un operativo antidrogas, que soliciten los teléfonos celulares y que revisen la información contenida en el dispositivo”, afirmó.

La joven periodista agregó que para burlar esos abusos y violaciones a los derechos y garantías de los nicaragüenses, los periodistas y los ciudadanos también han optado por vaciar sus cuentas de WhatsApp antes de salir a la calle y renombrar los grupos en sus redes sociales. Además, los ha obligado a ser cautelosos con sus publicaciones en esas plataformas.

Doble candado a redes sociales

El caso del colega radial, Julio López, del programa Onda Local, quedó registrado en el Informe Final que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 22 de junio.

En la página 71 del mismo, en el acápite 213, se lee: “La CIDH documentó al menos once reporteros agredidos durante las protestas. Se reportaron casos de golpes en la cabeza mientras se realizaban transmisiones en vivo, y persecución de varias personas a periodista que estaba dando cobertura, así como represión por parte de policías, arrebato de cámara y destrucción de equipos, entre otros… Julio César López, periodista de “Onda Local”, fue agredido (en) la cabeza durante una manifestación, y como consecuencia sufrió la pérdida temporal de su memoria”.

En entrevista a E&N, López aseguró que no ha podido recuperar la memoria temporal sobre lo ocurrido ese día, el 18 de abril, cuando un grupo de jóvenes, pobladores y activistas de la sociedad civil se concentraron en el pequeño centro comercial Camino de Oriente, para protestar en contra de las recién aprobadas reformas a la Seguridad Social.

Mientras protestaban de forma pacífica, llegaron primero los antimotines y luego las fuerzas parapoliciales, vestidos de camisetas con lemas alusivos a Amor y Paz, y a Daniel Ortega, armados de tubos, piedras y cascos de motoristas, y emprendieron a golpes a los manifestantes. López hacía una transmisión en Facebook Live, desde la página de Onda Local, cuando lo golpearon en la cabeza y cayó inconsciente. Despertó muchas horas después, sin recordar nada. Y, al día de hoy, ese capítulo está borrado en su memoria.

“El teléfono se lo robaron”, dijo a E&N, “no sé si fue un presentimiento, pero antes de salir a esa cobertura periodística, había eliminado todos los grupos de periodistas en los que estaba, y había eliminado el historial de mensajes. Como tenía abierto el Facebook de Onda Local, tuvimos que cambiar la clave y luego certificarla, para evitar la clonación de la página oficial del programa radial”.

López, coordinador en Nicaragua de la plataforma periodística de las Américas (Connectas), aseguró que es parte de la labor de vigilancia y de espionaje de la Policía Nacional, requisar cámaras y teléfonos de periodistas para revisar sus contenidos. Sin embargo, valoró que eso incluso se ha trasladado a los ciudadanos y en particular a los jóvenes.

“Es una violación a la privacidad de los datos de las personas, y lo están practicando policías y paramilitares en los retenes y en los tranques. Hay múltiples denuncias en las redes sociales de personas afectadas, a las que les han revisado computadoras, celulares, sin importar que tengan claves y contraseñas, ya que los obligan a proporcionarlas. Peor si sos joven, ya que en Nicaragua ser joven es un delito”, aseguró.

En su caso personal, López dijo que ahora sus cuentas en redes sociales tienen doble verificación, para proporcionarle más niveles de seguridad a sus comunicaciones en redes sociales.

Por otra parte, agregó que hay muchos colegas que están usando ahora otras plataformas que consideran más seguras, como Signal o Telegram, para garantizar sus llamadas y mensajes.

Violación constitucional

Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos de larga trayectoria en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), indicó a E&N que los policías y las fuerzas parapoliciales violan la Constitución de la República, al requisar los teléfonos celulares y acceder a su contenido a través de la coerción.

“Es una violación atroz a los artículos 25 y 26 de la Constitución de la República”, referido a los Derechos individuales de los nicaragüenses. El primero se refiere a la Libertad personal y el segundo a la Protección y respeto a la vida privada.

Al respecto, citó el artículo 26, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y a sus comunicaciones de todo tipo”, al igual que a su vida privada y a la de su familia, entre otros.

“Requieren los teléfonos para revisar su contenido, y al revisar, caen en peligro muchas personas. La connotación de esa violación por parte del régimen de Ortega, es enorme”, concluyó Carrión.