Violan derechos a Medardo Mairena y Pedro Mena

La mañana de este martes 17 de julio de 2018, se realizó la audiencia preliminar, a puertas cerradas, contra Medardo Mairena y Pedro Mena, ambos del Movimiento Campesino Anticanal.

Mairena y Mena fueron capturados por la Policía Nacional el pasado viernes 13 de julio de 2018, en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, sin que mediara ninguna explicación y sin darles las garantías a las que tiene derecho toda persona detenida.

En un comunicado, publicado ese mismo día, la Policía acusó a Mairena de terrorista, de organizar y ordenar el ataque a la delegación de la Policía y de las oficinas de la Alcaldía del Municipio de Morrito, departamento de Río San Juan. “Es el responsable directo de la masacre y asesinato de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria, como resultado de ese cobarde acto terrorista, en el que además fueron lesionados 5 trabajadores de la municipalidad y secuestrados 9 compañeros policías”, señala el comunicado.  

A los acusados no se les ha permitido contar con sus abogados y tampoco el ingreso de sus familiares. El juez Henry Morales, del juzgado sexto penal de audiencia de Managua, realizó la audiencia preliminar a Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes la Fiscalía acusa de terrorismo y otros delitos graves.

El canciller Denis Moncada, otrora militar, calificó a Medardo y Pedro de “terroristas” durante la sesión de la Organización de Estados Americanos, y exhibió el irrespeto del Estado de Nicaragua al precepto universal de presunción de inocencia de los dos campesinos. En esta misma sesión fue denunciada la detención arbitraria de Medardo Mairena y Pedro Mena.

Según publicó el diario La Prensa, “quienes vieron a los procesados aseguran que andan visiblemente golpeados, e incluso Mairena casi no puede caminar. Fueron llevados a la sala de jurado, ubicada en la planta baja de los juzgados cargados cada uno entre cuatro policías”.

En los pasillos del complejo judicial pusieron vallas para impedir el acceso de familiares y periodistas. Patrullas de la policía resguardaban los juzgados. Afuera, familiares y seguidores del movimiento campesino protestaban por tercer día consecutivo exigiendo ver a los dos injustamente detenidos.

Mientras se realizaba la audiencia, por el portón trasero de los juzgados entraban varios vehículos cerrados de la Dirección de Auxilio Judicial (DAG), que funciona en el conocido centro de torturas El Chipote.

Las detenciones ilegales se han incrementado, desde los ataques de paramilitares coordinados con la Policía Nacional, contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN – Managua, Granada, Diriá, Diriomo, Catarina, Niquinohomo y Masaya. Las detenciones sin explicaciones parecieran ser la nueva estrategia del régimen.

Ayer, la Asamblea Nacional, controlada por diputadas y diputados leales a Daniel Ortega, aprobó la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, precisamente cuando la Policía y la Presidencia han intensificado las acusaciones de terrorismo contra quienes se manifiestan contra el régimen de Daniel Ortega.  Es decir, camina la criminalización de la protesta social, en detrimento del derecho establecido constitucionalmente.