MESENI constata incremeno de represión por policías y paramilitares

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), constató la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales en Nicaragua, con el propósito de desmantelar los tranques, informó en su comunicado del 19 de julio, luego de finalizada de su tercera semana de trabajo.

Según información de este mecanismo de la OEA, la semana que finaliza murieron once personas y un centenar habrían sido heridas, aumentándose a 277 las personas asesinadas desde el pasado 18 de abril en que se iniciaron las protestas en el país.

"El MESENI constató y documentó el despliegue de operativos y actos de represión en contra de la población de diferentes ciudades con las que se mantenía una diálogo para alcanzar próximamente una disolución espontánea y pacífica de tranques como Diriá y Diriomo, en Granada; Niquinohomo, Catarina, La Concepción y Monimbó, en Masaya; Lóvago, en Chontales, entre otras. La CIDH lamenta y condena que el Estado haya recurrido a la violencia en lugar de continuar con el diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis".

El reporte del MESENI de la CIDH narra día a día los acontecimientos, como la agresión contra obispos, el pasado 09 de junio, por parte de unas cien personas afines al partido de gobierno, donde los jerarcas de la iglesia fueron insultados, amenazados y golpeadosal interior de la Basílica de San Juan. 

A la vez, informa que acompañó a la Comisión de Verificación y Seguimiento (CVS) y "constató que los ataques contra la iglesia de la Divina Misericordia por parte de las fuerzas del Estado, se prolongaron durante toda la noche y la madrugada del 13 de julio, lugar en el que se encontraban personas heridas, jóvenes, sacerdotes y tres periodistas de medios nacionales e internacionales". El resultado de este ataque dejó dos personas muertas,

Asimismo se menciona la "operación limpieza" de tranques, es decir acciones armadas, realizadas en el contexto de una operación por la paz del gobierno, donde la policía ha proporcionado un alto grado de apoyo y colaboración a grupos parapoliciales en la ejecución de actos de violencia, represión y hostigamiento en contra de la población desarmada. De MESENI constató que tanto los agentes policiales como los paramilitares han realizado decenas de detenciones de personas y posteriormente referidas a centros de detención de la Policía Nacional.

Dicha Comisión reitera al Estado nicaragua "su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión". Asimismo, que Nicaragua debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando ya que atacan y hostigan a la población civil. El estado, dice la MESENI, "debe investigar los hechos en los que han participado, así como identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado".

La CIDH hizo un llamado para que "en cualquier contexto de represión, el Estado garantice la atención médica y la evacuación de las personas heridas. En este sentido, reitera el llamado al Estado de ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en el contexto de los operativos desplegados en todo el país. Así como reitera la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: (a) número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; (b) causas de detención; (c) duración de la privación de libertad; (d) lugar de detención; (e) número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas iniciadas a partir del 18 de abril, y (f) número de personas excarceladas. La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas".

El MESENI expresó su preocupación por la detención injustificada del líder campesino y a la vez integrante de la Mesa Nacional de Diálogo, Medardo Mairena y de Pedro Mena, también campesino, detenido junto con Medardo en el Aeropuerto Nacional A C Sandino; ambos han sido acusados de asesinato, terrorismo, crimen organizado, entre otros delitos. Además, se señala "falta de anuencia para permitir el acceso público a presenciar la primera audiencia judicial en este caso, junto a otros hechos del mismo tipo en otros casos de personas detenidas, muestran la violación a los derechos humanos de las personas defensores de derechos humanos y líderes sociales. "En este contexto, fue impedida la visita del equipo MESENI al centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial el Chipote, así como el acceso a las dependencias del Complejo Judicial de Managua para presenciar la audiencia en la que se informarían los cargos en contra del referido activista campesino".

El informe del MESENI refiere que denominar a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales como "terroristas y delincuentes" genera y adverso para la defensa de los derechos, y constituyen la antesala del inicio de acciones penales y procesos judiciales en su contra. La CIDH reitera que funcionarios públicos deben de abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, por realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país, advirtió que "se debe poner fin inmediato a la represión y los ataques en contra de la población manifestante y opositora, así como las detenciones arbitrarias”. En este sentido, remarcó que: “no es aceptable que las cifras de muertos y heridos vayan creciendo cada día, y que principalmente sean los jóvenes las personas más afectadas. El Estado debe proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas en primer lugar”.

Por otro lado, el MESENI nota la existencia de un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos.

Un video que circuló en redes sociales esta semana, titulado “El facismo ordinario presente en Nicaragua” (sic), sostiene que “el golpe de estado fallido fue perpetrado por la Iglesia Católica, Medios de Comunicación, Sociedad Civil y Políticos Corruptos”. El mismo exhibe imágenes de periodistas a quienes acusa de “responsables”, y de llevar adelante una “guerra mediática” y de producir “fake news” (noticias falsas). Según este documental, instituciones como “la conferencia episcopal de forma inmisericorde y queriendo buscar la desestabilización del país, encubre a los delincuentes en las iglesias”; “la guerra mediatica tritura a la población con las famosas `fake news`, medios de comunicación, redes sociales y espacios televisivos que transgreden la ley”; y “los miembros de la sociedad civil pervierten sus funciones uniendose al facista golpe de estado en contra del pueblo de Nicaragua” (sic).

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión observan con grave preocupación esta situación, y recuerda que “[l]os periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su labor en el marco de una manifestación pública, […] no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros”.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".