Expulsión de misión de la ONU, acción desesperada de Daniel Ortega

El gobierno de Daniel Ortega dejó en evidencia su intolerancia, al expulsar a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dos días después que dicha oficina presentara el informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos el contexto de las protestas en Nicaragua”, el cual rechazó que en el país haya ocurrido un intento de golpe de Estado, como argumenta el gobierno.  

La Cancillería de Nicaragua justificó que la misión de la OACDH fue invitada a dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el marco del Diálogo Nacional en el país, con la finalidad de asegurar el desmantelamiento de los tranques; pero, al haber cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a la invitación, la dio por concluida y finalizada.  

La Policía de Nicaragua y grupos de paramilitares desmantelaron los tranques por la fuerza, dejando decenas de asesinatos, personas heridas y centenares de detenidos, acusados luego de los delitos de terrorismo, asesinato, robo, uso ilegal de armas de fuego, entre otros.  

La OACNUDH aseguró luego de conocer la medida del gobierno, que “proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota” y continuará apoyando a las víctimas y sus familiares y a la sociedad civil.

Asimismo, reiteró su disposición de apoyar a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

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El Gobierno de Daniel Ortega rechazó el informe de la OACNUDH y durante un acto partidario acusó a la Oficina del Alto Comisionado de ser instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira y de la infamia.

Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, calificó la decisión del gobierno como una “acción desesperada e insólita y una forma de intimidación”.

“Creen que con esta decisión van a detener que el Consejo de Seguridad el día 5 (de septiembre) no conozca el caso de Nicaragua”. Aseguró Núñez que más bien están abonando para que el Consejo tome las más altas decisiones que dentro de la línea de su competencia puede impulsar.

“Es preciso tomar medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde el grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en las protestas iniciadas en abril, defendieron los derechos de los manifestantes o simplemente expresaron opiniones disidentes, se han visto obligadas a esconderse, a salir del país o a intentar hacerlo”, señala el informe de la OACNUDH.

Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista. La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”.

Además instó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a adoptar medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves. “Cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad”, declaró el Alto Comisionado.