Organizaciones civiles condenan expulsión de la OACNUDH

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil y el Frente Amplio por la Democracia (FAD) condenaron la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Managua, decretada de manera arbitraria -este 30 de agosto- por el régimen Ortega-Murillo, en una nueva medida que irrespeta la legislación y los compromisos internacionales de Nicaragua.

En carta a la representante regional de la OACNUDH, Marlene Alejos, el militar en retiro, hoy canciller Denis Moncada Colindres, le comunica que “han cesado las razones” para que su personal permanezca en Nicaragua; la misiva también fue enviada a Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Oficina Regional para América Central; y al mismo alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein.

El FAD expresó su rechazo y condena a lo que llamo “un nuevo acto de irresponsabilidad con Nicaragua y de soberbia, frente a la instancia internacional de la mayor importancia y prestigio en el tema de DDHH”.

La antidemocrática medida del régimen Ortega-Murillo “pone a Nicaragua de espaldas al concierto mundial de las naciones”, dijo la Articulación de Movimientos Sociales. La medida se produjo dos días después que OACNUDH presentara el “Informe: Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. 18 de abril - 18 de agosto de 2018” donde se demuestran las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en la protesta ciudadana. Este informe además, ha abierto las puertas a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asegura la Articulación.

Además de la remoción del personal de la OACNUDH, la dictadura ha desplegado fuerzas policiales y turbas en los hoteles donde se encuentran alojadas las personas de dicha Oficina, señala la Articulación, quien considera que la medida es una acción desesperada del régimen “ante el fracaso de sus gestiones para impedir que la verdad del desastre humanitario que se vive en nuestro país, fuera conocida por el mundo”.

La Articulación de Movimientios Sociales destaca que el informe de la OACNUDH echa por tierra la narrativa mentirosa de la dictadura Ortega-Murillo la cual se ubica como víctima y señala al pueblo como agresor. Esta instancia reconoce que el documento de Naciones Unidad “confirma que policías, paramilitares y turbas asesinaron a más de 300 personas, hirieron a más de dos mil y causaron la desaparición forzosa de cientos de nicaragüenses, así como secuestros, capturas, torturas. También que el régimen ha criminalizado y judicializado la justa y legítima protesta popular”.

En su comunicado, la Articulación agradece al personal de la OACNUDH y asegura que el Informe servirá para que el régimen Ortega-Murillo sea llevado a un tribunal universal de justicia donde podrían ser juzgados por genocidio y delitos de lesa humanidad; y contribuirá para que en Nicaragua se establezca un sistema político de democracia, justicia y libertad, con pleno respeto a los Derechos Humanos, castigo a los asesinos y represores y debida reparación a las y los familiares de las víctimas.

Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia, manifestó su respaldo y reconocimiento al trabajo que el personal de OACNUDH ha realizado, acompañando al pueblo de Nicaragua en la investigación y denuncia de la situación de violaciones a los derechos humanos durante esta crisis, recogido en el informe presentado.

Asimismo denuncia que la dictadura de Ortega insiste en mantener el camino de la violencia y la confrontación, no solo dentro del país, sino con todos los países del mundo, sin medir lo que significa el aislamiento total de su gobierno y por su causa, del mismo país.

Indica que con esta expulsión, Ortega manda un mensaje claro de mantener su voluntad, de irrespetar los acuerdos internacionales que el Estado nicaragüense ha suscrito, y con los que tiene compromisos; y advierte que la ruptura de Ortega con el sistema de protección universal de los derechos humanos, evidencia una vez más que su gobierno es una amenaza a la paz y a la seguridad mundial, al tratar de excluir a Nicaragua de un sistema basado en el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos.

Al FAD le preocupa “el rechazo de las recomendaciones de un organismo de Naciones Unidas, porque entre otros, implica el desconocimiento de las responsabilidades derivadas de la Carta de Naciones Unidas, que tienen carácter de obligatoriedad para todos los Estados signatarios”. Responsabilizan al gobierno de Ortega por las consecuencias que pueden emanar en los próximos días de las reuniones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas.