Estado nicaragüense ausente en audiencias de la CIDH

El Estado de Nicaragua brilló por su ausencia en las dos audiencias públicas realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 169 Período de Sesiones.

La primer audiencia estuvo referida a las denuncias sobre represión y violencia en el contexto de las protestas en Nicaragua y la situación de personas defensoras de derechos humanos, denuncias de detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia”.

Durante ambas audiencia se abordó la respuesta violenta del gobierno de Ortega contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, manifestantes, medios de comunicación independientes y ciudadanía en general; así como las graves violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa incluyendo amenazas, agresiones, intimidaciones, ataques, robos, persecución, vigilancia, destrucción y censura a medios de comunicación.  

La Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores les hizo llegar una nota con un Informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, alegando que la celebración de dicha audiencia era improcedente e innecesaria, ya que el tema es monitoreado por la Comisión Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). No obstante, Urrejola aclaró que la existencia del Mecanismo no inhibe a la CIDH de seguir ejerciendo el resto de sus facultades y mandatos como hacer audiencias públicas para tratar temáticas de interés de la región y de determinados países. Asimismo, recordó que el Estado de Nicaragua no participa en las audiencias públicas de la CIDH, desde hace tres años.   

Por su parte el Comisionado Francisco Eguiguren, lamentó la ausencia del Estado de Nicaragua porque es una falta a sus obligaciones internacionales pero también es una falta de respeto a la sociedad civil.

Ana Bolaños, del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, manifestó que desde el mes de abril Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos. La respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social ha sido represiva y violenta, hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas sociales, al calificarlas de ilegales y amenazar con procesar a quienes las convoquen y participan en ellas como lo anunció la policía en un comunicado de prensa el pasado 28 de septiembre.

Posterior al comunicado, la policía, al mando de Daniel Ortega, ha atacado y asediado las marchas que la ciudadanía ha intentado realizar, agregó Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).  

Marcos Carmona, dijo que a pesar de que la CIDH recomendó desmantelar los grupos paramilitares y parapoliciales, estos continúan actuando en coordinación con la policía para reprimir a la ciudadanía que persevera en ejercer su derecho a la protesta cívica.

“Ellos son los responsables de más de 320 asesinados, entre ellos cinco niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. Casi la mitad de los asesinados eran jóvenes. Los disparos fueron a la cabeza, tórax y abdomen”, dijo Carmona.

El representante de la CPDH añadió que alrededor de 3,000 personas han resultado heridas y 1,500 detenidas arbitrariamente, de las cuales el 90% han sido torturadas mediante golpes, choques eléctricos, ahogamiento, violaciones sexuales, introducción de armas en el ano, extracción de uñas y castración.

A la fecha, según Carmona, 603 personas continúan detenidas y solamente 230 han sido puestas a la orden de un juez. Las personas detenidas han sido acusadas por delitos graves como terrorismo, portación ilegal de armas y crimen organizado, amplió.

Marcos Carmona recordó que los promotores de la CPDH Jaime Ampié, William Picado, Reynaldo Lira y Julio Ampié fueron sentenciados a 10 años de prisión, en un juicio con total irrespeto a las garantías de un debido proceso.

“Las detenciones continúan y son realizadas con excesiva violencia, a plena luz del día. Entre agosto y septiembre la represión se ha recrudecido al punto que portar una bandera azul y blanco motiva agresiones y secuestros por parte de las turbas; incluso han habido jóvenes detenidos por lanzar globos azul y blanco; todo ello, con el fin de aplastar el disenso”, relató Carmona.

La represión selectiva continua y en vez de mostrar voluntad de regresar al diálogo nacional para encontrar una salida pacífica, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se han convertido en verdugos del pueblo, manifestó Carmona.

Medios y periodistas no escapan a la política de terror del Gobierno de Nicaragua 

Patricia Orozco, directora de Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa se ha convertido en un delito para el régimen de Daniel Ortega. Los medios de comunicación independientes no escapan a la política de terror del gobierno, peor aún las radios locales que enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales y paramilitares por informar lo que sucede, añadió.

“La agresividad se manifiesta, por ejemplo, cuando secretarios políticos municipales del partido de gobierno y autoridades locales, dicen abiertamente que las radios locales son enemigas del gobierno y les califican de golpistas y han instado a sus seguidores y al funcionariado público a hacer justicia por sus manos”, expresó Orozco.

Según Patricia Orozco, los ataques a la libertad de investigación, opinión, difusión y expresión de los medios independientes, no datan desde abril de 2018 sino desde que Ortega llegó a la presidencia, en 2007.

En el caso de Onda Local, Patricia Orozco denunció la persecución, vigilancia y las agresiones. “En ocasión de una marcha campesina anticanal, en noviembre de 2016, Julio López Chavarría, de Onda Local, fue agredido y detenido varias horas por la policía, los archivos de su equipo de grabación fueron borrados, le retuvieron su credencial periodística sin entregarla a la fecha, igual que la memoria de su teléfono. En la marcha del 18 de abril, Julio fue nuevamente agredido de forma brutal por grupos afines al gobierno ante la presencia de la policía, le robaron el teléfono con el cual transmitía en vivo. Julio fue diagnosticado por dos neurólogos con trauma craneoencefálico y como secuela, le quedó amnesia retrograda del episodio”.     

La directora de Onda Local recordó que el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua indica que los medios no podrán ser objeto de censura previa y en ningún caso podrá decomisarse equipos destinados a la difusión del pensamiento.

Onda Local continúa recibiendo amenazas a través de las redes sociales, indicando que “debemos pagar y ser procesados”.

Por su parte, Sergio León Corea, director de Radio La Costeñísima, en Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, denunció que hombres organizados y denominados militares en retiro se han reunido en distintos puntos de Bluefields para tratar el tema de La Costeñísima y neutralizarla, apagarla, incendiarla e inclusive atentar contra su vida, la de su familia o colaboradores. “La dirigencia superior de estos militares en retiro me han caracterizado, siguen mis movimientos, adónde viajo, dónde me hospedo, inclusive cuentan con fotografías en su cuartel general para identificarme como su próximo objetivo”.

Las amenazas se han extendió a sus hijos Yasir y Kimberly León, agregó el periodista. “Lo hemos denunciado públicamente para que sepan que estamos sabidos de sus planes. Un operador político del FSLN llamó al Noticiero Tras La Noticia, para amenazar, intimidar y sentenciar a La Costeñísima y nos acusa de sembrar el odio en la comunidad, de ser los responsables de la violencia que ha ocurrido en el Caribe Sur, sólo por informar y no abandonar nuestro rol independiente”.  

En Bluefields, el ejercicio del periodismo se ha vuelto una tarea peligrosa, agregó Sergio.  “Asesinaron a uno de los nuestros, el periodista Ángel Eduardo Gahona López, el 21 de abril. El asesino sigue gozando de libertad porque los dos jóvenes afrodescendientes - Brandón Lovo, condenado a 23 años y seis meses de prisión y Glen Slate, a 12 años y seis meses-, detenidos, procesados y condenados no son los culpables”.

Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío recordó que “en medio de la crisis el régimen ha atacado a la prensa independiente de manera agresiva. El 20 de abril, Radio Darío fue quemada y destruida por sexta ocasión en sus 69 años de lucha, 12 periodistas corrieron el riesgo de perder la vida. 11 trabajadores de la radio y mi persona contamos con medidas cautelares otorgadas por la CIDH; sin embargo la radio continua siendo amenazada y atacada. Nos sentimos en peligro aún con las medidas, ejercer nuestra profesión es tratada como un crimen por el régimen”.

Además, 38 periodistas han sido víctimas de robo, amenazas de muerte, detenciones, secuestros, un periodista asesinado, un periodista muerto de forma imprudente, un periodista herido de bala. Varios corresponsales del diario La Prensa están siendo intimidados por parte de la Policía y paramilitares para obligarlos a renunciar, lo cual evidencia la gravedad de la situación que enfrenta el periodismo, señaló Toruño.  

A lo anterior, se suma el discurso oficial que busca falsear la realidad, generar una narrativa de normalidad y  que los terroristas son aquellos que ejercen derecho, cuando en realidad hay una situación de terror desde el Estado, agregó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.  

Lanza apuntó que se está instalando un patrón de deportación de los periodistas extranjeros que quieren reportar lo sucedido en Nicaragua. La detención y deportación del periodista Carl David Goette Luciak, es el caso más reciente.  

Aníbal Toruño solicitó a la CIDH demandar al Estado de Nicaragua que cese las intimidaciones, acosos, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales y liberar a todos los presos políticos. Además solicitó a la CIDH otorgar medidas cautelares a periodistas y defensores de derechos humanos y coordinar con el gobierno un protocolo para su implementación efectiva.

Joel Hernández, Relator para las Personas Privadas de Libertad, alertó que “pareciera ser que la próxima etapa de la represión va dirigida tristemente a los comunicadores”.

Hernández estuvo en Nicaragua entre el 18 y 20 de septiembre. En la audiencia, lamentó no haber tenido acceso a las tres cárceles donde se encuentran personas detenidas en el contexto de las protestas.  

Para Hernández, llama la atención la utilización del tipo penal de terrorismo. “El tipo delictivo fue elaborado para darle un elemento subjetivo como el quebrantamiento del orden constitucional, más grave aún es la manera recurrente en que está siendo utilizado, lo cual no tiene sentido,  una de las recomendaciones es el desistimiento de acusaciones por el delito de terrorismo”.

Nicaragua se enrumba hacia un Estado de Excepción

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da la Organización de Estados Americanos  (CIDH – OEA), se mostró preocupado sobre el futuro de Nicaragua. “Lo que está pasando en este momento apunta a una realidad muy grave, que es cuando se empieza a normatizar y a normalizar un conjunto de excepciones a las reglas del Estado de Derecho, que se manifiesta por ejemplo, cuando se genera un decreto de la Policía Nacional, ahora norma escrita, excepcionalizando el derecho constitucional a la libre manifestación”.

Para Abrão, lo único que podría evitar ese estado de excepción sería la independencia de los poderes, pero no observa que jueces y fiscales están ejerciendo sus funciones, de no permitir los abusos en las detenciones o procesamiento de las acciones judiciales. “Cuando hay abuso policial lo primero que preguntamos es dónde están los jueces para decretar la inconstitucionalidad de esa norma de la policía que establece restricciones del derecho a la manifestación”.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH calificó de ilógico el argumento gubernamental de que los manifestantes se auto-atacan. "Totalmente contra la lógica de que se auto-atacan para generar violencia, una confusión social. Si ese fuera el objetivo ¿por qué entonces no atacan las marchas de los sandinistas?