IFEX-ALC, AMARC-ALC y SIP presentarán recomendaciones en la ONU sobre el deterioro de la libertad de expresión en Nicaragua
- 01 Abr 2019
- 8:15 a.m.
IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizarán una misión a la Oficina de la ONU en Ginebra en el período previo al Examen Periódico Universal de Nicaragua (EPU) el 15 de mayo.
El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos que cada estado miembro de la ONU y se realiza cada 5 años. La sociedad civil tiene un papel crucial que desempeñar en el proceso del EPU, y la delegación conjunta de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP se reunirán con los funcionarios de los estados miembros de la ONU para garantizar que las preocupaciones de libertad de expresión informadas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen en este diálogo.
"El próximo EPU de Nicaragua es una oportunidad importante para mejorar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que ahora se encuentra en una condición crítica", dijo la presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC Marianela Balbi. "Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales ", agregó.
"Sin libertad de prensa no hay libertad" señaló Monica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC. "Este es el mensaje que queremos dar a los representantes de los Estados miembros de la ONU en Ginebra."
Las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP apuntan a enfrentar tres desafíos principales: los ataques contra periodistas y un clima de impunidad; censura indirecta; y la criminalización de la expresión y reunión.
Ataques contra periodistas y clima de impunidad:
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Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de otras fuerzas de gobierno que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación. Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluido el asesinato el 21 de abril de 2018 de Ángel Eduardo Gahona, y aplicar toda la fuerza de la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia.
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Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de protocolos de protección.
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Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados.Censura indirecta:
Censura indirecta
- Asegurar que la asignación de publicidad del gobierno esté sujeta a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios justos, transparentes y objetivos.
- Garantizar plenamente el derecho la comunicación comunitaria en términos de acceso a condiciones adecuadas de operación y a vías de financiamiento de diversas fuentes.
Criminalización de la libertad de expresión y reunión:
- Abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella. Garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta. Y garantizar la protección de los periodistas que cubren la protesta.
- Trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante y conduzca a una solución democrática para la grave y creciente crisis sociopolítica en el país.