Reformarán Ley de Transferencias Municipales

La Presidencia de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua (Ley No 466), ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, el siete de octubre. Según la propuesta, se faculta a la Comisión de Transferencias para que asigne las transferencias municipales a partir de 2014 y los porcentajes para gastos corrientes (salarios, pago de agua, luz, teléfono, papelería, etc) y gastos de inversión en base a criterios de equidad fiscal, eficiencia en la recaudación de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), población y ejecución de las transferencias.

Con la actual Ley, el municipio categoría A (Managua) destina el 90% de las transferencias para inversión y el 10% para gastos corrientes. Para los municipios categorías B, C y D el porcentaje para inversión es de 80 y para gastos corrientes de 20, para los municipios E y F la relación es 70% – 30% y para los municipios G y H 60% para inversión y 40% para gastos corrientes.

También incluye la obligatoriedad para los gobiernos municipales, de asignar anualmente de las trasferencias de inversión, porcentajes mínimos para salud (5%), educación (5%), medioambiente (5%) y para agua y saneamiento (7.5%) para un total del 22.5%.

Con la aprobación de esta iniciativa de Ley, la Asamblea Nacional, hará posible la voluntad de la Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, quien en octubre del año pasado había anunciado públicamente esta disposición. “La Comisión de Asuntos Municipales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con el respaldo de 112 alcaldes y alcaldesas, acordamos una propuesta para la distribución de las transferencias municipales para el 2013. De ese Presupuesto, vamos a dedicar, de manera obligatoria 5% para Salud, 5% para Educación, 5% para Medio Ambiente, 7% para Agua y Saneamiento y para bonos ambientales…El resto, va de acuerdo a lo que estipula la Ley”, aseguró Rosario Murillo. No obstante, este acuerdo sólo obligaba a los alcaldes y alcaldesas afines al partido de gobierno. Con la reforma, la obligación cubrirá a las 153 municipalidades del país.