Segovianas y leonesas recurren por inconstitucionalidad contra Reglamento de Ley 779

Unas treinta mujeres de León, Condega, Pueblo Nuevo, Ocotal y otros municipios del norte de Nicaragua, presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra del Reglamento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, ante la Corte Suprema de Justicia.

Haydée Castillo, del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) aseguró que decidieron poner este recurso porque “el presidente se ha excedido en sus funciones, ha reglamentado una ley fuera del término de sesenta días. Pero más grave aún, es que ha desnaturalizado el espíritu de la Ley, que era para proteger el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Cambia el espíritu en un reglamento, diciendo que ahora es para proteger la familia. Nos preocupa porque es defender la unidad de la familia de forma ficticia, a costa que la mujer siga viviendo violencia en su hogar”.

Otra de las razones, por las que según Castillo, se desnaturaliza la Ley es por la tipificación del femicidio. “Es un delito del ámbito público y privado. Daniel Ortega, con el reglamento, ha disminuido el delito de violencia hacia las mujeres y lo pone como que es un delito sólo del ámbito privado”.  

Por otro lado, agregó Castillo, “manda a las mujeres a mediar en un delito tan grave (violencia), que a muchas les ha costado hasta la vida, ante órganos e instituciones que no tienen ningún reconocimiento legal. Ni los Gabinetes de Familia son instituciones del Estado porque son organizaciones para-partidarias, ni los organismos religiosos son instituciones del Estado. En todo caso, violenta el Estado laico porque nuestro Estado no tiene religión oficial, según la Constitución Política. Están mandado a las mujeres -antes que ir a la policía, que es una institución del Estado, antes de ir al Poder Judicial- a resolver los problemas en un gabinete de la familia, cuando ya conocemos que ha habido personas que integran estos gabinetes, que también son abusadores, son violadores de la ley y victimarios de las mujeres”.

“Esperamos y quisiéramos, que por fin, se lavaran la cara y pudieran responder positivamente, declarar que este reglamento no puede ser usado por el Poder Judicial porque es ilegal y es ilegítimo”, finalizó Castillo.