Proponen protocolo sobre libertad de expresión

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Fundación Violeta Barrios de Chamarro (FVBCH) trabajan un protocolo para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, el cual tiene como base el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, suscrito en la mesa de negociación por la ACJD y la delegación del régimen Ortega-Murillo, el 29 de marzo de 2019. 

El documento detalla que los puntos del acuerdo que lo requieran serán aplicados mediante protocolos específicos. Por ello, el protocolo propuesto por la ACJD y la FVBCH tiene la finalidad de dictar las pautas a seguir para restablecer y garantizar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación, quienes sufrieron afectaciones en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018.

Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, manifestó que la libertad de expresión y el derecho a la información no se pueden negociar porque son derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.

En realidad, el acuerdo firmado por el Gobierno y la Alianza Cívica, no ofrece ninguna concesión, ya que retoma lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua. Señala, por ejemplo, que el Estado debe garantizar el irrestricto respeto a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a cesura, ni los medios de comunicación ser objeto de censura previa.

La Constitución también precisa que el Estado debe garantizar la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos.

Además, la Mesa de Negociación acordó que el Gobierno revisaría las decisiones adoptadas con relación a bienes, instalaciones, activos, equipos, documentos, licencias y cualquier otro bien material e inmaterial perteneciente a los medios de comunicación afectados en el contexto de las protestas contra el régimen de Ortega y Murillo.

Cristiana Chamorro apuntó que el protocolo constituye una guía práctica de las acciones que se tienen que tomar para el restablecimiento de la libertad de expresión. Apuntó que la Fundación que preside ha contabilizado 1080 casos de violaciones a la libertad de expresión; entre los que destacan el asesinato del periodista Ángel Gahona, cinco periodistas excarcelados: Lucía Pineda, Miguel Mora, Edwin Carcache, Marlon Powell y Marlon Fonseca, y 90 periodistas están el exilio. Agregó que las violaciones incluyen intimidación, persecución a sus familiares, retención de materia prima a medios de comunicación como La Prensa y El Nuevo Diario, y confiscación de instalaciones y equipos.  

“Vamos a identificar exactamente las violaciones, caso por caso. A proponer acciones que puedan tomar tanto el Estado como la Alianza, las obligaciones exactas del Estado para restituirle a todos estos medios de comunicación las propiedades que han sido confiscadas”, dijo la representante de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro.  

Además, el Protocolo recomienda mecanismos para la elaboración de expedientes de personas y medios afectados. Los casos serán recepcionados a través de los correos electrónicos publicrelations@amcham.org.ni y libertadespublicas@violetachamorro.org  

Asimismo, identificarán cómo el protocolo de libertad de expresión y de información se relaciona con los demás, como el de restitución de propiedades privadas muebles e inmuebles, tales son los casos de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y 100 Noticias.

La garantía de seguridad de las personas liberadas definitivamente (entre las cuales se encuentran periodistas), derechos de nicaragüenses en el Exilio (incluyendo periodistas), restitución de personalidad jurídica a organizaciones sin fines de lucro, desarme y autonomía universitaria, son los otros protocolos en los que trabaja la Alianza Cívica.